En Río Negro la educación debe ser una prioridad

A nadie escapa que el conflicto por los salarios docentes no es un tema nuevo. Desde la gran crisis de 1995, la pelea ha sido por cobrar en término y eliminar los descuentos, situación que ha variado a partir del 2004, desde la posdevaluación (como resultado del crecimiento en la coparticipación nacional y recaudación propia), en donde el reclamo pasa a la ofensiva de la recuperación de los haberes.

En particular, el reclamo de los docentes rionegrinos se funda en el crecimiento de los recursos de la provincia y la falta de paralelismo en la recuperación de los salarios. Más grave aún, en el plano educativo es patente cómo el Estado rionegrino ha desertado en cuanto a la inversión en el sector. Si comparamos los presupuestos 2003-2005, observaremos que los recursos aumentaron un 81%, mientras que la educación sólo vio incrementados sus recursos en no más de un 40% en el mismo período.

En este contexto, y frente a las medidas de fuerza de la Unter, presentamos en la Legislatura un proyecto de ley que tiene por fin poner límites en la ejecución de gastos en bienes, servicios no personales y transferencias para el presente ejercicio. Dichos límites consisten en establecer a partir de la ejecución al 31/12/2004 un recurso igual más un 10%, es decir lo que se gastó en el 2004 más un porcentaje de incremento que contenga la inflación del año y prioridades que el gobierno definiera. Esta suma sencilla provoca en el presupuesto un excedente de nada más y nada menos que 65 millones de pesos. Esta previsión alcanzaría con holgura para la recuperación del salario y otras demandas del sector educativo.

Volviendo al análisis histórico, cabe destacar que desde el bloque del PJ, el año pasado fuimos actores importantes en la superación del conflicto, desde el momento que planteamos la mediación entre las partes y, como resultado, el año pasó sin sobresaltos mayores. Lamentablemente este año el gobierno desechó esta posibilidad, frente a la estrategia de pensar que con el correr de los días el reclamo se iba a diluir, sin considerar que lo central no era el conflicto en sí mismo, sino que los niños rionegrinos no estaban asistiendo a clase. En ese sentido apelaron a la provocación y la confusión, cuando vociferaron que éste era un «paro político» fundado en que los reclamantes eran justicialistas.

Asimismo, y desde fines de año con la aprobación del presupuesto, observamos que el crecimiento de los recursos (300 millones más que el año anterior) permitiría comenzar a hablar de recuperación real de los salarios de todos los trabajadores de la provincia. En ese sentido, nos pareció adecuado discutir claramente con las organizaciones gremiales las pautas salariales para el ejercicio. Nuestros economistas nos indicaron que ningún aumento podía ser menor al 15%, por ello planteamos públicamente (con proyectos de ley) el incremento de los salarios y entre otros temas el pago del 1 al 5 de cada mes, como el cese de pago en tickets. El gobierno, como es su costumbre, rehusó el debate, nos trató de demagogos y de bajo rigor técnico a nuestras propuestas (recuerdo que en febrero del 2004 propusimos el fin de los descuentos salariales, y a pesar de las críticas que recibimos, 15 días después el gobernador hizo anuncios en el mismo sentido).

La irresponsabilidad del gobierno, que a pesar de estar el recurso disponible dilata la discusión y tira todo para adelante (Todo por Venir), quizás sea la principal causa de la demora en el inicio de clases. Veamos, si el presupuesto aprobado prevé (en la partida 100 en forma directa y en el resto de manera indirecta, debido al diseño presupuestario para cumplir con la ley de responsabilidad fiscal) incrementos salariales que para el caso docente se sabía de antemano que podían ser del 15% por lo menos: ¿por qué tironear durante tres meses subiendo la oferta de a poco, como si fuera un comercio persa o un remate? Y una vez propuesta la oferta del 15 %, ¿por qué ofrecerla en tres tramos, si era posible presupuestariamente dar el aumento desde enero o febrero? De haber sido clara y sincera la propuesta en diciembre, la historia hubiera sido otra, con clases a partir del 1 de marzo.

Hoy se ha producido la solución del conflicto. La Unter centró su reclamo en un mínimo de $750 para el maestro inicial y a partir de ahí la pirámide salarial con el incremento. Creemos que con la incorporación al básico de las sumas en negro (lucha de más de 10 años de reclamo) y el 15% de incremento a partir del blanqueo, con un piso de $710 se pone fin (al menos por el primer semestre) a la contienda. Es decir que el gobierno podía cumplir con la demanda, pero eligió la dilación y el desgaste por el paso del tiempo, sin observar que si la educación es una prioridad tal cual reza el logo publicitario, debe ser por sobre todas las cosas en los hechos: «Que nuestros hijos no pierdan un solo día de clases».

Desde la oposición hemos sido contestes con los reclamos, pero desde la racionalidad y madurez. No podemos caer en la irresponsabilidad de proponer lo irrealizable en función de no ser nosotros los que ejecutamos la medida, bajo el riesgo de la carencia de seriedad. Ya esto último nos descalifica frente a la posibilidad de ser en el futuro quienes tengamos la responsabilidad de gobernar la provincia.

Desde hace dos años hasta aquí hemos propuesto el fin de las quitas salariales y lo pagos en negro, no más tickets, recuperación del salario, concursos para el ingreso a la administración publica, así como la oposición al despilfarro clientelar e innecesario. En el caso del conflicto educativo denunciamos, por ejemplo, que Educación gasta más en publicidad que en libros; que Familia gasta seis o siete veces más en becas (a punteros o amigos) que en becas a estudiantes otorgadas por el Ministerio de Educación; o que Coordinación aumentó al doble el número de agentes. Todos gastos que atentan contra el privilegio que debe darse a la educación de nuestros niños.

Para finalizar, resalto que más allá de la crítica y la denuncia (que la mayoría de las veces no alcanza a torcer el brazo del gobierno) a la que de manera soberbia nos responden que ganaron las elecciones y que tienen el mandato del pueblo (es conocido en la Legislatura el argumento de «ganen las elecciones y hagan lo que les parezca»), es nuestra responsabilidad, además, mostrar que tenemos ideas superadoras. Pero que sólo se llevan adelante desde la fuerza de gobernar los destinos de la provincia.

En este último sentido, construir ideas sobre educación es encaminar el debate en lo salarial, lo pedagógico, la infraestructura y la capacitación, todos en forma conjunta sin que uno excluya a otro. Y desde lo presupuestario, definir los recursos para llevar a cabo los cambios, que necesariamente deben incrementarse en cantidad y eficiencia sobre el gasto.

Entender a la educación como una inversión, motorizadora del crecimiento del país, es lo que motiva al presidente de la Nación cuando propone (lo hará a través de un proyecto de financiamiento educativo) aumentar el gasto en Educación del 3,75 del PBI al 6% de manera paulatina. Recordemos que cada punto de aumento significa 4.500 millones de pesos, lo que demuestra el peso del desafío.

En Río Negro, más allá de lo que corresponda como impacto de las decisiones nacionales, proponemos que el debate educativo motive a los funcionarios de turno en la misma decisión política. Si no ocurriere, nuestra segunda responsabilidad como oposición es concretar la propuesta y someterla al electorado de la provincia, que es el que tiene la última palabra sobre qué modelo de provincia quiere construir.

 

(*) Presidente del bloque de legisladores

del Partido Justicialista.