Energía y desarrollo: una nueva expectativa



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El nuevo gobierno encabezado por Carlos Soria y Alberto Weretilneck tendrá que fijar políticas en el sector energético. Desde hace varios años que no hay políticas en este sector. Las decisiones deberían responder a políticas de Estado en la industria hidrocarburífera y en el sector eléctrico. Un tema –seguramente a considerar por lo nuevos gobernantes– será la posible creación de un organismo que nuclee todo lo concerniente al sector de los hidrocarburos y energía. La realidad indica la necesidad de una adecuada instrumentación de planes y políticas coordinando los sectores, que tenga como principal objetivo el desarrollo provincial y la industrialización, creando valor agregado en origen, en lo posible. El nuevo gobierno que asumirá el próximo 10 de diciembre tendrá –entre otros temas de importancia y urgencia– que resolver sobre el nuevo período de gestión de la concesión de Edersa y tendrá que llamar a una licitación pública nacional e internacional, donde se determinará si el concesionario seguirá siendo el actual u otro. En este punto, cabe mencionar que –en materia de desarrollo del sistema para atender las necesidades de infraestructura– el actual concesionario del servicio (luego de 15 años de gestión) no se ha preocupado en contribuir al desarrollo eléctrico provincial, por lo que cabría preguntarse si sería conveniente su continuidad en la prestación de este servicio público por otros diez años. No son temas menores. Dado que la fijación del nuevo cuadro tarifario y el llamado por un nuevo período de gestión están íntimamente relacionados, porque las tarifas que abonarán los usuarios en la factura hacen a la caja de la empresa prestadora. Llama poderosamente la atención que el EPRE haya resuelto la revisión tarifaria pocos días antes del cambio de autoridades. Más llamativo aún si consideramos que el incremento tarifario es bastante superior al 13% (25% según algunas fuentes confiables) que se trasmitió a los medios. A este incremento de los costos de distribución (VAD) seguramente habrá que sumarle los incrementos que se produzcan por la disminución de los subsidios nacionales en los precios de la energía mayorista. Las decisiones que se tomen repercutirán indefectiblemente en los aproximadamente 175.000 usuarios y en la actividad agro-productiva-industrial de la mayor área de concesión de la provincia de Río Negro. Sumado a esta situación, nos encontramos con la desinversión en el sector eléctrico de Río Negro; un deterioro progresivo de los últimos siete años y que se manifiesta en la calidad del servicio. El sistema de distribución es precario en varios puntos de la red, con dificultades para atender los suministros existentes y para satisfacer los nuevos. La llamativa permisividad estatal ha facilitado la desinversión en el sistema, no encontrándose el mismo en condiciones de acompañar el crecimiento de la demanda y el desarrollo provincial. La permisividad y debilidad del Estado han sido determinantes en la actual situación del sistema. Además es necesario que el Estado realice planes de desarrollo y de expansión de la red, para llevar el suministro en condiciones de regularidad y confiabilidad del servicio a lugares de la provincia que lo necesitan para tener una mejor calidad de vida y satisfacer la demanda de actividades industriales y productivas. Es impensable que los concesionarios privados lo vayan a hacer. Ya hemos visto que no les interesa. Por otra parte, la falta de transparencia del ente regulador ha sido una constante. Los usuarios no pudieron conocer cómo, cuándo y en cuánto el ente regulador había aplicado sanciones a la concesionaria por calidad de servicio técnico, calidad de producto técnico y calidad de servicio comercial. Tampoco los usuarios conocen cuál es el presupuesto del sobredimensionado ente. Cuando un grupo de usuarios trató de informarse (incluso judicialmente), fueron ignorados, destratados y finalmente no informados del accionar que constitucional- mente cualquier organismo debe poner a disposición de los ciudadanos. Los usuarios, con un interés legítimo, querían conocer el monto de las sanciones, dado que esos montos debían ser acreditados en las facturas. El organismo regulador tiene que actuar con mucha transparencia en todos sus actos y en las medidas que implemente. La falta de transparencia genera dudas sobre las motivaciones de su actitud. Y este organismo no debe estar en duda. Los usuarios tienen todo el derecho a la información. El derecho a la información se deriva del sistema republicano de gobierno, que asigna a los ciudadanos una función primordial en el control de la actividad pública. El nuevo gobierno tiene la oportunidad única e irrepetible de introducir los cambios necesarios contractuales y normativos para mejorar, en beneficio de los usuarios y del desarrollo productivo provincial, la prestación de los servicios públicos. El gobierno que deja su mandato en diciembre jamás habría podido realizar los cambios que se necesitan, aunque hubiera ganado las elecciones. En cuanto a la industria hidrocarburífera, el nuevo gobierno debería dar señales claras a las empresas y a los trabajadores sobre el camino que piensa seguir con la revisión de los contratos de concesión. Las operadoras serán muy prudentes en las decisiones de inversión si no tienen en claro cuáles son los objetivos que plantea el gobierno y cómo se llegará a ellos. Sólo hay que ver lo que ha hecho el gobernador Sapag en Neuquén con gran éxito para lograr resultados. Porque ningún gobierno puede darse el lujo de que se frene el desarrollo de la producción hidrocarburífera. La posición del gobierno provincial frente a los recurrentes conflictos con los superficiarios, los cortes de accesos a los yacimientos y la actitud y gestión del gobierno referente a los precios serán señales que se seguirán con gran atención. La industria es una gran generadora de empleos directos e indirectos y mueve una masa de dinero nada despreciable para cualquier economía, pero para invertir requiere de políticas y reglas claras, de modo que los distintos actores puedan planificar y desarrollar con un horizonte de previsibilidad –al menos– a mediano plazo. Hay una nueva expectativa. (*) Ex presidente del EPRE; ex presidente del Comité Ejecutivo del Consejo Federal de la Energía Eléctrica

Enrique A. Oehrens (*)


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