En varios frentes

La absolución de Iribarren resonó como defensa corporativa.

Por Redacción





ALICIA MILLER amiller@rionegro.com.ar

La gestión del Frente para la Victoria en Río Negro se debate en varios ámbitos, todos igualmente difíciles. La situación financiera de la provincia es, ahora se sabe, bastante más compleja y difícil de lo que se suponía cuando, en diciembre pasado, asumió el primer gobierno de distinto signo político desde 1983. Miguel Saiz y sus funcionarios dejaron sorpresas en los cajones de sus despachos: la deuda es mayor, el gasto también, la nómina de personal, los juicios pendientes… La falta de información es, cuando de política administrativa se trata, toda una estrategia. El bosque no es más que una maraña que impide ver cada árbol. Lo que sucede en la aseguradora estatal Horizonte tal vez sea un buen ejemplo de lo que fue un estilo: para varios ex funcionarios, el Estado fue una caja de empleo, una chequera disponible para gastos partidarios y hasta personales y una oficina de negocios para cerrar acuerdos convenientes para todos con excepción de las finanzas públicas… Con los años, tales métodos fueron expulsando de los equipos de gobierno a personas valiosas. El nivel de calidad de sus cuadros políticos bajó considerablemente a medida que crecía la madeja de negocios y acuerdos espurios. Hoy, desenredar el ovillo demandará tiempo. Y en política esto –se sabe– se traduce en dinero y costos políticos. La gestión Weretilneck ya resiente la falta de uno y el peso de los otros. Difícilmente podrá lograr una mejora notable en la calidad de los servicios públicos en forma inmediata. Al menos, no hasta ordenar un poco las cuentas públicas, detectar y sellar los orificios por los que sigue filtrándose dinero del Estado y comenzar a generar ahorros. Gobernar es más que gestionar la escasez. Es una extraña combinación de gestos reales y simbólicos, que tienden a lograr una sensación en la sociedad de que quien gobierna tiene un rumbo y hay que dejarlo hacer. En múltiples formas, Alberto Weretilneck y sus funcionarios sienten que están en el lugar que deseaban pero en el peor momento. Como si Saiz y sus funcionarios hubieran dejado el terreno minado. Eso explica, en parte, la ofuscación del flamante oficialismo por las críticas de quienes –hasta hace unos meses– llevaron las riendas de la provincia. Para generar excedentes, el gobierno apuesta a la minería y a la renegociación de las áreas petroleras. Más allá del indudable debate que genera la cuestión ambiental referida a la megaminería, cuesta imaginar otra alternativa más “políticamente correcta” y que brinde recursos igualmente rápidos y suficientes. El desafío que enfrenta la gestión es caminar la delgada cornisa de aprovechar las ventajas de tales actividades sin dilapidar el capital ambiental de la provincia ni su propio caudal político. La Justicia que viene Mientras las cuestiones financieras y operativas condicionan gran parte del futuro del gobierno, se define un tema de sustancial importancia: la integración futura del Superior Tribunal de Justicia. El apuro por completar la mayoría en el organismo se tradujo en que la designación de dos jueces se realice en forma simultánea, lo que no resulta deseable. Salvo excepciones, el perfil de los candidatos a cubrir las vacantes es netamente político, lo que siembra dudas respecto de si no se repetirá –con otro signo– la misma historia que llevó al descrédito de la tríada que condujo el Poder Judicial en la última década. En otro plano, la absolución, esta semana, del juez de Instrucción Pablo Iribarren por parte del Consejo de la Magistratura –que juzgó su desempeño en la investigación del crimen que costó la vida a las jóvenes Verónica Villar y María Emilia y Paula González– planteó un sacudón en varios niveles de la sociedad. En el micromundo tribunalicio, el juzgamiento preocupó a jueces y fiscales, que calificaron la cuestión como si se tratara de un reproche vago e impreciso que, por extensión, amenazara de inestabilidad a toda la judicatura. Por otro lado, la absolución sin debate público del fallo agrandó la ya considerable distancia entre la visión que tienen de la Justicia los ciudadanos comunes y los sectores que conforman el Consejo de la Magistratura: abogados, legisladores y funcionarios judiciales. No es el error humano lo que estuvo en tela de juicio del accionar de Iribarren. La equivocación –por más molesta que resulte a quienes padecen sus efectos– es un riesgo que todos corremos. No implica una disfuncionalidad ni un delito. La multiplicidad de partes, precisamente, tiende a minimizarla con las diversas miradas sobre la marcha de un proceso. Lo único que el Consejo de la Magistratura puede revisar –y debió hacerlo en este caso– es la negligencia o la violación a las normas. En la acusación contra Iribarren había de todo y eso, tal vez, confundió a propios y extraños. Si el juez fue más o menos perezoso es, a todas luces, opinable. No lo son en cambio otras tres imputaciones muy concretas que refieren violaciones a las normas. Ésas sí debieron ser resueltas con alguna sanción al juez, no ya por el efecto que tuviera en relación con el triple crimen sino como mensaje al resto de la judicatura y a la sociedad. Esos tres cargos son, precisamente, los que reunieron mayor cantidad de votos a favor de una sanción. Aquellos en los que el presidente del Consejo de la Magistratura, Jorge Bustamante, se unió al voto de las legisladoras del Frente para la Victoria Ana Piccinini y Arabela Carreras: – La delegación indebida de la responsabilidad de la investigación en comisiones policiales no designadas por él, que tomaban testimonios y pedían medidas de prueba a las cuales el juez accedía sin requerir fundamentos ni asumir la dirección del proceso. – El haber ordenado allanamientos infundados e intervenido sin fundamentar y por tiempo prolongado el teléfono del padre de una de las víctimas. – El acuerdo al que llegó con el único imputado –Claudio Kielmasz– para que éste llamara desde un teléfono del juzgado a los Yacopino en siete oportunidades con la intención de incriminarlos. Esta forma de obtención de pruebas no está prevista en las normas, equivale a una intervención telefónica, y la dispuso Iribarren sin resolución fundada, sin dar cuenta al fiscal y violando el derecho de defensa de los Yacopino, sobre quienes no pesaba una sospecha razonable. El rechazo a todos los cargos formulados por la mayoría del Consejo no convenció. Si quienes así votaron querían no ser demasiado severos, podrían haber aplicado al menos una suspensión. La absolución –aun admitiendo en varios casos fallos en el accionar del magistrado– dejó la impresión de una actitud corporativa, que se vio reforzada por el último acto del controversial enjuiciamiento: la renuncia verbal de Iribarren, pasada la medianoche y tras conocer la sentencia que lo absolvía. El respeto a las formas y a las leyes es indispensable en la actividad judicial. Por esa razón –por ejemplo– fue separado de su cargo de juez de Villa Regina Alberto Cariatore. La igualdad de trato frente a iguales conductas es la base de toda idea de justicia.


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