Empresario ratificó amenazas para aportar a la campaña K

DyN

Brito está procesado en la causa que investiga la “mafia de los medicamentos”.

El juez federal Norberto Oyarbide inspeccionó ayer la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) en la causa por la “mafia de los medicamentos” acompañado por el empresario farmacéutico Gabriel Brito, quien denunció que allí fue amenazado en noviembre de 2008 para que ratifique que aportó $ 310.000 a la campaña de Cristina Kirchner. El operativo fue dispuesto por el juez luego de que Brito, procesado en la causa asociación ilícita y defraudación contra la administración pública, amplió su indagatoria en la que negó que haya hecho el aporte electoral y aclaró que se trató de dinero que le prestó al dueño de la droguería San Javier, Néstor Lorenzo. La inspección fue sólo para que Brito indicara los lugares en los que mantuvo las reuniones, informaron fuentes del caso. Voceros de la SSS informaron que duró una hora y que Oyarbide fue acompañado durante el procedimiento por el titular del organismo, Ricardo Bellagio. “Brito pudo decir exactamente el lugar donde estuvo, en qué sala de reunión, hasta la silla y la puerta de ingreso. Conocía perfectamente el lugar”, dijo luego de la inspección el abogado del empresario, Alejandro Sánchez Kalbermatten, quien calificó a su cliente como un “preso político”. Brito, titular de la empresa Global Pharmacy Service, dijo que no puede “formar parte de una asociación ilícita cuando nunca he vendido un medicamento” y agregó que su compañía era de “auditoria farmacéutica”. “Hacíamos trabajos a San Javier, al PAMI y hubo alguna auditoria a la Obra Social de Maestranza pero no descubrimos ninguna irregularidad”, contó cuando le preguntaron por el ente sindical de Roberto Rodríguez, asesinado en las últimas horas. Brito fue detenido el 5 de mayo pasado acusado de ser parte de una asociación ilícita dedicada a la comercialización de remedios adulterados y de cobro irregular de subsidios al Estado. Estuvo arrestado hasta septiembre pasado, cuando fue liberado. El nombre de Brito figuraba en la nómina de aportantes a la campaña presidencial de 2007 de Cristina Kirchner y denunció que fue amenazado en la SSS para que firme una ratificación de que había dado esos fondos. Brito dijo que nunca dio plata para la campaña, sino que le entregó cuatro cheques por el total del dinero a Lorenzo, detenido y procesado en la causa, para que pagara deudas. Por ese hecho, Brito denunció a Lorenzo, al ex titular de la SSS y recaudador K Héctor Capaccioli y al ex jefe de Gabinete Alberto Fernández. En la causa se investiga la existencia de una asociación ilícita dedicada a la comercialización de fármacos adulterados que le eran suministrados a los afiliados del gremio bancario y por lo cual están detenidos Lorenzo, Zanola, su mujer y ex directora del Policlínico Bancario (POBA), Paula Aballay, y la ex subdirectora administrativa del POBA, Susana Fiona.