El valor del ahorro (entre el INDEC y el CER )



Adam Smith sostuvo con todo acierto que lo más importante para un país en crecimiento es el capital, definido como una masa monetaria disponible gracias al ahorro.

El artículo 75 en su inciso 19 y cc. de nuestra Constitución nacional garantiza, en términos de supremacía, la defensa del valor de la moneda con la clara y explícita finalidad de proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la investigación y desarrollo tecnológico, su difusión y aprovechamiento.

Si “una clave” para el desarrollo es el financiamiento pymes, para alcanzar un crecimiento armónico y evitar cualquier desequilibrio o malestar relativo entre provincias y regiones, ciertamente esto no será posible con manipulaciones estadísticas, si se bastardean la veracidad y la solidez del Coeficiente de Estabilización de Referencia, un CER que se construye sobre la base real de la tasa media geométrica calculada sobre la variación del Indice de Precios al Consumidor (IPC) alentando o desalentando, consecuentemente, la potencialidad de ahorro interno tanto como eventuales inversiones extranjeras.

En realidad, si esto fuera así, estaríamos fomentando simultáneamente financiamientos no tradicionales donde ni la transparencia ni los razonables intereses estarían asegurados ni garantizados. Esto posibilitaría, por el contrario, usurarias mesas y mesones de moneda, fuera de todo control, raciocinio y proactividad. No se requiere mayor esfuerzo para advertir que, de tal modo, todo el sistema bancario resultaría injusto e inútil, como parasitario, al país en tales condiciones, ya que las tasas que habría de percibir serían abismalmente superiores a las que este artilugio INDEC-CER determinaría pagar a los ahorristas confiscatoriamente y como algo más propio de un “aquelarre financiero”.

La idea del ahorro es inherente también al concepto de los “plazos fijos” en los que se involucran esos “dinerillos” disponibles en el segmento oscilante y mayoritario nominalmente, que fluctúa entre los cinco y los cincuenta mil pesos, poco más, poco menos; pequeños y medianos ahorristas que hacen sin dudas a la riqueza de la Nación. Esa idea supone custodia y seguridad estatal ante el flagelo del disvalor de la inseguridad y la violencia actuales, precisamente las antípodas de un concreto e integral desarrollo humano, lo que posibilita inferir para el ahorro actual al menos la hipótesis de una connatural coactividad inadmisible e injusta en un Estado de derecho que se precia de democrático donde reinarían el crecimiento y el superávit.

No hay espacio legal para la indolencia ni para la parsimonia de una justicia inconclusa. El valor justicia es la voluntad constante y perpetua de dar a cada uno su derecho, su dinero y sus intereses, salvo que aberrantemente admitamos transformar y transfigurar “la usura subrepticia” en la categoría de los sacrificios compartidos.

La Argentina entonces necesita poner todos los valores en acción, ampararlos y lograrlos evitando todo simulacro o caricaturas, so pena de sujeción a quienes lo impidan por acción u omisión a la responsabilidad de los infames traidores a la Patria.

 

ROBERTO F. BERTOSSI (*)

Especial para “Río Negro”

(*) Fundador de la primera cátedra universitaria especializada y opcional en Derecho Cooperativo en toda Iberoamérica.


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