Empezó el análisis de la reforma judicial

NEUQUEN (AN)- Los legisladores empezaron a analizar ayer el proyecto de reforma del Código Procesal Penal de Neuquén, que propicia un cambio de fondo en la forma de investigar los delitos con el objetivo declarado de mejorar el servicio y dar una respuesta más satisfactoria a las demandas de la gente. Se estima que el debate será largo y el costo de su aplicación se convertirá uno de los ejes centrales.

El proyecto fija, entre otros aspectos, una nueva forma de trabajo para jueces y fiscales, otorga nuevas garantías a víctimas e imputados, pero no se refiere a las penas que deben aplicarse a los que cometen delitos. Eso figura en el Código Penal, que es una ley de la Nación y la provincia no puede modificarlo.

Según se informó oficialmente, ayer los diputados fijaron una metodología de análisis del proyecto. El primer paso será pedir opiniones por escrito a los colegios de abogados de la provincia y a las cátedras de Derecho Procesal Penal de las universidades de Buenos Aires, Córdoba, La Plata y del Comahue.

El proyecto fue presentado en la Legislatura por el Tribunal Superior de Justicia, aunque está acompañado de una nota firmada por su presidente, Rodolfo Medrano, en la cual aclara que «hemos adoptado el criterio de no asumirlo como propio». Es que la reforma genera adhesiones y resistencias en ámbitos judiciales, y después de dos años de trabajo no se pudo llegar a un texto único que conformara a todos.

En la misma nota, el TSJ pidió participar en el tratamiento legislativo del contenido del proyecto y en la instancia financiera que demanda su aplicación. De acuerdo con la información suministrada, los diputados que integran la comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia dialogaron ayer sobre los aspectos centrales del proyecto, que introduce conceptos novedosos y modifica sustancialmente la forma de trabajar en la justicia.

Como ha informado este diario, el debate para hacer el nuevo Código fue largo, intenso, e incluyó una descarnada autocrítica sobre la situación en que se encuentra la justicia y su falta de eficacia en las respuestas que demanda la sociedad. Las principales reformas que se proponen son:

•Más poder a los fiscales. Podrán decidir cuáles delitos investigan y cuáles no. Se los autoriza a prescindir de la acción penal en aquellos casos que sean «insignificantes» y no afecten gravemente el interés público, o cuando la intervención del imputado se estime de menor relevancia.

•Nuevo rol para los jueces. Velarán para que se cumplan las garantías del proceso y resolverán diferendos entre las partes, pero no investigarán.

•Plazos estrictos. Para hacer más ágil el procedimiento y dar una respuesta más rápida, los jueces están obligados a respetar plazos breves y estrictos. Si no cumplen, pueden ser acusados de mal desempeño de sus funciones. Es la llamada «tolerancia cero a la morosidad judicial».

•La cuestión indígena. Cuando una comunidad resuelva sus conflictos según sus propias costumbres, la justicia no intervendrá. La excepción son los homicidios.

•Jueces de paz. Se los incorpora a la jerarquía de tribunales con competencia penal (hasta ahora sólo intervienen en contravenciones, que no son delitos).

•Policía científica. Se asigna un nuevo rol a la fuerza de seguridad, que trabajará más cerca de los fiscales.