En Valle Medio crece la polémica por los radares

En Chimpay, pese a no contar todavía con autorización nacional, el municipio labró, en sólo cuatro meses, 20.000 actas de infracción a conductores. Crece la disputa sobre la legalidad de este tipo de acción en las rutas de la región.

La utilización de radares, como herramienta para el control de velocidad, disminución y prevención de accidentes, es utilizada en el Valle Medio por dos municipios. Hasta ahora es la única región en toda la provincia que tiene este tipo de controles. Pero con distintas metodologías: en Chimpay, cuna de Ceferino, se ha decidido optar, según sostienen las propias autoridades municipales, por la autonomía municipal mientras se esperan las homologaciones de Nación y de Provincia. Para muchos especialistas, algo que carece de legitimidad jurídica. Distinto es el caso del municipio de Darwin. Allí se decidió esperar contar con los permisos para montar los medidores de velocidad.

Chimpay continúa con su iniciativa y en cuatro meses, con algunas interrupciones, aplicó alrededor de 20.000 multas todas relacionadas con las velocidades tomadas con el radar. Una sencilla cuenta nos lleva a decir que las multas alcanzan un promedio de 5.000 por mes. El intendente de la localidad, Hugo Funes, sostuvo que existieron días que en sólo una mañana se realizaron hasta 180 multas. Esto dejó en evidencia que los automovilistas no respetan ni velocidades máximas estipuladas por la ley Nacional al cruzar una ciudad y tampoco la cartelería que marca que existe un radar. Si bien son muchas las multas, también es cierto que muchos viajantes respetan la velocidad. Esto ha hecho se bajen los riesgos de accidentes.

Trasladando esta pequeña estadística al plano económico, se estima que por las multas realizadas en los últimos cuatro meses el municipio estaría en condiciones de enviar actas de infracción por un valor de alrededor de 60 millones de pesos. De ese total, a comuna recibe una tercera parte. Es decir que si todos pagaran las multas podría recibir algo así como 20 millones de pesos. El propio intendente de Chimpay reconoció que está gestionando ante Vialidad Nacional la autorización para la instalación del radar. Mientras tanto está en uso, lo que abre una zona gris para discutir la legalidad de esta herramienta sin contar con la autorización de las autoridades competentes. Desde la comuna defienden basándose en la autodeterminación del municipio. “Nosotros avanzamos en la homologación, pero tuvimos un contrapunto con las autoridades nacionales y esto se ha visto demorado. Pero estamos seguros de que va a salir dentro de poco” señaló. Pero agregó que mientras tanto se podría contar con una homologación de carácter provincial. “Como salió la ley provincial 5253, que integra dos ítems: la de la alcoholemia y la de los radares., que está aprobada por la legislatura, pero falta la firma del ejecutivo, nosotros podemos tener la homologación provincial” mencionó el jefe comunal.

Mientras se esperan las autorizaciones, las multas se siguen realizando. Desde Nación aseguran que el municipio de Chimpay no está dentro de las localidades autorizadas para usar el radar.

En principio esto niega, por ahora, toda posibilidad de cobro para el municipio.

Por Ley, la autorización

es nacional

La colocación de radares en la zona del Valle Medio ha despertado distintas reacciones. Entre los vecinos cierta tranquilidad, porque ambos pueblos están atravesados por la ruta y no han sido pocos los accidentes. En su momento, los ciudadanos de Darwin pidieron al intendente la colocación del radar antes de semáforos. Entendieron que era mucho mejor esta herramienta para que, quienes transitan por la ruta, bajen la velocidad. En tanto en Chimpay, los conductores multados han mostrado su enojo ya que está poco claro si es legal o no hacer multas sin la autorización correspondiente de las autoridades nacionales. Meses atrás un camionero muy enojado se bajó de su vehículo y rompió la cartelería, enfurecido por algo que consideraba ilegal.

Cabe destacar que es la Agencia Nacional de Seguridad Vial la que autoriza y homologa la colocación y el uso de radares sobre rutas nacionales del país conforme con las leyes 24449 y 26363. Una vez realizado este trámite, las provincias y municipios mantienen potestad para regular en esta materia sobre sus corredores.

Dato

Datos

$ 60
Son os millones que podría intimar a pagar el municipio a los contribuyentes que recibieron actas de infracción.

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