En busca del acuerdo parlamentario

BUENOS AIRES (ABA) – Los parlamentarios de los bloques mayoritarios intentarán cumplir al máximo con las exigencias del FMI.

Así lo reveló una alta fuente del Congreso, quien aseguró que la próxima semana se darán los pasos definitivos para la modificación de las leyes de Quiebras y de Subversión Económica, tal como lo demanda el FMI como requisito ineludible para concretar un nuevo desembolso.

Sin embargo, los legisladores se niegan a aceptar un recorte mayor en el sector público provincial por temor a un agravamiento de la conflictividad social., otra de las exigencias del organismo de crédito.

El primer paso será la derogación de la figura de Subversión Económica que ha llevado a que jueces detuvieran a banqueros de entidades de primera línea en procedimientos que -para el FMI- agitan el fantasma de la inseguridad jurídica.

Pero eso no es todo. Habrá cambios en el presupuesto 2002, así como en el reciente acuerdo con las provincias, y se renegociarán las tarifas públicas.

El acuerdo no escrito ya es definido tanto desde el gobierno como por los legisladores como un «nuevo Pacto de la Moncloa».

En diálogo con esta agencia, el senador del MPN, Pedro Salvatori, (crítico del uso que los magistrados hacen de la ley de Subversión Económica) indicó que se trata de cumplir con los principales puntos del memorándum de entendimiento presentado por el FMI. «Si alguien quiere pedir un crédito hay que aceptar las condiciones de quien va a ser acreedor, siempre dentro de los límites razonables de lo que la Nación pueda comprometer porque más ajuste no se puede hacer».

Con esa última frase, Salvatori dio a entender que el límite que no se está dispuesto a cruzar es el recorte de las administraciones públicas provinciales.

¿ En el FMI no interpretan que se haya avanzado en una reducción de la planta estatal del interior del país?, consultó «Río Negro». «Si no lo entienden van a recibir una Argentina incendiada. No hay margen para el error», respondió el legislador .

Por otra parte, Salvatori agregó que se eliminarán las jubilaciones de privilegio para el futuro y se les pondría un tope de 3100 pesos a las actuales, sin perjuicio de revisar algunas de las otorgadas.

Más allá de los consensos parlamentarios, existen negociaciones paralelas que apuntan a la reconstrucción del sistema económico. Uno de los frentes pasa por los sigilosos contactos entre legisladores oficialistas y miembros de la Corte.

Desde el ámbito político se espera una inminente definición del pleito que mantiene San Luis con Nación por dinero de la provincia retenido en el corralito. En tal sentido se descuenta que el Máximo Tribunal emplearía un argumento que demoraría al ejecución de amparos pendientes presentados por ahorristas particulares lo que daría oxígeno a Hacienda.

El último dato es la gestión de operadores menemistas tanto en la Corte como ante el establishment financiero para reconstruir el frío diálogo del Presidente con ambos sectores. Entre los pocos dirigentes que permanecían ayer en la Capital, la especulación era sobre el real alcance de una reunificación del justicialismo fracturado desde hace mucho tiempo.