En el PJ estudian los posibles escenarios y sus consecuencias

El gobernador de la provincia de Buenos Aires convocó ayer a sus hombres para que, junto a dos constitucionalistas, intenten encontrar una salida a la encerrona institucional en que se encuentra el Poder Legislativo.

De allí surgieron, fundamentalmente, dos alternativas: La posibilidad de llamar a elecciones anticipadas y la creación de una Comisión Bicameral permanente de Decretos de Necesidad y Urgencia que actúe como un mini Parlamento y que legisle junto al presidente.

A la reunión, según relató a este medio una fuente cercana al gobernador bonaerense, asistieron Eduardo Duhalde, Antonio Cafiero, Felipe Solá, Carlos Soria, y los constitucionalistas Alberto García Lema y Héctor Masnatta y juntos efectuaron una evaluación de la situación política creada a partir de las sospechas de sobornos en el Senado.

Todos coincidieron en que el final no será feliz.

Adelantar la elección

La primera alternativa que se consideró fue la posibilidad de adelantar las elecciones para senadores. Pesaron los resultados de las últimas encuestas que indican que el 90% de la sociedad cree que hubo sobornos y que, en consecuencia, todos los senadores deberían dejar sus bancas.

En el encuentro se admitió que el adelantamiento de elecciones es una solución política a la crisis pero tiene dificultades en su implementación porque implica una reforma de la Constitución ( la reforma de 1994 establece en una cláusula transitoria que no habrá elecciones directas para senadores hasta el 2001).

Así, pronto se llegó a la conclusión que otra eventual reforma se torna de complejo trámite y requiere de acuerdos previos que, entre otras cosas, cuenten con la aprobación de todos los senadores, aun de aquellos que nada tienen que ver en el affaire y que podrían negarse a quedar formalmente pegados con el conflicto.

Se habló entonces de una hipótesis de mínima: que el juez Carlos Liporaci procese a los senadores de los que sospecha y que, mediante un acuerdo entre los parlamentarios, se «entregue» a los procesados, es decir, que éstos y sólo éstos renuncien y que en su lugar se sienten sus suplentes.

Otra alternativa

Una segunda alternativa sería que mientras las investigaciones siguen su curso y para evitar la parálisis del Congreso, se designe una Comisión Bicameral permanente de Decretos de Necesidad y Urgencia (previsto en la Constitución).

Esta Comisión, formada por 12 legisladores ( diputados y senadores) tendría la función de analizar si existen las razones de necesidad y urgencia que justifiquen que De la Rúa asuma, de hecho, las facultades legislativas que, por otra parte, está expresamente prohibido en la Constitución.

Con acuerdo de ministros, el presidente manda los decretos de necesidad y urgencia a esta Comisión, y éstos aprueban o no. Este mecanismo, que podría implementarse hasta que se dé una solución definitiva para que el Congreso siga legislando, operaría como un Parlamento reducido y concentraría el poder de hecho.

Esta alternativa está en proceso de cocción lenta desde hace 20 días y los doce miembros estarían ya predeterminados, aunque sólo se conocieron 6 de ellos : Yoma, Genoud, Villarroel, Soria, Negri y Carrió.

Esta chance fue calificada por unos de los miembros del encuentro de ayer ayer como «un by pass».

(AR)