En medio de la cuarentena, la justicia avaló la utilización de Uber

Desde hace ya algunos años, las aplicaciones irrumpieron en las grandes ciudades, y comenzaron a poner en evidencia las deficiencias y la ineficacia de las anquilosadas formas de trabajo y distribución. La simbiosis entre hiperconectividad y productividad, es enorme. Las mejoras en rapidez, seguridad, calidad de servicio en la entrega, versatilidad a la hora de consumir, y comodidad, son evidentes en un sin número de rubros alcanzados por las nuevas plataformas. La economía de las aplicaciones, es un hecho, y ya está entre nosotros.
El caso más paradigmático en Argentina, es Uber. La aplicación desembarcó en Argentina en el año 2016, y generó tanto un tsunami de críticas, como una demanda que creció a un ritmo exponencial.
Los usuarios no tardaron en detectar las ventajas que supone saber en tiempo real donde ésta el vehículo que realizará el viaje, de qué tipo de vehículo se trata, conocer de ante mano los datos del chofer, y poder visualizar el mapa de la ruta a seguir durante el viaje.
Del otro lado, quienes se sintieron amenzados por la llagada de la plataforma, fueron los taxistas. Desde los sindicatos se instaló la idea de que el formato de trabajo propuesto por la app, significaba precarizar el empleo.
Con el telón de fondo del crecimiento por un lado, y la polémica por el otro, la Legislatura porteña avanzó en 2018 en una serie de modificaciones al Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad, el Régimen de Faltas, y el Código de Habilitaciones y Verificaciones, que virtualmente ponían freno legal a Uber, estableciendo multas a los choferes que trasladaran pasajeros sin contar con la habilitación correspondiente, habilitando además al retiro de la licencia. No obstante, la norma se expresa en términos amplios, lo que impide determinar a ciencia cierta las actividades que consisten delito.
En medio de la pandemia, y de las restricciones que existen sobre la utilización del transporte público, resulta ser que la utilidad de un servicio de transporte individual de pasajeros, como por ejemplo un taxi o un Uber, ser torna esencial.

Es en ese marco, que la justicia porteña agregó un capítulo más a la batalla legal que la aplicación mantiene desde su llegada al país, para lograr el pleno desarrollo de su actividad. El Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 28 de la Ciudad de Buenos Aires falló esta semana en dos sentencias firmes, en favor de dos personas acusadas de “transportar pasajeros sin habilitación” utilizando la aplicación de Uber. De la decisión judicial se desprende que manejar utilizando la aplicación de Uber no constituye una falta y no es aplicable la denominada ley “anti-Uber” sancionada por la Legislatura Porteña. Las sentencias destacan que los conductores contaban con licencia de conducir profesional
Además, el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 9 de la CABA resolvió también en una sentencia firme, que la retención de la licencia a un conductor en un control de tránsito viola el procedimiento establecido por el Código de Tránsito.
Estas sentencias se suman a los fallos previos de los Juzgados N° 7 y N° 14 y de la Camara de Apelación del mismo fuero, y al del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Así las cosas, al día de hoy no hay ninguna sentencia firme, en ningún fuero, que sostenga que la actividad de Uber es ilegal.
Zanjadas las diferencias legales, a discusión vuelve entonces al plano económico, al potencial de crecimiento, desarrollo y productividad que ofrecen las aplicaciones, y a la necesidad de revisar las viejas formas de trabajo.
Un estudio elaborado en 2020 por la consultora Abeceb, establece que si se habilitara de forma plena y flexible la utilización de la plataforma, podrían existir potencialmente en Argentina unos 450.000 choferes, de los cuales el 35% tendría dedicación full time, y el 65% utilizaría el servicio como complemento de ingresos. Aún con las restricciones vigentes, la propia empresa imformó que en 2019 ya contaba con 175.000 conductores registrados, habilitados con licencia profesional.
El informe de Abeceb estima que el derrame de recursos ascendería a unos $100.000 millones sobre el sector privado y a $25.000 millones sobre el sector público en sus diferentes estamentos.
El avance tecnológico y el infinito grado de conectividad que ofrece el escenario actual, hace tiempo sugieren que el mundo ha ingresado en una nueva etapa de producción y trabajo. La irrupción del virus, impuso además una nueva ‘normalidad’, la cual en muchos casos implicará la destrucción de oficios y formas de hacer las cosas, y la aparición de nuevas maneras, métodos, y costumbres. La utilidad que han demostrado las plataformas en medio de la pandemia, es tal vez un ejemplo acabado de ello.