EN LA DENUNCIA DE AFIP POR EVASIóN: Jueza resolverá si procesa a imputados

La jueza federal penal Margarita Gudiño de Argüelles resolverá antes del 13 de julio próximo, fecha en que se inicia la feria judicial de invierno, si procesa a los imputados en la causa por una presunta evasión impositiva del Banco de la Provincia de Neuquén denunciada por la Administración Federal de Ingresos Públicos. El artículo 306 del régimen procesal penal federal establece que después de que los denunciados han sido indagados el magistrado deberá ordenar el procesamiento de los que considere culpables, «siempre que hubiere elementos de convicción suficientes para estimar que existe un hecho delictuoso».

Los responsables del delito fiscal mencionados por la AFIP son Luis Manganaro, presidente del BPN cuando se produjeron los hechos, los entonces directores Carlos Sandoval, Raúl Oliva, José Luis Falleti, Darío del Campo, Juan Pablo Bugner y Rubén Andrián, y quien fue gerente general, José Oser. Todos ellos fueron citados a prestar declaración indagatoria. Algunos se avinieron a hacerlo y otros se negaron y presentaron un escrito.

Según informó este diario en marzo último, la AFIP advirtió que el BPN había presentado en su declaración jurada facturas de dudosa autenticidad por un monto superior a los tres millones de pesos. Con tal motivo se iniciaron actuaciones administrativas que tramitan ante el Tribunal Fiscal de la Nación. La investigación del presunto fraude se inició en 2003 y duró cuatro años.

Las salidas no documentadas en concepto de impuestos a las ganancias y al valor agregado sumarían unos 3.500.000 pesos. La maniobra de mayor envergadura es atribuida a una firma Delbosco Santa Fe SRL., que no presentó declaraciones juradas de ganancias en los años 2001 a 2005, en tanto que las de IVA consignan un déficit fiscal cero. No obstante, en los dos primeros años Delbosco presentó facturas al BPN.

La denuncia observó también que la actividad declarada por la empresa en cuestión es la venta de cristales, mientras que los servicios detallados en las facturas son de alquiler y mantenimiento de equipos informáticos.

Otras empresas sospechadas fueron Manzano Martín Pablo – Fix; Di Ex Sa y Maranatha, una empresa de trasportes aéreos de la que se señala que no tenía aviones. La denuncia objeta también que el banco haya pagado a las firmas Shatler y Romi Export un crédito cedido por la acreedora Siscard SA, y que los bonos Lecop dados en pago hayan sido cobrados por funcionarios del banco.