En febrero comienza la puja por el ajuste neuquino

El sobischismo insistirá en las jubilaciones anticipadas.

NEUQUEN (AN).- El mes próximo, la Legislatura se convertirá en el escenario del nuevo envión que el gobierno de Jorge Sobisch le dará a su intención de poner en caja los números de la provincia: los diputados oficialistas, los de la Alianza y los justicialistas tendrán que discutir en extraordinarias el proyecto de presupuesto para este año y la iniciativa para reducir la planta de más de 33 mil empleados públicos con el programa de jubilaciones anticipadas. También se propondrán mecanismos de financiamiento para el Instituto de Seguridad Social del Neuquén, que arrastra un quebranto en la caja de jubilaciones de más de diez millones de pesos por ejercicio.

El anuncio fue formulado ayer en Villa La Angostura por el vicegobernador Jorge Sapag y se complementa con declaraciones realizadas por Sobisch. El mandatario admitió tácitamente que se avecina un período de análisis de la reforma del Estado cuando desmintió que piense pagar el retiro anticipado de los estatales con el crédito de 300 millones de dólares que Repsol-YPF se comprometió a gestionar en “misión de buenos oficios” como parte del acuerdo marco con la provincia.

Sapag anticipó que en febrero, junto con el proyecto de presupuesto, en la Legislatura comenzará la discusión “por el proyecto de jubilaciones anticipadas de empleados públicos y la necesidad de dar respuesta al desfinanciamiento del ISSN de modo de encontrar una respuesta integral”. La administración de Felipe Sapag realizó cancelaciones parciales de la deuda del Estado con la obra social y la caja jubilatoria provinciales, que se calculaba en unos 55 millones de pesos.

El vicegobernador dijo que la administración Sobisch impulsa la contención de la masa salarial, por lo cual también se proyecta eliminar el ítem de permanencia en la categoría que perciben los empleados públicos. Esa bonificación se creó como compensación por la inmovilidad de la planta de personal y consiste en pagar un porcentaje creciente del cargo escalafonario inmediatamente superior. Sapag aseguró que la intención no es “bajarla, pero tampoco que aumente, porque queremos el equilibrio fiscal”. El jefe de la Legislatura realizó estas declaraciones a LU5 y fueron reproducidas por el boletín de prensa de la Gobernación.

En rigor, el Ejecutivo reflotará el proyecto presentado hace ya un año, que procuraba elevar la edad jubilatoria de los empleados públicos -las mujeres de 55 a 60 años y los varones de 60 a 65 años-, e impulsaba un incremento de los aportes hasta un tope del 19% -actualmente son del 13%-. Para el caso del Estado, se llevaría al 9 o 10% mientras el empleado aportaría entre el 8 y 9% del sueldo -actualmente es, respectivamente 7 y 6%-.

Este punto divide las aguas de oficialistas y opositores porque el gobierno quiere cargar el peso del aumento sobre los aportes personales y esa posición trabó la discusión el año pasado.

El aumento de la edad jubilatoria otorgará un respiro a la caja -que cada mes debe pedir fondos al tesoro provincial- y se complementará con el régimen de jubilaciones anticipadas, incluido en el proyecto original de emergencia económica del sobischismo. Los estatales que no anticipen su jubilación deberán esperar más tiempo para dejar de trabajar y acogerse a ese beneficio.

El sistema previsional fue superavitario desde su creación hasta 1995, cuando se aplicó un régimen de jubilaciones anticipadas que retiró de la actividad a medio millar de estatales. En esa oportunidad, también se instrumentó un mecanismo de retiros voluntarios de empleados públicos, que les imponía un paréntesis mínimo de cinco años para volver a trabajar en la administración, pero muchos volvieron como funcionarios políticos durante la gestión de Felipe Sapag y otros se reincorporaron luego de pasado el período de inhibición. El aumento de las jubilaciones desfinanció la caja, el Ejecutivo dejó de pagar su parte y se generó una deuda millonaria.


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