En Las Grutas se oponen al canon de la terminal

Martín Brunella

Las empresas de transporte cuestionaron el cobro de “peaje” en la terminal de ómnibus del balneario.

LAS GRUTAS (ASA).- Los agencieros que poseen bocas de expendio de boletos para micros de corta y media distancia que funcionan en el parador de esta villa turística presentaron un pedido ante el Concejo Deliberante para que se declare nula la ordenanza que los obliga a pagar $ 5 por toque de dársena, es decir, cada vez que una frecuencia llega al lugar. El planteo se funda en que la normativa, que se estableció a través de una ordenanza a mediados del año pasado, prevé que ese dinero lo recaude y administre la Cooperativa de Servicios Públicos del balneario, que es la que alquila el predio en el que funciona el parador. “Supuestamente ese dinero que recauda la Cooperativa deberá ser utilizado para el mantenimiento de la terminal. Esos fondos deberán invertirse en limpieza, pintura y mejoras, porque no pueden realizar obras ya que el lugar lo arrendan, pero en plena temporada, con 10 firmas trabajando, recaudarían $ 9.300, es decir, cerca de 20.000 en los meses de verano. A eso habría que sumarle el dinero de la temporada baja y teniendo en cuenta que cada firma paga un alquiler por sus oficinas, esa recaudación es importante. A pesar de ello hasta ahora no hubo cambios con respecto al estado de la terminal, ninguno de nosotros sabe qué contraprestación va a recibir, porque no está clara la ordenanza”, manifestó el referente de una de las empresas. En el escrito presentado ante el Concejo se argumenta que en los paradores en que se cobra toque de dársena generalmente los edificios son propiedad municipal, por eso el dinero recaudado queda para la comuna y se utiliza para optimizar un bien que es patrimonio público, pero en el caso de Las Grutas el beneficiario sería para una entidad privada. “Esto genera discriminación entre los prestadores –reza el escrito elevado– porque en San Antonio Oeste existen otros paradores de micros privados que deben soportar por sí mismos el costo del mantenimiento de sus edificios y la Cooperativa también le cobra un alquiler a cada agenciero”. Además, en la presentación se cuestiona que “en esta norma, es la propia Cooperativa, es decir, el privado, el que reglamenta la aplicación, cobra y rinde trimestralmente y la facultad de reglamentar es indelegable, porque es propia del poder legislativo, o sea que esto atenta a todas luces contra la carta orgánica municipal”.