En febrero se publicaría el nuevo índice de precios al consumidor nacional urbano

En un contexto de desequilibrio macroeconómico y de volatilidad como el que le toca vivir a nuestro país, los indicadores que intentan medir la evolución de los distintos precios de la economía adquieren una particular relevancia. Actualmente, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publica mensualmente tres índices que buscan registrar la evolución de los precios de bienes y servicios. El más conocido es el índice de precios al consumidor (IPC), el cual se elabora a partir de las cotizaciones de bienes y servicios representativos de los gastos de consumo de los hogares en la Capital Federal y los 24 partidos del área metropolitana. Aunque muchas veces se lo toma como un indicador de la tasa de inflación, abarca un concepto más amplio que comprende la evolución de los precios de lo que se exporta, lo que se utiliza como consumo intermedio de las industrias y lo destinado a la acumulación como inversión bruta fija o variación de existencias (stocks). Otro indicador que se utiliza es el de precios al por mayor (IPM) o de fábricas y que incluye –además de los bienes de consumo– las materias primas, insumos, construcciones y maquinarias. El tercero que suele ser consultado es el índice del costo de la construcción (ICC). IPC – GBA Su diseño responde al objetivo de “obtener un indicador confiable, preciso, representativo, comprensible, congruente, comparable, útil y oportuno”. La metodología se ajusta a recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el marco del Sistema de Cuentas Nacionales. En el Indec insistieron en que el IPC no es un índice del costo de la vida, aunque frecuentemente recibe esa denominación. No considera todos los gastos de los consumidores vinculados con los mantenimientos de sus niveles de vida y excluye los pagos de intereses y amortizaciones de préstamos; el impuesto inmobiliario y otros gravámenes no incluidos en los precios de los bienes y servicios, así como los valores locativos imputables por los usos de las viviendas propias. Si cambian los precios relativos, precisamente de los bienes y servicios, las compras pueden desplazarse hacia productos cuyos valores son relativos, disminuyendo así el costo de vida. Los índices de precios generalmente “identifican el monto pagado por una unidad de medida de una clase y calidad de un bien o servicio, obtenido de una fuente específica”. Por lo tanto, no deberían estar afectados por modificaciones en la calidad. Estas últimas incluyen la composición física o componentes, las características de funcionamiento, envases, garantías, marcas, etc. y los demás factores de diferenciación de precios en un momento dado (localización de los negocios, volúmenes de las ventas o entregas y formas de venta). El cambio de base para el IPC-GBA, que desde mayo del 2008 es abril 2008 = 100, buscó reflejar los cambios en los hábitos de los consumidores y los usuarios mediante las evoluciones de los gastos. El organismo consultó otras fuentes de información para obtener un indicador representativo. El rediseño de la muestra de locales incluyó nuevos informantes y reemplazó otros, por lo que representó de manera más exhaustiva la zona geográfica y los tipos de negocios –tradicionales y supermercados–, a partir de la encuesta nacional de gastos del hogar; las consultas a organismos del sistema estadístico nacional (SEN) y entidades empresarias. Guillermo Moreno, cuando era secretario de Comercio Interior de la Nación en el 2006, reclamó a Graciela Bevacqua, directora del IPC, por las discordancias entre los acuerdos con los productores y los valores relevados. Según Bevacqua, en octubre del 2006, Moreno le solicitó los nombres de los comercios encuestados para calcular el IPC y ella se negó aduciendo que era algo prohibido por la ley del secreto estadístico. A fines de enero del 2007, Bevacqua fue desplazada y en su lugar asumió Beatriz Paglieri, protegida política de Moreno. Para dicho mes, el Indec difundió un índice de 1,1%. Sobre este valor, Bevacqua, que ya estaba fuera del organismo pero había supervisado la recopilación de los datos, dijo que “era matemáticamente imposible” y estimó la inflación mensual en casi 2%. En febrero del 2007, Manuel Garrido, fiscal de Investigaciones Administrativas –actualmente diputado nacional por la Unión Cívica Radical–, compartió una denuncia del bloque de senadores del partido para investigar si Moreno, el año anterior, intentó violar el secreto estadístico al exigir la nómina de 8.000 comercios donde los encuestadores del Indec relevaban precios. En abril del 2007, Carlos Stornelli, fiscal federal, abrió una causa por supuesta violación y manipulación de ese secreto, en la que involucró a Moreno, Paglieri y Ana María Edwin. Felisa Miceli, exministra de Economía, nombró interinamente, en marzo del 2007, a Mario José Krieger como titular del Indec, tras la renuncia de Lelio Mármora. Un mes después, Krieger fue desplazado por Alejandro Barrios, delegado de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Si bien se esperaba que esto significaría un acercamiento con los sectores internos más críticos, ATE formuló cuestionamientos. En mayo de ese año se supo que Garrido había pedido al procurador general de la Nación que separara de sus cargos a Moreno y Paglieri. El informe elevado a Stornelli se adjuntó a la causa penal abierta ante el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral, quien ordenó el secuestro de documentación y computadoras del Indec por las dudas acerca de la correcta medición de la inflación. En julio, Cynthia Pok, directora de la Encuesta Permanente de Hogares, fue desplazada y empleados del Indec decidieron una huelga en solidaridad con ella. Edwin, a pesar de estar sospechada en la mencionada causa, fue nombrada en julio directora del organismo por Miguel Gustavo Peirano, reemplazante de la renunciada Miceli, quien arrastró en su caída a Barrios. Canicoba Corral desestimó en el 2008 la denuncia acerca de la violación del secreto estadístico, con el argumento de que “no hay marco legal que explicite cómo se deben realizar los relevamientos, no está ni en forma de ley ni de decreto”. Y continuó investigando la supuesta manipulación de índices. Como las declaraciones y/o informaciones individuales no podían ser comunicadas a terceros –aunque fueran autoridades judiciales o de servicios oficiales ajenos al SEN– ni utilizadas, difundidas o publicadas en forma tal que permitieran identificar a quienes las formularon, Canicoba Corral ordenó el allanamiento de la sede del Indec para obtener datos. Esta resolución fue confirmada por la Cámara Federal y la Cámara Nacional de Casación Penal y hasta llegó a la Corte Suprema de Justicia, que hizo lugar al dictamen del procurador Luis González Warcalde, quien sostuvo que el Indec no demostró que la medida judicial no era conveniente para el buen funcionamiento del organismo y preservar el manejo correcto de las fuentes. Luego del cambio en la metodología de cálculo del IPC, la evolución del oficial en el 2008 fue del 7,2%, en tanto la Unión Industrial Argentina citó el 25%. En el 2009 se solicitó a la Universidad Tecnológica Nacional un peritaje. Reflejó que “los consignados en la base no fueron adulterados y correspondían con los ingresados”, por lo que se desestimó la denuncia por manipulación. En julio de idéntico año, el Poder Ejecutivo Nacional conformó el Consejo Académico de Monitoreo y Seguimiento del Indec, con cinco universidades nacionales, y el Consejo de Observación Económico y Social en materia de Estadística, con representantes de los sectores primario, secundario, comercial y de servicios y, por otra parte, de los trabajadores, usuarios y consumidores. Poco después, las universidades denunciaron que el Indec negaba información. Canicoba Corral solicitó a un grupo de docentes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en mayo del 2010, que evaluaran las justificaciones de los cambios metodológicos y las acusaciones contra gestiones anteriores por cómo hicieron el trabajo. La Auditoría General de la Nación (AGN) opinó que los datos del instituto no eran confiables por los “riesgos inaceptables” al utilizar una “red de información desactualizada”, “equipamiento obsoleto” y “dispersión tecnológica”… El FMI lamentó, el 1 de febrero de 2012, la ausencia de progreso en alinear el IPC-GBA con las pautas estadísticas internacionales. Exhortó a la Argentina a implementar medidas en 180 días para mejorar la calidad de los datos sobre el IPC-GBA y el Producto Bruto Interno (PBI), de modo tal que se volvieran consistentes con las obligaciones previstas en el convenio constitutivo del FMI. Fijó como plazo máximo el 6 de septiembre del 2012 para que la Argentina informara sobre la aplicación de las medidas solicitadas. Axel Kicillof, ministro de Economía y Finanzas Públicas, citó a la junta interna de ATE, presumiblemente, para tratar la “desmorenización” del organismo –donde desde el 2007 actuaron patotas ligadas al exsecretario–, luego de que el FMI volviera a darle tiempo al gobierno nacional hasta febrero y marzo del 2014 para difundir nuevas mediciones. Pese a todo lo expuesto, el organismo internacional destacó lo realizado por la Argentina para cambiar la metodología y aceptó la proyectada para el nuevo índice. Jorge Milton Capitanich, jefe de Gabinete de Ministros, se refirió el 10 del actual al nuevo IPC Nacional Urbano (IPC-NU). Reveló que sería de un solo número, con un desagregado por productos y servicios, y registraría la variación de precios de enero próximo respecto de este diciembre, y se publicaría en febrero. Unos 290 agentes relevarían 200.000 cotizaciones. Por otra parte, en marzo se difundiría el nuevo cálculo del PBI. Miguel Ángel Fuks – miguelangelfuks@yahoo.com.ar

Cambios en la metodología de medición de la inflación