Emergencia laboral: ¿solución o problema?

Los dos proyectos de ley para disponer la “emergencia ocupacional”, prohibir los despidos sin causa y duplicar las indemnizaciones en caso de incumplimiento ya encendieron el debate político y también varias luces de alerta. El presidente Mauricio Macri hizo saber, extraoficialmente, que vetaría la ley si llega a ser sancionada por el Congreso. La dirigencia sindical reforzó la convocatoria a la marcha organizada para el próximo viernes en Buenos Aires por las tres CGT y las dos CTA. Y varias entidades empresarias se apresuraron a rechazar la iniciativa, mientras los minoritarios bloques legislativos de Cambiemos están buscando la forma de retrasar su llegada a uno y otro de los dos recintos.

Aunque la dirigencia sindical impulsó la idea hace varias semanas ante diputados y senadores del peronismo, el oficialismo fue sorprendido por la velocidad con que los proyectos recibieron dictamen en las comisiones de ambas cámaras, con el voto unánime de los miembros de la oposición. Quizás una prueba de ello es que no hubo tiempo de unificar los textos, que difieren entre sí. El aprobado por Diputados prohíbe los despidos sin causa en el sector privado y público hasta fin del 2017, prevé su aplicación retroactiva al 1 de marzo y obliga a reincorporar a los empleados cesanteados desde esa fecha. En cambio, el del Senado dispone la emergencia ocupacional por 180 días. Ambos coinciden en establecer la doble indemnización para los empleadores que incumplan la ley y en excluir a quienes consigan un nuevo trabajo en los próximos meses.

En términos políticos, el reclamo de las CGT sirvió para unificar a todas las vertientes del peronismo (FpV, Frente Renovador y PJ disidente) y enviarle un doble mensaje al gobierno de Mauricio Macri. Uno, recordarle que el oficialismo sigue siendo minoría en ambas cámaras. Otro, que sin alianzas permanentes no puede descontar de antemano acuerdos legislativos como el que permitió la rápida sanción de la ley que puso fin al conflicto con los fondos buitre y al default parcial de la deuda. En una hipótesis de máxima, pretenden consensuar un único proyecto para que el Poder Ejecutivo lo transforme en un decreto de necesidad y urgencia que abrevie los plazos parlamentarios.

La estrategia de Cambiemos consiste en ganar tiempo y buscar procedimientos para evitar que alguna de las dos iniciativas sea incluida en el orden del día de esta semana, a fin de esperar a que baje la polvareda de la marcha del viernes 29 convocada por todas las centrales de trabajadores, inicialmente para conmemorar el Día del Trabajo y reclamar la inmediata modificación de las escalas de Ganancias, pero luego incorporó como eje la prohibición de despidos y la doble indemnización. Para la semana próxima, el oficialismo prevé mantener la fecha del 3 de mayo para iniciar el tratamiento en el Congreso de la devolución del 15% de IVA (con un tope de $ 300) a las compras de productos de la canasta básica alimentaria que realicen con tarjeta los jubilados y pensionados con haber mínimo y quienes reciben la asignación universal por hijo. Una forma indirecta de relegar la emergencia ocupacional en el orden de prioridades.

Sin embargo, no todo se limita al trámite parlamentario. Ya está abierto el debate sobre si la iniciativa sería una solución o agregará más problemas a la situación del empleo.

Por un lado, en la Casa Rosada sostienen que la ley significaría aplicar un “cepo” al mercado laboral, ya que la prohibición de despidos y el encarecimiento de las indemnizaciones frenaría la incorporación de nuevos trabajadores. Es lo que muchos especialistas ejemplifican con la figura del “colectivo lleno”: se protege a los que ya están adentro, pero se impide subir a los que están afuera. En la misma línea, Macri sostuvo que no está dispuesto a volver al pasado, en alusión al régimen similar que se aplicó en la crisis del 2002, señalando que entonces se destruyeron empleos. Si bien en aquel momento la tasa de desocupación (22%) era tres veces más alta que la actual (7%), en rigor de verdad comenzó a disminuir con la reactivación de la economía que se produjo tras el fuerte ajuste cambiario, fiscal y monetario de la gestión Duhalde, combinado con las retenciones para aprovechar el aumento de la soja. No obstante, Macri encontró ahora un inesperado aliado en el exministro Roberto Lavagna, quien en declaraciones radiales cuestionó la iniciativa con un argumento difícil de refutar. “La doble indemnización puede ser la partida de defunción para las pymes, porque el costo de cualquier despido en las más pequeñas puede significar la quiebra de la empresa”, sentenció.

Por otro, si el proyecto de Diputados llega al recinto, el mismo debate amenaza con agrietar el bloque del Frente Renovador de Sergio Massa, hasta ahora el principal aliado del oficialismo. Uno de sus miembros, Facundo Moyano (hijo del líder del gremio de camioneros) es el más intransigente impulsor de la iniciativa. Pero en el otro extremo se ubica Ignacio de Mendiguren (dirigente de la Unión Industrial), quien no ahorró críticas al proyecto. Todo un dilema para el jefe del bloque, Marco Lavagna, hijo del exministro de Economía y economista como su padre. En menor medida, otro tanto puede ocurrir en el bloque del PJ no kirchnerista, donde José Urtubey (dirigente de la UIA y hermano del gobernador de Salta) también cuestionó la ley, al señalar que va en contra de la necesidad de impulsar inversiones privadas y crear empleos para reactivar la economía, sobre todo tras la salida del default. Al margen de esta polémica, varios legisladores del oficialismo y la oposición admiten en voz baja que la aplicación retroactiva de la prohibición de despidos es inconstitucional y que, al generar mayor imprevisibilidad, aumenta el riesgo de proliferación de juicios laborales.

En este recalentado debate terció además el ministro Alfonso Prat Gay, al negar que exista una emergencia ocupacional y basarse en una estadística del Ministerio de Trabajo según la cual el empleo formal registró un muy leve repunte en el primer trimestre del 2016. No obstante, en el oficialismo admiten que existen cesantías en varios sectores como la construcción, la producción petrolera y la cadena automotriz, así como en otros afectados por la menor demanda brasileña, derivada de la crisis en el país vecino. Una prueba de ello es que el propio gobierno prevé aumentar el seguro de desempleo (de $ 400 a $ 3.000 mensuales) y no descarta elevar los subsidios salariales (Repo) para empresas en crisis. Pero en lugar de una ley con alcances sobre toda la actividad económica, proponen en cambio negociaciones tripartitas (entre sindicatos, empresarios y el Estado) para buscar paliativos puntuales en cada sector afectado. También intentarán negociar con los sectores más moderados de la oposición que, en lugar del cepo, se discuta una “agenda positiva” para crear nuevos puestos de trabajo , dentro de la cual sobresale el proyecto de incentivos impositivos y reducción de aportes previsionales para las pymes, para el primer empleo de jóvenes sin experiencia laboral.

Mientras tanto, la principal preocupación que generan estas iniciativas es que algunas empresas anticipen despidos para evitar el eventual pago de doble indemnización. O que el hilo se corte por lo más delgado y el desempleo afecte a trabajadores en negro, o en gris, para reducir costos. Y que, en lugar de evitar conflictos laborales, se termine por acentuarlos.

Néstor Scibona

nestorscibona@gmail.com

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