En el gobierno nacional evalúan medidas preventivas

NEUQUEN (AN).- La secretaría de Derechos Humanos de la Nación estudia intervenir de manera preventiva para terminar con los apremios ilegales a detenidos en la Unidad 11 de esta capital y no se descarta la comunicación del ministro de Justicia, Gustavo Beliz, con las autoridades provinciales. En la cartera a cargo de Eduardo Luis Duhalde se trabajaba anoche contra reloj para tener una evaluación de los hechos y prevenir una probable represalia de los guardiacárceles contra los presos en función del comienzo de un fin de semana largo.

Beatriz Gentile, delegada de la secretaría de Derechos Humanos, dijo que ayer envió los antecedentes de las denuncias sobre vejámenes, apremios y torturas a los presos de la U11 ventilados el miércoles durante una audiencia judicial convocada por el fiscal Ricardo Mendaña para pedir explicaciones al jefe de la Policía, Wálter Cofré, sobre un motín ocurrido en abril pasado. Pero la audiencia derivó en un pedido de informes y de citación, por parte de la fiscalía de Graves Atentados Personales, para que se cite a declaración indagatoria a más de 20 policías.

Gentile consideró necesario «tomar alguna decisión rápida» puesto que en la unidad de detención «no están separadas las víctimas de sus victimarios». Calificó de «muy seria» la situación y confió en que el subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Rodolfo Mattarollo, «evalúe la forma de intervenir para que la situación no se complique más».

Gentile entregó ayer una nota en la Legislatura, dirigida a su titular, el actual gobernador interino Federico Brollo, para solicitarle la urgente constitución de la comisión de derechos humanos en ese poder y la intervención inmediata en la situación denunciada.

También se refirió a cierto discurso que considera que la defensa de los derechos humanos se aplica solamente a un sector de la sociedad. Por el contrario, Gentile dijo que se trata de «un discurso bastardeado, heredado de la dictadura militar», en el que «se pierde de vista que hay una situación monopólica de violencia legítima, que es la del Estado y que en este caso se ejerce de una forma arbitraria». En síntesis, se trata de una violación de los derechos humanos de la que es responsable «una fuerza de seguridad».

Nota asociada: Allanaron la Unidad 11 y le pegaron a un preso mientras una fiscal realizaba una inspecció