En 8 años, el Estado no recuperó nada del ex BPRN

La gestión de cobro de los clientes morosos del privatizado banco estatal estuvo en principio en manos del privado que lo adquirió. Pero luego esta entidad ejecutó las garantías al Estado y le devolvió la cartera deudora. Son más de 76 millones que se en



VIEDMA (AV)- A ocho años de su privatización, Río Negro cobró 25 millones de la cartera deudora de su ex banco provincial, pero el Estado, realmente poco y nada recuperó.

Ocurre que un monto muy similar fue abonado a la entidad privada que ejecutó garantías de cobro de créditos cedidos en la "unidad de negocios" vendida en marzo de 1996.

Según los últimos datos, la cartera residual del ex-BPRN supera los 76 millones y está conformada por 4.300 clientes. Algunas carteras "generales" están con gestión de estudios jurídicos mientras las deudas de los sectores productivos comenzarán -con las frutihortícolas y ganaderas- el camino final a la condonación.

Un análisis oficial informó que la provincia cobró desde la privatización del BPRN algo más de 25 millones, incluyendo la aceptación de los títulos públicos. Pero ese recupero de la cartera propia se neutraliza porque el mismo Estado abonó al Banco Río Negro SA (ahora, Patagonia) un monto de entre 24 a 25 millones por la cartera crediticia que la entidad privada no pudo cobrar.

Esta garantía estatal -de un 5,3 por ciento de coparticipación- sobre la cartera de deudores se preveía en el contrato original. En principio, la entidad privada ejecutó y cobró a la provincia por 25,5 millones. Algunas fuentes adelantaron también de un reintegro de 800 mil pesos.

En la venta del paquete accionario del BPRN, la provincia transfirió activos por 77 millones, constituidos por préstamos a cobrar -los más categorizados- por 47 millones. En el balance de julio de 1999/julio de 2.000, la entidad informó de una ejecución de "garantía de cartera por 1.201.000 pesos en ese ejercicio, importe que acumulado a los montos anteriores totaliza 20.572.000 pesos". Luego, en enero de 2001, el Estado aportó otros cinco millones para finalizar con la garantía y eliminar la afectación de su coparticipación por ese concepto.

Recientemente, Hacienda informó que el recupero neto de la cartera residual ascendió al 30 de junio pasado a 25.531.225 pesos, aportado por 1.600 clientes. Ese ingreso permitió -hasta ahora- sólo compensar la suma adicional abonada al Banco Río Negro SA-Patagonia SA para cumplir con la unidad de ne

gocios cedida. Por eso, no es equivocado afirmar que el Estado provincial -propiamente dicho- todavía no recuperó nada de aquella cartera crediticia.

En los días de la privatización, la volatilidad financiera y el hermetismo no permitían mayores precisiones sobre la cartera que quedó en el Banco Residual, aunque los funcionarios la estimaban de entre 70 a 80 millones.

Muchas cosas ocurrieron en ocho años. El Banco Río Negro SA asumió la gestión de cobro de esos préstamos en la provincia (categorizados con las menores posibilidades de recupero). Pero, la entidad renunció el 30 de junio de 1998 a esa labor, sin mayores objeciones estatales. Así, el Estado se quedó sin instrumento de recupero.

El marco legal ya había tenido muchas modificaciones. La ley Nº3007 de julio de 1996 estableció el mecanismo de pago a 10 años, pero luego se modificó por las normas Nº3071 y Nº3206, buscando "maximizar el cobro", según manifestó la Coordinación de Organismo en Liquidación (COL).

Es obvio que ese objetivo no se logró. El futuro no anticipa un resultado distinto porque próximamente los productores podrán "autocondonarse" hasta el 60 por ciento sus deudas con la declaración de mejoras en sus chacras y el compromiso de pago del resto del pasivo en un plazo de 10 años.

Anteriormente, en junio de 2000, el oficialismo ya intentó liberarse de la cartera residual, pues con la ley 3380 podía transferir préstamos por cobrar vinculados a las actividades productivas y/o industriales a "las entidades que representen o agrupen a sectores de la producción, industrias o cooperativas". La alternativa fracaso.

Simultáneamente, por decreto Nº1503 de noviembre de 2000, se constituyó el "Fondo Fiduciario de la Cartera Residual", que absorbió a los préstamos por cobrar.

Según la información oficial, la COL concluyó la tarea de "ordenamiento de la documentación de los préstamos". Aclaró que "la tarea comprendió a aquellos créditos que se encuentran dentro de la cartera de préstamos en "situación normal", es decir, no se trabajó por el momento con aquellos clientes con acción legal iniciada por el ex Banco o que se encuentran en Concurso Preventivo de Acreedores"

La producción tampoco paga

La COL informó que trabaja "en la transferencia de los préstamos del sector lupulero, solicitado por la Cámara de Productores de Lúpulo de la Patagonia Andina". No es un dato menor, pues es la única entidad que aceptó ese objetivo ofrecido por el gobierno provincial.

Las deudas frutícolas y hortícolas -dice la COL- se sumarán a Río Negro Fiduciaria SA para "conformar un Fondo Fiduciario que se sustentará con los recuperos obtenidos, para su disposición posterior de las distintas Cámaras de Productores".

Planteadas desde hace cuatro años, la transferencia a entidades fue un fracaso. Los dirigentes siempre se negaron a constituirse en gestores de cobro de sus pares. Incluso, la Federación de Sociedades Rurales pidió y recibió su cartera pero, a los pocos meses, la devolvió.

El caso más contundente fue la reciente propuesta del gobernador Miguel Saiz: reconocer un 90 por ciento de las mejoras en las chacras como pago de pasivos -como pedía la Federación- siempre que la entidad asuma la administración y gestión de la cartera. Esa entidad prefirió una compensación menor pero no quiso asumir aquella labor. También porque posiblemente ya advierta que la realidad determinará que esa compensación es el principio de una condonación efectiva de los 37 millones del pasivo de los sectores productivos.

Por otra parte, la provincia inició el año pasado la reinscripción de garantías prendarias frente al vencimiento de las mismas. Por el escaso tiempo existente, se sancionó la Ley Nº3802 que suspendió los remates y ejecuciones judiciales. Actualmente, se ha comenzado con el "control, depuración y orden" de la carpeta de cada deudor, iniciándose con el envío de intimaciones judiciales a 500 clientes sobre un total de 1.500 a 2.000 deudores. (AV)

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