Empresarios en guerra contra la tasa de la Terminal

NEUQUEN (AN).- Los dueños de colectivos están en pie de guerra. A pocos días de la apertura de la flamante terminal de colectivos de Neuquén, la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta) sumó presión y envió tres cartas documento: una al Concejo Deliberante, otra a la municipalidad y una tercera a la gerenciadora (TAYM SA). Los empresarios piden que se suspenda la implementación de la «tasa de embarque» fijada para el uso de la estación y amenazan con iniciar acciones legales.

El gerente de Aaeta, Marcelo Gonçalves, dijo a «Río Negro» que la comuna y el Deliberante se extralimitaron en sus facultades al fijar la tasa del transporte automotor de larga distancia, una atribución que le corresponde a la secretaría de Transporte nacional.

Luego de analizar la situación por más de un mes, la organización que nuclea a 30 firmas prestatarias de servicios de larga distancia en todo el país, abrió el camino judicial a las seis empresas que operarán en la nueva terminal neuquina y se oponen al cobro de 2,50 pesos más en el pasaje en concepto de «embarque».

En tres cartas documento del 11 de este mes, la Aaeta solicitó «la urgente derogación del artículo 2 de la ordenanza 10026». Con esta norma, la municipalidad procura imponer a las empresas el pago de una «tasa de uso general» por cada pasajero embarcado, a excepción de los recorridos dentro de la provincia -e interprovinciales- con tramos inferiores a 500 kilómetros.

Las contradicciones entre los empresarios y la municipalidad pueden reflejarse con sólo repasar los anuncios efectuados por los funcionarios de la gestión Quiroga. El 11 de agosto de 2004 este diario informó que los pasajeros financiarán el crédito del Banco Mundial para la nueva terminal. En ese momento el entonces secretario de Gobierno Fernando Gallo había dicho frente a los concejales que «la tasa de embarque aseguraría el pago del crédito y equilibraría la ecuación eco

nómica financiera del proyecto». Un mecanismo que supone ingresos anuales por 1,9 millón de pesos, que es el monto aproximado que la comuna debe devolver por año al organismo multilateral.

A esta decisión se opusieron muchos de los empresarios, quienes trasladaron su preocupación a la asociación que los representa, donde se evaluó la medida en torno a las leyes y decretos nacionales.

Entre otras cosas, el texto de la carta documento enviada a la comuna advierte sobre «la indeterminación del servicio que la tasa solventaría». Considera que «las empresas de transporte usuarias de la terminal deberán abonar los distintos cánones que la misma ordenanza prevé para los diversos servicios». Y agrega que «la tasa en cuestión exhibe orfandad de fundamento concreto, lo que despoja de legitimidad al pretendido gravamen, por carecer de causa».

En otro orden hace referencia a la ley 12.346 que coloca al transporte bajo la potestad del gobierno federal cuando une puntos situados en más de un Estado, aún si excede el ámbito de cada provincia o comuna.

De allí se lee textual: «En ningún caso las empresas de transporte por camino quedarán sujetas a más de una jurisdicción, salvo el derecho que corresponde a las municipalidades para fijar recorridos y reglamentar el tráfico dentro de la zona urbana del municipio».