En el BPN: sobre llovido, mojado

Un título más ajustado a lo que ha venido pasando a lo largo de muchos años en el banco provincial neuquino sería el que dijera «sobre mojado, empapado por una lluvia barrosa», ahora que sabemos de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra el BPN que, cuando incluya a todos los empleados y funcionarios despedidos por la administración de Luis Manganaro, significará un costo del orden de los 30 millones de pesos. Ese costo no alterará la «ganancia» de 34 millones de pesos del balance 2009, porque irá al del 2010, del mismo modo que los mayores sueldos que percibirán los funcionarios premiados con ascensos este mes, algunos de ellos imputados en la causa Temux.

Según la información divulgada por el diputado provincial Ariel Kogan, la Corte resolvió en un «caso líder» revocar un fallo de la Justicia provincial y hacer lugar a la demanda indemnizatoria de algunos empleados del Banco Provincia del Neuquén que fueron compulsivamente jubilados «ante tempus» por Manganaro. Como detrás de ese juicio hay otros, hasta completar un total de unos 200 jubilados, se estima que el total a pagar por el banco en concepto de indemnizaciones por despidos rondará los 30 millones de pesos. Los así jubilados consideraron que, como en el caso no se trataba de una jubilación ordinaria, les correspondía la indemnización de la ley nacional de Contrato de Trabajo y la Corte les dio la razón.

Es así cómo la entidad, de la que el ex gobernador Sobisch dijo que no privatizaría «ni una baldosa», sigue pesando sobre el tesoro provincial, forzado a aportar capital para salvarlo de la quiebra. En el caso pesa también, sobre los directivos del banco, que hayan mantenido en riguroso secreto a esos juicios. Kogan dijo que la gestión encabezada por el contador Omar Gutiérrez «le ocultó al gobernador, al ahorrista, al Banco Central y a los depositantes la existencia de esos juicios y la posibilidad de perderlos, como ocurrió».

A esos millones se suman los 20 millones perdidos a raíz del fraude que protagonizó la exportadora de carnes Temux, a cuya investigación penal el juez Marcelo Muñoz quiere ponerle fin. Al parecer, el magistrado considera que no es necesario citar a Sobisch para preguntarle, por ejemplo, sobre si estaba enterado del acuerdo entre Manganaro y los hermanos Terrado para que Temux y sus asociadas Cooperativa Santa Elena y Santa Elena Bursátil se incorporaran a la clientela de la sucursal Buenos Aires. Merced a ese acuerdo las exportaciones de carnes de Temux se hicieron por el banco, que más de una vez autorizó descubiertos en cuenta corriente mucho antes de que, a fines del 2004, el escándalo estallara. Sobisch, que autorizó el financiamiento propuesto por Juan Pablo Bugner para reducir la deuda de Temux, ¿sabía de esto? Y no sólo eso. ¿Supo también de que el banco acreditó a Temux el monto de exportaciones sin tener la confirmación de que esa cifra, de unos 4 millones de dólares, había sido pagada por el importador?

En esta danza de millones, la principal contratista del Plan Integral de Seguridad, Damovo SA, no tenía nada que ver. Era sólo una casualidad que el plan fuera, también, un «opus» de Sobisch y Manganaro, éste convertido en ministro de Seguridad después de dejar la presidencia del banco. Nada que ver hasta que, para sorpresa de muchos, se pudo saber -gracias a Kogan, una vez más- que Damovo, a principios del 2005, había depositado cheques por unos doce millones de pesos en cuentas del grupo Temux. El presidente de Damovo, Manuel Requejo, explicó que esos cheques habían sido dados en pago a tres subcontratistas de las obras del plan de seguridad, y que fueron éstos los depositantes de esos cheques en las cuentas de Temux en la sucursal Buenos Aires. De inmediato nos dimos a la búsqueda de esas empresas en la ciudad de Buenos Aires, valiéndonos de los domicilios y teléfonos que figuraban en los pretendidos «subcontratos». No encontramos a ninguna, y tampoco pudimos ubicar a los supuestos endosantes de los cheques. Como tampoco logramos que Requejo nos atendiera, en Neuquén hablamos con el representante de Damovo en las oficinas de Ricchieri 435. No tenía autorización para decirnos nada.

Entonces nos preguntamos, y preguntamos: ¿al juez Muñoz no le interesa saber por qué esa plata de Damovo fue a parar a Temux? ¿Será un caso de solidaridad empresaria? ¿O será que alguien le pidió a Damovo que hiciera ese favor a cambio de vaya uno a saber qué?

Las, por decir lo menos, «torpezas» de las autoridades del BPN no se detienen aquí. El fiscal de delitos contra la administración pública, Ignacio Di Maggio, decidió elevar al juez penal de turno un requerimiento de investigación del delito de administración infiel, previsto y penado en el capítulo del Código Penal titulado «Estafas y otras defraudaciones». Los imputados son Manganaro y su gerente general José Oser. También el ex gerente de Sistema, Julio Ruiz Rueda, y el ex asesor legal Omar Raimondo.

El artículo 173, inciso 7º, de ese capítulo, castiga con pena de prisión de un mes a seis años al que «por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico tuviera a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño, violando sus deberes perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de éstos».

El requerimiento de Di Maggio se produce al cabo de una investigación preliminar emprendida a partir de lo publicado en esta columna el 14 de noviembre pasado. Allí se decía de «la decisión de mantener dolarizada, a la caída de la convertibilidad, la parte más gruesa de la deuda de casi dos millones y medio de dólares con la empresa proveedora del sistema informático Bantotal, De la Robla y Asociados». Para tomar esa decisión se apeló a un dictamen de la consultora ASSA (Aplications Software SA), «cuyo vicepresidente era el contador Abelardo Hoch, amigo de Sobisch».

Y por si todo eso fuera poco. En otro requerimiento de investigación, éste elevado al juez penal del juzgado seis, Alfredo Elosu Larumbe, Di Maggio imputa a dos funcionarios del BPN la comisión del delito de abuso de autoridad, en el que ambos estarían incursos a raíz de la contratación directa de la consultora IDN Finanzas en violación de la ley 2141, de Administración Financiera y Control, que impone el procedimiento de la licitación pública para las contrataciones del Estado.

En 17 carillas el fiscal se explaya en la fundamentación de por qué el banco, por más que se haya convertido en una sociedad anónima, está sujeto a los controles fijados en la ley 2141. Al respecto menciona un antecedente jurisprudencial del Tribunal Superior de Justicia neuquino en los autos «Radonich Raúl c/Fundación Banco Provincia». Allí el TSJ dice que la transformación del banco en una sociedad anónima no lo excluye de los controles establecidos en la ley 2141. A modo de comentario Di Maggio completa el párrafo aludiendo a la nota de este diario, motivo de su investigación, titulada «una interminable historia de compras sin licitación».

Esto es demasiado largo. Por eso me limito a mencionar solamente que en el juzgado federal a cargo de Margarita Gudiño de Argüelles se tramita una denuncia penal de la AFIP, por evasión impositiva, contra Manganaro, Oser y otros directivos del banco en aquellos gloriosos tiempos del sobischismo.

JORGE GADANO

JORGE GADANO