El TSJ pedirá la intervención del gobierno 12-4-03

Gavernet, presidente subrogante del TSJ. El martes habrá una reunión para hablar de la situación en la Unidad 11. NEUQUEN (AN)- El Tribunal Superior de Justicia tomó en sus manos la crisis que afecta a la Unidad de Detención 11, y la semana próxima podría solicitarle al gobierno provincial que informe qué medidas adoptó ante los reiterados casos de represión ocurridos dentro de la cárcel. La cuestión se debatirá en la reunión de acuerdo del martes. Ese día los vocales del TSJ analizarán todos los antecedentes reunidos, entre ellos el medio centenar de denuncias por apremios ilegales presentadas por los detenidos contra los guardiacárceles, los incontables recursos de hábeas corpus y también las causas iniciadas contra los internos por motines, toma de rehenes e intentos de fuga. El presidente subrogante del TSJ, Tomás Gavernet, dijo a «Río Negro» que en los últimos días se dedicaron a «chequear una por una las denuncias individuales, controlamos que estén interviniendo el juez de ejecución de la pena, el fiscal y el defensor». Por otro lado, se está analizando la «situación global» penitenciaria, y en la reunión de acuerdo del martes el cuerpo definirá su postura. Gavernet no quiso adelantar qué podría surgir de esa reunión, pero otras fuentes indicaron que es muy probable que el TSJ pida informes al gobierno provincial o incluso que le ordene alguna medida para que termine la crisis carcelaria. Lo que disponga el TSJ equivaldría a la búsqueda de una «solución institucional» que están reclamando muchos de los magistrados que recibieron la llamativa lluvia de denuncias en las últimas semanas. Ayer se supo que los defensores de Cámara, Eduardo Goncevatt y Gustavo Vitale, presentaron ante el TSJ un «hábeas corpus preventivo en beneficio de todos los internos alojados en la Unidad 11», que rozan los 200, para «evitar que en el futuro se vean afectados sus derechos individuales, en especial los relativos a la seguridad e integridad física y moral». Los defensores indicaron que la gran cantidad de denuncias efectuadas por los internos «reflejan una situación alarmante, no sólo por su manifiesta irregularidad, sino por la reiteración sistemática e indiscriminada de un modo de proceder». También señalaron que «no se advierte de modo claro e inequívoco una firme decisión para revertir tal situación». Goncevatt y Vitale dijeron en su escrito que «más allá del curso procesal que en derecho corresponde dar a cada denuncia, es necesario procurar una solución institucional». En ese sentido, sugirieron al TSJ que «solicite al ministro de Gobierno, Oscar Gutiérrez, que a la brevedad posible informe detalladamente todas las circunstancias que rodearon los hechos denunciados en el curso del presente año, y de modo especial los episodios ocurridos el 24 de marzo y el 3 de abril». Esos días hubo represión en los pabellones por motivos que nunca quedaron claros. El ministerio también deberá informar sobre «las diligencias administrativas eventualmente practicadas para deslindar la responsabilidad del personal policial involucrado y las medidas que se hubieren adoptado para evitar su reiteración». La Unidad 11 es la mayor cárcel provincial asentada en Neuquén. Aunque no está superpoblada, tiene poco personal de custodia, sin capacitación y en general los guardias sienten que los envían a ese destino como castigo. En lo que va del año la relación de los guardias con los internos se ha deteriorado sensiblemente y son habituales las refriegas, amotinamientos y hechos de represión.