Empresas indomables

Pocas veces un mandatario proclamó una noción tan modesta del ejercicio del poder. «Este será un gobierno horizontal», estuvo repitiendo Miguel Saiz desde el inicio de su gestión, para intentar marcar una neta diferencia con su antecesor Pablo Verani. Pocos en su gabinete entendían qué quería decir. A más de medio año de gestión, ese «dejar hacer» para que las cosas se acomoden naturalmente tiene algunos resultados decepcionantes.

El ejemplo más claro es el de las empresas públicas, algunas de ellas mal acostumbradas a manejos autónomos, discrecionales, poco transparentes y generosas fuentes laborales para directores «amigos».

Hoy el gobernador parece haber comprendido que hará falta una decisión más firme para poner «en caja» a tales organismos. Y optó por emprender acciones más verticales: se apresta a lanzar un nuevo esquema de control de las empresas. Ya escribió el decreto que otorga facultades especiales a la Contaduría y la Fiscalía de Estado para un control previo de las decisiones y erogaciones en las sociedades públicas.

Estamos hablando nada menos que de 17 estructuras públicas, con presupuestos que superan los 80 millones y más de 1.300 empleados. Esta usina de recursos -equivalente al presupuesto de Salud- es tentadora. Siempre lo fue. Ahora Saiz cree que intentará la transparencia de esos nichos públicos, meta jamás alcanzada en los últimos años.

Sin embargo, nada fácil será desarticular esquemas y culturas de conducciones enquistadas y burocratizadas en favor de grupos minoritarios.

El gobernador, cuando asumió, ya había declamado esa meta como un desafío. Puso a un hombre con buena imagen y de su confianza: Alberto Croceri. Poco y nada logró modificar en este semestre. Saiz ya se resignó a que no alcanzará con la confianza y la técnica de Croceri. «Son culpas compartidas», confiesan sus íntimos. Pero, seamos sinceros: fue el mandatario quien desde sus comienzos limitó a Croceri, cuando supeditó la totalidad de los manejos empresariales a vulgares acuerdos políticos. Croceri padeció resistencias. Las últimas las está viviendo precisamente con el «decreto» que introduce en el control a la Contaduría y la Fiscalía. Un objetivo que, por momentos, pareció naufragar. Por ejemplo, el ministro Pablo Verani mezquina importancia y respaldo a la idea. «Deben mantenerse en el régimen nacional de las leyes de sociedades del Estado», intenta convencer. Terció entonces el ministro de Coordinación, César Barbeito, con un argumento tan sencillo como indiscutible: «Esas sociedades forman parte de la administración pública y sus gastos deben encuadrarse en los controles internos del Ejecutivo». Transmitió el pensamiento de Saiz.

El gobernador firmará esta semana el decreto. ¿Será suficiente? Nada parece garantizarlo. La iniciativa reedita viejos sueños de control frente al poder abrumador de las empresas. Todavía, los hechos reiteran una tradicional incapacidad por resolver cuestiones de fondo, como ocurre con la raquítica organización de la Sindicatura General, cuya ley ya cumplió cuatro años.

En lo individual, las empresas estatales -salvo raras excepciones- mantienen un accionar aislado del gobierno. El mayor desa

guisado lo representa Altec. El gobernador quedó embretado cuando el presidente Adrián Brussino habló de irregularidades de la gestión de Guillermo Campbell. Saiz lo desautorizó y, peor aún, desactivó toda revisión. Repitió aquello de «dejar a la Justicia…». El resultado: se fue Brussino y las cosas están tan oscuras como antes. En los próximos días serían desplazados además otros tres gerentes: Carlos Catini, Héctor Franco y Juan Peric. No serían precisamente aires renovadores. Viejos rencores y cambios de lealtades, antes que una reestructuración convincente.

Hay otras tres empresas que navegan en la borrasca:

• Edhipsa: esta sociedad administra algunos recursos de regalías petroleras. No tiene hoy quién la conduzca: Roberto De Bariazarra no quiere asumir porque «falta documentación», según reconoció Croceri en una nota remitida en mayo al Tribunal de Cuentas. Para el contador, sigue en la presidencia Graciano Bracalente, pero éste se excusa porque, según acta del 20 de diciembre del 2003, De Bariazarra ya asumió. Lo curioso es que el ex diputado firmó convenios como titular. Incierta situación, que Croceri aún no ha definido.

• Horizonte, y sus históricos contratos reservados y onerosos. El actual presidente, Fernando Grandoso, informó en el gabinete que los gastos se bajaron medio millón de pesos en el semestre por las prestaciones que la aseguradora paga por la cobertura de la ART. Mantiene iguales prestadores, pero ahora el Ipross actúa como un negociador de los valores. Antes, este gerenciamiento lo cumplía un privado de Capital Federal -Medical Workers- con un costo mensual de 189.000 pesos por mes. Ahora bien: si las erogaciones bajaron a 60.000 pesos, ¿cómo se explica que se haya pagado tanto antes? ¿Quién va investigar ese costoso pasado para los rionegrinos?

• Viarse, tan feudal como antaño. Es una sociedad estatal, pero además tiene asignado -por convenios- 12 millones anuales de Rentas. Es el símbolo de las empresas con conducciones personalistas. En estos ocho años, Miguel Pedranti consolidó la empresa, pero lo hizo con criterio propio. Aprovechó su estrecha relación con el ex gobernador Verani, como no la tiene con Saiz. El gobernador le ha hecho llegar su molestia por el deterioro de los caminos de la Línea Sur o la pasividad de la empresa frente a los reclamos municipales.

El gobierno confía en que la norma será la varita mágica que encuadrará a directores renuentes. Todo indica que faltará algo más que un decreto si Saiz quiere alinear las empresas con los trámites rigurosos a los que está obligada cualquier dependencia del Estado a la hora del gasto. Con más razón si también hay utilidades.

No será ajena la actitud que asuma el ex gobernador Verani, quien -como Pedranti- mantiene aliados incondicionales en la mayoría de las empresas.

Hay una anécdota patética en este escenario. La Dirección de Tierras debió resolver un conflicto de lotes fiscales en Roca. Una de las partes era una empresa roquense, que pertenecería a un familiar de Verani. El ex gobernador se interesó y opinó en Tierras. Luego, Saiz convocó al segundo del área, Néstor Gentile y recomendó un acuerdo equitativo. Pero el funcionario le recomendó que hablara con Verani, pues el ex mandatario tenía otra opinión. Y Saiz debió recordarle: el gobernador soy yo.

Una sensación similar de ingratitud habrá advertido Saiz cuando los «propios» lo convocaron a concurrir con Verani al agasajo del presidente del BID, Enrique Iglesias. ¿Por eso, no fue? Lo cierto es que decidió enviar al ministro Iván Lazzeri.

Los días por venir medirán el poder real de Saiz frente a estas y otras acechanzas.

Adrián Pecollo

pecollowa@yahoo.com.ar