En Neuquén hay 347 mapuches imputados en causas judiciales

Supera a la suma de todo el resto del país, revela un informe





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La mayoría de los miembros de pueblos originarios está acusada de usurpación. Nunca hubo una condena.

NEUQUÉN (AN)- Según el informe del Observatorio de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas (Odhpi), en Neuquén es donde se registra un nivel mayor de “violencia estatal”. Prueba de ello son los 347 mapuches imputados en causas judiciales desde 2005 a 2012, la mayoría por usurpación. El 30% fue sobreseído y actualmente 241 integrantes de comunidades mapuches siguen implicados. “Uno de los rasgos principales de la criminalización mapuche en Neuquén es el hecho de que los actos que son criminalizados son originados en el ejercicio de derechos”, revela el informe que tiene como objetivo visibilizar la situación de los pueblos originarios -y el incumplimiento de derechos- en Neuquén, Río Negro y Chubut. Lo que destaca es que de los 347 imputados entre 2005 y 2012 que hay en nuestra provincia, la gran mayoría han sido judicializados por hacer uso de los derechos reconocidos por tratados internacionales y por la Constitución Nacional, y no por el ejercicio de una protesta o reclamo. De esta manera, se han abierto 31 causas por el delito de usurpación, 12 por desobediencia a una orden judicial y 17 por delitos como daños, coacción o corte de ruta. Del total de imputados 9 fueron absueltos, 97 sobreseídos, 177 en etapa de instrucción y 64 en etapa de juicio. El Observatorio denunció en su informe que la Justicia neuquina desconoce el convenio 169 de la OIT (sobre la consulta previa), la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los dictámenes y recomendaciones de los Comités de las Naciones Unidas. “El Estado no cumple los derechos en ninguna de las provincias. Pero en Neuquén hay un mayor nivel de agresión estatal frente al pueblo mapuche, tienen en todo el país mayor índice de criminalización, acá hay más juicios penales contra miembros del pueblo el mapuche que en todo el resto del país sumado”, destacó el director del Odhpi, Juan Manuel Salgado. “Es una metodología intimidatoria que viene hace 20 años. Nunca hubo condena pero se busca la permanente presencia policial y la justicia como auxiliar de un mecanismo intimidatorio”, agregó. El año más conflictivo fue 2009 cuando se concretaron la mayor cantidad de desalojos a distintas comunidades. En el informe se concluyó que existe un “discurso institucional y político legitimante” que “funciona al servicio del despojo y legalización de la usurpación de las tierras indígenas”.


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