Encerrona

El debate en torno de la «readecuación» del contrato con Catedral Alta Patagonia SA para sumarle la ladera sur a la ladera norte que ya opera, ha sido amplio pero no suficiente.

En principio, es claro que CAPSA es una empresa incumplidora, un pésimo ejemplo de lo peor de la «patria contratista».

También lo es que las cosas comenzaron hace mucho y con gente más que conocida: fue Horacio Massaccesi quien, como gobernador, junto con su ministro de Turismo Antonio Torrejón, condujo la licitación Nº 01/92 que concluyó con la fusión de dos de los oferentes, el retiro de un tercero y la derrota de Robles Catedral, competidor hasta hace un año de la otra cara del cerro. El 1 de diciembre de 1993, gobernador y ministro anunciaban con bombos y platillos el contrato original de la ladera norte, firmado finalmente el 14 de abril de 1994. Ese mismo contrato hoy merece los peores calificativos por parte del fiscal de Estado, Alberto Carosio.

Carosio, quien por aquel entonces era secretario del bloque parlamentario del radicalismo e integrante del Comité Central de ese partido, señala hoy que «el contrato original no incluyó antecedentes, ni definición de terminología; no preveía el contrato de la ladera sur; no consignaba con precisión los derechos y obligaciones de las partes; no establecía con claridad el modo de calcular el canon anual -lo que dio lugar a múltiples conflictos desde entonces-; no preveía un mecanismo de actualización del canon mientras durara la concesión; no contemplaba intereses en caso de mora; no incluía una garantía de inversión; no contemplaba causales de rescisión del contrato, ni preveía la posibilidad de compra de los medios de elevación y otros bienes por parte de la provincia al fin del contrato.

Esto lleva a hacerse una pregunta: un contrato con tantas falencias, ¿cómo pudo ser aprobado por el entonces fiscal de Estado, Pedro Casariego, quien precisamente en esos meses pasó a integrar el Tribunal de Cuentas junto con el anterior contralor, Rubén Darío Gianni, cargo en el que los dos permanecen? ¿Esos organismos estaban de adorno?

Segundo acto: mientras duró la concesión, la empresa originaria y luego su sucesora al frente de la concesión incumplieron casi todo, la inversión, el canon, no pagaron lo correspondiente por ingresos publicitarios, adeudaron impuestos… Como resultado, se les aplicaron multas que -según el prohibimus presentado por la Mesa Productiva de Bariloche- nunca fueron pagadas, y la provincia nunca hizo algo por ejecutarlas.

El tema es que fueron y vinieron juicios y demandas, mientras año a año la empresa seguía facturando. Hoy, su titular, Alberto Lamota, invoca que los incendios en zonas cercanas, la falta de nieve, el hantavirus y hasta la recesión fueron las razones por las cuales no pudo cumplir. Y el empresariado barilochense responde que todas esas razones los afectaron a todos ellos, pero nadie les ha perdonado por ello que no cumpla con sus obligaciones. En fin, la empresa se presenta en concurso preventivo, y en ese expediente la provincia reclama 1.500.000 pesos, y por alguna razón omite reclamar otros 500.000 pesos de impuestos adeudados a Rentas.

Tercer acto: finaliza la contratación de la ladera sur con Robles Catedral y Catedral Alta Patagonia reivindica un compromiso contractual de traspasarle los servicios a medida que vayan venciendo las concesiones. Pero no cumple con lo suyo y está en concurso, por lo cual en el 2003 Verani pide un dictamen a Fiscalía de Estado que Sergio Ceci responde en forma taxativa: CAPSA no puede contratar porque está en concurso y el Reglamento de Contrataciones de la provincia lo impide, pero -a su vez- el riesgo inminente es el colapso de los servicios en todo el cerro, con todo lo que esto significaría para toda la economía de Bariloche. Conclusión: por decreto 1.493/03 se intima a la firma a ponerse en aptitud de contratar con el Estado en 90 días, a riesgo de que se le rescinda el contrato del que goza actualmente.

Así las cosas.

Ahora bien: Saiz hace caso omiso de la prohibición legal de contratar con una empresa concursada y firma -el pasado 16- el contrato nuevo con CAPSA. Inmediatamente, lo manda a la Legislatura y, corriendo, su vice Mario De Rege convoca a tratarlo en extraordinarias. ¿Por qué el apuro? Porque buscan evitar que venza el plazo de 90 días que le otorgó a la empresa el decreto 1.493/03 para ponerse «en regla», bajo riesgo de rescisión de su contrato actual.

Una cosa es clara: Saiz violó una ley al firmar el contrato.

Dos hipótesis son posibles para explicar tamaña actitud de inobservancia de la ley: la primera, pensando mal, lleva a suponer que lo hizo por espurios acuerdos con la empresa. (A pensar mal, lamentablemente, nos han acostumbrado dirigentes con los que ha compartido Saiz la función pública).

La segunda, pensando lo mejor: supongamos que lo ha hecho imaginando la debacle económica que significaría la sucesión de estos hechos hipotéticos: 6 de marzo vence el plazo; CAPSA sigue en concurso y con deudas; se le rescinde el contrato de la ladera norte; la ladera sur está con desinversión y mal mantenida por la provincia. Conclusión: este invierno no hay Catedral como centro de excelencia; los turistas exigentes se van ofuscados; las empresas de turismo que «venden» el Catedral en el mundo dejan de hacerlo; en Bariloche, una ciudad de más de 100.000 habitantes, muchos de ellos pobres, no hay trabajo, se incrementa la conflictividad -ya bastante alta-, el Estado debe salir en auxilio de la emergencia social; el futuro para temporadas siguientes es incierto…

Cabe aclarar que aun cuando esta encerrona es real, hay varios puntos que el gobernador no puede ignorar:

– El temor a una crisis no es argumento para violar normas, aun cuando prometa modificar esas normas a posteriori.

– La ciudadanía rionegrina no está en condiciones de soportar más soberbia política de la que ya ha padecido.

– Si es cierto que el contrato original y diez años de sospechosa tolerancia con Catedral Alta Patagonia le reducen el marco de acción al gobierno actual, también lo es que él puede hacer algo para remediarlo: denunciar penal o políticamente a los responsables de rifar de ese modo la potestad del Estado provincial. Es decir, quienes firmaron el contrato original y quienes nada hicieron para que la empresa cumpliera sus obligaciones en dinero y obras.

A los legisladores y a la Justicia corresponden ahora reencauzar este expediente para devolverlo a la legalidad. De lo contrario, estaremos otra vez en el «todo vale».

Alicia Miller

amiller@rionegro.com.ar