En seguridad, nublado

La causa en la que se juzga a dos vendedores de publicidad para una revista policial desnudó que tanto las autoridades como los contribuyentes reconocen que la policía no cuenta con presupuesto suficiente, y que las Cooperadoras y los organismos o proyectos comunitarios deben suplir ese defecto. En el marco de ese contexto, el gobernador Miguel Saiz, jefe natural de la Policía rionegrina, entregó plata para las necesidades policiales a la Cámara de Industria y Comercio de Roca, y en Bariloche proyectan crear un sistema de seguridad municipal, que deberán sostener los contribuyentes.

El tema de la inseguridad creciente y la incapacidad estatal para encontrar soluciones no es nuevo, y lo demuestra la circunstancia de que el gremio que agrupa a los agentes de seguridad privada es el que más creció en los últimos 15 años, y que junto con los remises, las agencias de seguridad son las que ofrecen mayor número de posibilidades laborales en las ciudades grandes.

El Estado tiene la potestad indelegable en materia de seguridad, y la responsabilidad de dar respuestas a los reclamos ciudadanos, pero por algún motivo, presumiblemente económico, existe una fuerte tendencia a delegar esa obligación. El gesto del gobernador Saiz, al aportar 10 mil pesos a una cámara empresarial para que los administre y cubra las necesidades inmediatas de la policía, además de descalificar a los funcionarios de la Fuerza que comanda demuestra que ve con buenos ojos que la seguridad pueda optimizarse sobre la base de donaciones de particulares, que ya son contribuyentes.

Frente a esta realidad, no se entiende bien qué papel interpreta la justicia en la causa por estafa que instruyeron contra dos vendedores de publicidad para una revista pseudo policial, a quienes le imputan haber simulado estado policial e invocado las carencias presupuestaria de la policía para solicitar onerosos avisos, cuyo beneficio se destinaría a reforzar la seguridad en la jurisdicción donde hacían la oferta. El fiscal sostuvo la acusación por estafa y pidió pena para los vendedores, y es probable que los condenen. Sin embargo, no se estableció si la publicidad realmente fue difundida en la revista «Magazine Policial», donde suscribieron artículos el juez Alberto Balladini y el comisario general Rogelio Lardapide, ni de qué manera se distribuye el dinero recaudado por los vendedores de anuncios. En todo caso, los ex altos jefes policiales que dirigían la publicación también debieron haber sido investigados, para saber si su vocación de servicio los motivaba a seguir comunicándose con la policía, o si la contrariedad de haber perdido el mando y los honores y ventajas del servicio activo los impulsó a conformar una asociación ilícita para lucrar con la necesidad del servicio de seguridad.

Mientras tanto, en conocimiento de que la inseguridad le quita el sueño a los barilochenses, los concejales Diego Breide, Andrés Martínez Infante y Beatriz Contreras proponen la creación de un Sistema Municipal de Seguridad, para «asegurar a sus habitantes las condiciones de seguridad necesarias para el goce efectivo de sus derechos como lo son la integridad psicofísica, libertad ambulatoria y la propiedad privada». En una ciudad donde sólo existen 3 semáforos y una cantidad poco mayor de sendas peatonales pintadas, el confuso proyecto aparece como un grito desesperado contra la sensación de inseguridad.

Serafín Santos