Elogian la política de derechos humanos y critican las cárceles
Informe de la ONU analiza a la Argentina
El gobierno recibió el reconocimiento de la ONU por su «política en derechos humanos» y su lucha contra la impunidad, aunque le advirtió sobre casos de detenciones arbitrarias y las malas condiciones carcelarias.
Los datos están contenidos en un informe sobre Detención Arbitraria realizado en la Argentina y presentado en la sede del organismo internacional en Ginebra. Los detalles fueron dados a conocer ayer al presidente Néstor Kirchner por el ministro de Justicia, Gustavo Beliz, y el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde. «Destaca la actitud del gobierno que acompañó el informe con un trabajo de las organizaciones no gubernamentales, muchas veces críticas de la situación ante el Estado, que se hizo cargo de recuperar y atender las exigencias carcelarias», sintetizó Duhalde.
El documento aprueba el trabajo de campo realizado por el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria establecido por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU entre el 22 de septiembre y el 2 de octubre último.
El informe resalta la importancia de algunas medidas adoptadas por el Estado como la derogación del decreto de rechazo automático de pedidos de extradición en casos de violaciones graves y flagrantes de derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar.
La anulación por una norma del Congreso de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, y la ratificación de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, así como la iniciativa de crear una Comisión de Derechos Humanos en el Mercosur. No obstante los datos positivos, el informe enuncia áreas de preocupación ligadas a la «falta de conformidad con las normas internacionales de algunas leyes internas, así como prácticas de una larga data, particularmente a nivel provincial».
Resalta su extrema preocupación «por las condiciones físicas en que encontró a la mayoría de los centros de detención» visitados, al respecto, señala como problema principal «la sobrepoblación de los centros de detención». Otro aspecto que preocupó fue la comprobación de que la detención preventiva se convierte en regla y no en la excepción como lo establece el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que en la Argentina tiene jerarquía constitucional. También la detención en comisarías de policías, los procedimientos policiales fraguados, los procedimientos vinculados a la protesta social, la detención por contravenciones, la detención de niños y de extranjeros.
El gobierno recibió el reconocimiento de la ONU por su "política en derechos humanos" y su lucha contra la impunidad, aunque le advirtió sobre casos de detenciones arbitrarias y las malas condiciones carcelarias.
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