El turno de los defensores en la causa Temux
Sin embargo, entre los bancarios hay intereses opuestos.
NEUQUEN
NEUQUÉN (AN).- Con las exposiciones de los defensores de los 18 acusados de la presunta estafa al BPN por 30.000.000 de pesos –en el momento de los hechos había paridad uno a uno con el dólar–, se abrirá hoy a las 8:30 la tercera jornada del juicio oral y público el caso Temux. Los abogados –de la defensa pública y particulares– están obligados a refutar las acusaciones que hicieron la semana pasada los fiscales Pablo Vignaroli y Marcelo Jara y los querellantes en representación de la entidad damnificada Oscar Pandolfi y Juan Coto. El juez Marcelo Muñoz les imputó el delito de defraudación, que se castiga con penas de hasta seis años de cárcel. Se dio la particularidad de que los defensores del exgerente y director del BPN Juan Pablo Bugner, Carla Castiglioni y Luis María Fernández, hasta último momento trataron de frenar el juicio; mientras que la representante del expresidente de la entidad Félix Racco, Patricia Espeche, hace meses que venía reclamado el inicio de las audiencias del caso. Tenaz resistencia Castiglioni-Fernández ofrecieron una resistencia tenaz, a tal punto que en el martes pasado recusaron al tribunal que preside Alejando Cabral e integran Ana Malvido y Carina Alvarez al considerar que violentaron normativas de la Constitución Provincial y jurídicas, nacionales e internacionales, por haber pedido la designación de un cuarto juez o juez sustituto (modalidad admitida en el fuero federal), y que aún cuando no fue nombrado para la ocasión el TSJ dio curso y lo aprobó. Un tribunal integrado por María Gagliano –presidente–, Raquel Gass y Cristian Piana lo rechazó, pero evidenció la estrategia de sistemática obstrucción que desplegaron los abogados defensores. Similar fue la actitud un grupo de empresarios, particularmente de Jorge Terrado, Emilio Brocca, Daniel Calabria y Carlos Troiani, quienes recién se presentaron a la audiencia de control de acusación en noviembre cuando los declararon prófugos –dijeron que no habían recibido las notificaciones– y días atrás, también en una clara maniobra de obstrucción, cambiaron de defensor con lo que se buscó ganar más tiempo y extender una definición. Diez años Ofensivo resultaba que una causa de presunto fraude demorara diez años en resolverse. Una causa en la que sobrevuelan las sospechas de corrupción, porque es inadmisible aceptar negligencia en los numerosos funcionarios bancarios involucrados, algunos avalados por su condición de calificados profesionales contables. La sociedad no admite un Estado tonto con funcionarios ingenuos del que algunos se aprovechan, en el que estafas millonarias se diluyen en la nada, excepto el quebranto del erario público y la impunidad de los autores. Reclama decisiones como las que permitieron abrir el juicio. Acusaron fiscales y querellantes, desde hoy argumentarán los defensores y al final del debate fallarán los jueces. Es lo que exige un Estado de derecho.
NÉstor Mathus nmathus@rionegro.com.ar
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