Empresas truchas cobraban a la comuna obras que no hacían
La investigación realizada por la fiscalía ya detectó varios casos.
De acuerdo con fuentes de la investigación consultadas por «Río Negro», entre las tareas pagadas por el municipio y que no fueron realizadas figura la instalación de juegos en una plaza y el cavado de 950 pozos «en terreno semi duro» para plantar árboles en distintos sectores de la ciudad.
Cuando los investigadores fueron a corroborar la existencia delas obras, encontraron un descampado vacío de juegos y sólo medio centenar de pozos cavados. Los juegos aparecieron al día siguiente, y a través de testigos se enteraron que fueron a colocarlos de urgencia a las 3 de la madrugada.
«A medida que se analiza la documentación aparecen más irregularidades», indicó una de las fuentes. «Por eso la fiscalía amplió dos veces la acusación contra los sospechosos, e imputó a más funcionarios y supuestos prestadores de servicios. No se descartan más ampliaciones en el futuro», agregó.
En las últimas horas, por ejemplo, fue involucrada en la causa la secretaria de Acción Social del intendente Castillo, Patricia Gutiérrez. Los pesquisas también encontraron facturas por jugosos contratos de publicidad con una radio FM de Centenario y una AM de Neuquén capital, cuyos propietarios desconocieron. Se investiga ahora dónde fue a parar ese dinero, que superaría los 60.000 pesos.
El «escándalo de Centenario» estalló con fuerza el mes pasado, cuando en una docena de allanamientos la justicia secuestró abundante documentación de la municipalidad, de viviendas de funcionarios y desocupados, y de comercios proveedores. La causa judicial le costó el puesto al intendente Castillo, quien se vio obligado a pedir licencia justo el día del festejo del aniversario de la ciudad, durante cuyos actos pensaba lanzar su reelección. A un grupo de desocupados le costó su libertad. Desde hace diez días, están presos Héctor «Zapallito» Molina y seis de sus «secuaces», como los llamó el juez de la causa en un escrito. Los detenidos se negaron a declarar cuando los citaron a indagatoria, y los que están afuera pidieron más plazo para analizar el expediente.
Respecto de las «empresas de servicios», el equipo de la fiscalía detectó que entre junio y julio pasado se constituyeron varias firmas que emitieron por lo menos una docena de facturas cada una, todas por obras contratadas por el municipio. A través de testimonios e inspecciones oculares, descubrieron que esas obras no fueron realizadas por ninguna empresa, sino por personal de la comuna en su horario de trabajo o por desempleados que reciben subsidios municipales o provinciales .
A medida que avanzan en el análisis de la documentación secuestrada, los investigadores van descubriendo que esta era una práctica común y acumulan nuevos indicios contra los sospechosos de integrar una «asociación ilícita» mediante la cual cometieron «un virtual saqueo de los fondos públicos». Algunas de las empresas fantasma están a nombre de desocupados, y otras de allegados a funcionarios.
Los 950 pozos en terreno semi duro contratados con «El Topo»
NEUQUEN (AN)- Una de las empresas de servicios bajo investigación se llama «El Topo» y figura como propietario Gonzalo Sandoval. La municipalidad de Centenario le pagó 22.850 pesos para que realizara «950 pozos de plantación en terreno semi duro» en las parcelas del Plan Arraigo.
Los investigadores de la fiscalía fueron hasta el lugar para comprobar si la obra existía y encontraron 62 pozos, algunos con álamos y sauces ya plantados.
Al día siguiente regresaron, y se encontraron con Sandoval pico y pala en mano haciendo más excavaciones.
Pero a través de testigos, la fiscalía determinó que esa era la primera vez que Sandoval aparecía por el lugar.
Los 62 pozos habían sido cavados por empleados del plan Trabajar, que según declararon «nunca intervino ninguna empresa».
Quienes realmente hicieron los pozos cobraron 150 pesos por mes, mientras que la «empresa» del Topo facturaba cifras notablemente superiores.
Otro caso es el de Juan Lira, un desocupado del grupo de Héctor «Zapallito» Molina que figura como beneficiario de un subsidio de 150 pesos que le concedió la municipalidad porque no tenía ni para pagar los servicios.
Sin embargo, Lira figura como propietario de una empresa de servicios que le cobró 69.195 pesos a la municipalidad por tareas de limpieza y desmalezamiento.
Esas tareas, de acuerdo con numerosos testimonios, fueron realizados por un grupo de desocupados que manejaba Molina a cambio de 150 pesos mensuales de subsidio.
Lira es uno de los que fueron encarcelados por su participación en los hechos investigados.
Casos como estos dos hay muchos, y siguen apareciendo a medida que se revisa la documentación secuestrada.
De acuerdo con la investigación fiscal, los imputados «cobraban por lo que no hicieron o fue hecho por desocupados, y lo concretaban a través de empresas de cuya fantasmal existencia estaba al tanto el intendente Luis Castillo».
Jorge Sapag: «Se extremarán los controles»
NEUQUEN (AN).- El vicegobernador, a cargo del Poder Ejecutivo, Jorge Sapag, aseguró ayer que «se extremarán los mecanismos de control y se perfeccionará el sistema para evitar problemas e irregularidades». Con el anuncio el gobierno salió a poner paños fríos tras el escándalo con el manejo de los programas sociales de Centenario, que salió a la luz la semana pasada.
Sapag dijo que la administración es respetuosa de la justicia y en ese sentido observó que el gobierno actuará como auxiliar a raíz de la investigación que se realiza en esa localidad.
En declaraciones a la FM Sur, explicó que el crecimiento de la asistencia social hizo más complejo el control y la contraprestación que corre por cuenta de los municipios.
Señaló que la distribución de las cajas de comida se hace a través de las comunas, para lo cual se han extremado las medidas de control y de auditoría para conocer el destino de la entrega y el cumplimiento del objetivo.De todos modos, Sapag reivindicó la tarea de acción social que realiza el gobierno en beneficio de niños, mujeres, jóvenes y ancianos. «El problema de fondo es la desocupación, pobreza y exclusión y los programas sociales apuntan a dar respuesta a esa situación», recalcó.
También denuncian irregularidades en San Martín
SAN MARTIN DE LOS ANDES (ASM) El peronismo en el Concejo Deliberante denunció presuntas irregularidades en la asignación de pagos a desempleados, por valor de 68.170 pesos de un total de 243.000 asignados por la comuna en mayo pasado, para hacer frente al por entonces incierto plan nacional «Jefes de Hogar».
Se trata de lo que en principio parecerían ser desprolijidades administrativas por superposición de pagos con otros planes y doble percepción, entre otros casos.
Por entonces, el centro cívico había sido tomado por varios centenares de manifestantes, que finalmente obtuvieron de la comuna el pago de los 150 pesos que esperaban en vano de Nación, cumplido en dos tandas o «anticipos»: uno de 70 pesos y otro de 80. En total, estaban anotadas para cobrar 1.607 personas.
Según los datos compilados por los ediles del PJ, a partir de la información suministrada por la intendencia, las anomalías serían las siguientes: una diferencia de 4.830 pesos en más, entre las cifras aportadas por Hacienda y lo registros de pago real; 1.620 pesos de pagos duplicados por el mismo anticipo; 1.260 pesos de pagos de más de 150 pesos en distintos anticipos; 39.170 pesos de pagos a beneficiarios que en fecha muy cercana ya habían cobrado otro plan; 21.830 pesos de pagos a personas no inscriptas en el plan Jefes y Jefas de Hogar.
En consecuencia, la suma total que el bloque pone en duda asciende a 68.710 pesos, sobre los cuales pidió aclaraciones a la intendencia.
En todo caso y para pagar los 243.000 pesos consignados en las resoluciones del intendente para el total de los beneficiarios, Schroh afectó «ad referéndum» fondos municipales. Pero además, comprometió -según el PJ- la intervención del gobierno provincial con un aporte de 140.000 pesos, lo que hasta el momento no sucedió.
«Al día de la fecha no nos consta que el gobierno provincial haya dado cumplimiento a esta promesa, enviando los fondos prometidos…», dice la nota que los ediles del justicialismo ingresaron al cuerpo legislativo, y que podría ser tratada en la sesión de hoy. Pero la bancada avanza más allá y considera de «estricta justicia» que sea el gobierno de Jorge Sobisch el que se haga cargo de la totalidad de los fondos utilizados en la emergencia, al entender que San Martín ha sido objeto de un trato «inequitativo» respecto de otros municipios de la provincia.
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