En el TSJ quieren reglamentar el trabajo de las fiscalías

NEUQUEN (AN)- El Tribunal Superior de Justicia pretende reglamentar el trabajo de las fiscalías, lo que podría traducirse en una mutilación de facultades que disponen ahora para investigar casos de corrupción y delitos complejos.

El cambio más brusco que se intenta introducir está referido al plazo que tienen los fiscales para investigar, y que quedaría acotado a 60 días.

El vocal Roberto Fernández dijo ayer que el tema será analizado «en el próximo acuerdo» del TSJ, previsto para hoy. En diálogo con el informativo de la radio LU5, el magistrado criticó además a las fiscalías porque generaron «causas resonantes que se ventilaron en los diarios, pero sin resultados concretos».

Fernández explicó que el proyecto para reglamentar el trabajo de las fiscalías apunta «al período de 15 días que debe tomarse el fiscal para decidir si debe elevar una causa a instrucción. Esos 15 días, hoy han llegado hasta casi 2 años», afirmó.

«Nos parece que eso requiere un análisis. No es posible que se trate de introducir dentro de una cosa que está hecha para otra finalidad (por la investigación preliminar) toda una investigación, cuando el Código (Procesal) no dice eso», agregó.

Según trascendidos, el proyecto de modificación fue elaborado por el vocal Eduardo Badano y establece un máximo de 60 días para la llamada Investigación Preliminaria Fiscal (IPF). En ese período el fiscal debe decidir si el hecho que está investigando es delito y quién sería el presunto autor.

En la práctica el plazo casi nunca se respeta, en especial cuando se trata de causas extremadamente complejas como son algunos homicidios o hechos de corrupción.

Al respecto el periodista le hizo observar a Fernández que ciertas investigaciones no podrían completarse en ese estrecho período, en particular las de corrupción. El vocal contestó: «en las causas por delitos contra la administración pública, no obstante venir funcionando un sistema en el que se ha permitido que el fiscal se tome todo el tiempo que quiera, llegando hasta dos años, al final no han generado ningún resultado, han generado sólo escándalos mediáticos».

Fernández habla con conocimiento de causa: fue, por ejemplo, uno de los que sobreseyó al gobernador Jorge So

bisch en la causa de la cámara oculta (afirmó en ese entonces que «debe hacerse cesar, lo más rápidamente posible, este injustificado y gratuito escarnio»).

Esa investigación comenzó en diciembre de 2002 y todavía no logró ningún resultado concreto aunque ya pasó por las manos de cinco jueces.

Siguiendo una línea de razonamiento inaugurada por el ministro de Seguridad y Trabajo, Luis Manganaro, el vocal Fernández agregó en la entrevista radial que «tenemos muchos cuestiones en los diarios pero a la hora de lograr resultados en términos de causas concretas, nos preocupa que lo resultados no los vemos. Algo tenemos que mejorar».

Otra de sus frases fue: «recurriendo a metodologías extralegales no vamos a llegar a ningún lado. Sin respeto por la ley procesal sólo vamos a tener anuncios en los diarios y después nada».

Por último, Fernández señaló que «la preocupación de la persecución penal de los delitos no es patrimonio de un grupo de personas, sino de todo el Poder Judicial, y en el caso de esta conducción en particular».

Sumario por una información

NEUQUEN (AN)- El ministro Luis Manganaro quiere que se investigue a periodistas y fiscales, a raíz de la publicación de una denuncia en su contra. El encargado de realizar el sumario será el vocal del TSJ Roberto Fernández, quien ya adelantó una opinión al señalar que «lo que plantea Manganaro es muy serio y afecta a nuestro funcionamiento». Ayer en diálogo con LU5, Fernández dijo que el TSJ aceptó un planteo del jefe de todos los fiscales, Alberto Tribug, para que se haga un sumario que lo incluya.

«Me ha tocado la dura tarea de encarar esta cuestión, que está en el marco de lo administrativo. La repercusión penal de la denuncia corre por cuenta de la fiscalía General», dijo Fernández. Aclaró que «esto es disciplinario e interno». Agregó que «no tenemos una metodología prefijada, pero se va a investigar la seriedad de este tema, porque lo que plantea el ministro Manganaro es muy serio y afecta a nuestro funcionamiento».

«La justicia se basa en la confianza que se tenga en su funcionamiento, e internamente en las intenciones de todos». Este diario publicó que existe una denuncia por defraudación contra el Banco Provincia de Neuquén en la época en que lo presidía Manganaro. El funcionario respondió acusado a «Río Negro» de «falsa denuncia» y pidió que se investigue a los fiscales que dieron la información y a los periodistas que la escribieron.