Embargaron al municipio por indemnización impaga

JUSTICIA LABORAL

A mediados del año pasado, el municipio acordó abonar 62.797 pesos a Juan Ñancufil en concepto de indemnización por jubilación y el 20 de julio emitió la resolución 1758/2012 ordenando el pago.

Pero la operación no se completó y el trabajador inició una demanda laboral que obtuvo sentencia firme en noviembre pasado, cuando la Cámara del Trabajo condenó a pagar la “bonificación” prevista por el Estatuto de Obreros y Empleados Municipales, que ascendía 105.840 pesos.

La condena se perdió en los pliegues de la crisis institucional que terminó con la destitución del intendente Omar Goye, pero la causa siguió su curso y el trabajador -jubilado ya- obtuvo este lunes 22 una nueva resolución del Tribunal que ordenó el embargo de las cuentas bancarias del municipio hasta cubrir la suma de 137.500 pesos.

La nueva regulación contempla la indemnización fijada en la sentencia anterior más 31.752 pesos presupuestados “provisoriamente” para responder a intereses y costas.

La Cámara del Trabajo resolvió el conflicto en un tiempo record en atención al reconocimiento expresado por la administración municipal al suscribir la resolución e pago y a otros tanto casos similares atendidos en los últimos años.

En este último punto recordó que “la obligación de pagar la bonificación nace en el mismo momento en que el agente obtuvo su jubilación, sin necesidad de un acto administrativo”.

En la demanda interpuesta el 4 de octubre de 2012, Ñancufil recamó el pago de 68.090 pesos más los intereses y costas. El trabajador accedió a la jubilación ordinaria el 2 de enero de 2012, tras haber prestado 32 años de servicios en el municipio.

La demanda de Ñancufil puso fin al proceso de regularización iniciado por el asesor Legal de la anterior gestión, Rodrigo García Spitzer, que intentó poner límite a los reclamos judiciales y su respectivo sobrecosto para las arcas municipales agilizando los pagos de indemnizaciones en casos de jubilación o fallecimiento.

En ese momento la planta permanente del municipio tenía unos 200 agentes en condiciones de jubilarse o adherir a algún sistema de retiro voluntario, que los sucesivos gobiernos postergaron para no afrontar las respectivas erogaciones, estimados entre 10 y 15 millones de pesos.

Ese alto costo obedece a la singular “bonificación por beneficios por jubilación o retiro” establecida en el estatuto, que otorga a los trabajadores que se jubilen una indemnización adicional a la liquidación de ley equivalente a 10 sueldos, “exentos de descuentos por todo concepto”.

En junio de 2012 el abogado explicó a este diario que los reclamos laborales le representa al municipio un sobrecosto del 30 por ciento, razón por la Asesoría a su cargo intentó agilizar los pagos de todos los beneficios regulados por el estatuto, mediante un modelo de convenio que se ponía a consideración de los empleados. El proceso quedó trunco antes que la gestión de Goye y los trabajadores tuvieron que recurrir nuevamente a los tribunales para dirimir sus diferencias con el municipio.

DeBariloche