En un año, de López a De Vido
Hace poco más de un año, en junio de 2016, el ingeniero José López era sorprendido con sus bolsos llenos de dólares en un convento de clausura de General Rodríguez. La escena obligó a que vieran incluso los más ciegos. ¿Alguien podría haber imaginado entonces que Cristina Kirchner iba a estar hoy liderando encuestas en la provincia de Buenos Aires? ¿Que Julio De Vido recibiría calurosos abrazos y palmadas de sus colegas en el recinto de la Cámara de Diputados? Será del orden de la economía o de la lucha contra la corrupción, pero hay algo que el gobierno no ha hecho bien.
El oficialismo convocó a la sesión especial para expulsar a Julio De Vido de la Cámara baja sabiendo que perdería. Siempre será difícil explicar los motivos de una decisión de este tipo. El gobierno la fundó en la idea de dejar expuestos ante la sociedad a quienes defienden la impunidad de un hombre con cinco procesamientos y decenas de causas por corrupción. Para pesar de muchos, no se advirtió una ola de indignación general.
La sesión en Diputados sí permitió en cambio asistir a un ejercicio de autorreivindicación pública del arquitecto De Vido y, aunque pueda ser falsa, dejó una sensación de recomposición del kirchnerismo en la cámara, donde logró juntar, con aliados, cerca de 100 votos. Cualquiera haya sido la razón, y entre ellas cuentan oscuros compromisos, el caso De Vido volvió a unir tácticamente al kirchnerismo con un sector no despreciable de gobernadores peronistas. El gobierno podría haber completado así un extraño círculo: tras haber elevado a Cristina Kirchner como principal antagonista, propició un nuevo orden peronista en torno a la expresidenta. Todo esto, a dos semanas de las primarias.
La saga De Vido refleja las innumerables debilidades que presenta el oficialismo para manejar el frente judicial.
En busca de una agenda, el gobierno llegó casi sin opciones al tratamiento de la expulsión del ex ministro. El juez federal Luis Rodríguez había rechazado dos semanas antes un pedido de desafuero y detención del ex ministro en una causa por malversación de fondos públicos. Para esos mismos días, la procuradora Alejandra Gils Carbó daba una nueva prueba de resistencia ante un llamado a indagatoria por fraude, abuso de autoridad y cohecho. El gobierno volvió a tentarse en ese momento con la idea de un desplazamiento por decreto de la procuradora: Elisa Carrió lo frenó en un solo movimiento. Diez días antes, el oficialismo debió resignar un artículo clave de la ley que castiga la corrupción empresaria, con el que hubiera podido arrancar confesiones en el caso Odebrecht (el proyecto con media sanción de Diputados será discutido esta semana en una comisión de Senado). Las negociaciones de los abogados del gobierno con la empresa para conocer los nombres de las coimas ya habían quedado en la nada un mes atrás. La ley de extinción de dominio para recuperar los bienes de la corrupción, aprobada hace un año en Diputados, sigue fría en el Senado. En todos los casos se puede entender que el gobierno sea víctima de su debilidad. Pero nunca el responsable.
Cómo impacte la decisión en Diputados en los juzgados que investigan la corrupción podría ser algo efímero: para los jueces, importa más el resultado de la elección del domingo 13 de agosto. La Sala I de Cámara federal sin embargo definirá esta semana, a la vuelta de la feria, sobre el pedido de excarcelación del contador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares, detenido hace quince días por orden del juez Claudio Bonadio. Manzanares está acusado de obstruir la acción de la justicia en la causa Los Sauces, en la que están procesados Cristina Kirchner y sus hijos como jefes de una organización ilícita. En una videoconferencia con los jueces, Manzanares, un personaje insignificante, dijo que las condiciones de su encierro le han hecho comprender el sufrimiento de Nelson Mandela.
El gobierno tiene expectativas en que la agenda pos-feria definatambién las fechas del juicio oral contra De Vido por la tragedia de Once y contra Amado Boudou por Ciccone, además del veredicto sobre el exvicepresidente en el caso de falsificación de documento, por el que la fiscal pidió tres años de prisión en suspenso.
El tropiezo con De Vido en Diputados pone a prueba el discurso de campaña del gobierno, que muestra una alarmante falta de sustancia. Cuesta creer que se trate de una decisión estratégica. Ayer costó encontrar una idea inspiradora en el mensaje del presidente. La mejora económica aún no se percibe y la promesa de una reforma impositiva está lejos de generar entusiasmo en el conjunto de la sociedad. De ambos lados de la grieta, la expectativa se reduce, impensadamente, a si ella puede ganar o no.
Panorama nacional
El oficialismo convocó a la sesión para expulsar a De Vido sabiendo que perdería. Siempre será difícil explicar los motivos de una decisión de este tipo.
Datos
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