Enfermedad y oportunismo

Hace unos días se publicó en este diario una nota firmada por la legisladora provincial Magdalena Odarda, titulada «La enfermedad de la dependencia». Quien haya tenido la oportunidad de leer dicha nota recordará que la legisladora puso en evidencia la fuerte desventaja financiera que sufren las provincias frente al gobierno central, y utilizó la metáfora de «Juan», un pobre trabajador a destajo que no es recompensado por su patrón de acuerdo con el valor real de su trabajo para indicar la supremacía económica y política del poder nacional por sobre los distritos provinciales.

Coincido con la legisladora en dos puntos clave de su nota: por un lado, es evidente que muchas provincias -incluida la nuestra- han cedido terreno en términos financieros frente al poder central y, por el otro, es obvio ante los ojos del más desprevenido que la reciente decisión del gobierno nacional de coparticipar el 30% de lo obtenido a través del pago de las retenciones a la soja, es una medida que en forma aislada distará de darle una solución al problema estructural financiero de Río Negro y de varios otros distritos, incluido Buenos Aires, que este año inexorablemente cerrarán sus cuentas fiscales en déficit.

Sin embargo, no escapan a mi atención la forma en que dicha nota fue elaborada y el momento en que fue presentada, razones que me han impulsado a intentar esclarecer algunos puntos relevantes que la misma omite, sea por descuido o por oportunismo, y otros que menciona en forma errónea o desinformada. En cuanto a las omisiones, obsérvese que la nota de Odarda se dedica meticulosamente en varios párrafos a describir a los actuales legisladores nacionales de la provincia como personajes huidizos, desinteresados de la situación que viven y padecen los rionegrinos y obsecuentes con el poder nacional y, sorprendentemente, pasa por alto la ardua y continua labor que es llevada a cabo en el Congreso Nacional para defender el federalismo e intentar «emparejar la cancha» en lo que a transferencias Nación-provincias se refiere.

Por ejemplo, la legisladora habla del impuesto al cheque, pero omite la presentación de un proyecto de mi autoría exigiendo la distribución de la totalidad de lo recaudado a través de la ley 23.548 de Coparticipación, lo cual significaría un incremento de más de $7.000 millones a ser distribuido entre las provincias (expte. 3.511-S-08). También pasa por alto mi constante reclamo respecto del cumplimiento de la garantía mínima de coparticipación al conjunto de las provincias, estipulada en un 34% del total de recursos recaudados por la Nación, según la legislación vigente (expte. 2.950/08).

Si esta garantía fuera respetada, significaría, de acuerdo con cifras del Presupuesto Nacional 2009, un aporte adicional de $32.000 millones en concepto de transferencias automáticas para el conjunto de las provincias.

Tampoco se acuerda la legisladora de los esfuerzos hechos en el 2008 desde mi banca en el Senado para que se eliminara gradualmente el aporte del 15% de la masa coparticipable para financiar a la Anses -unos $26.000 millones en 2008-, otra resignación importante de recursos para las provincias que debería haberse corregido tras la reciente estatización de las AFJP (expte. 4.356/08); la creación de un Fondo Especial Frutícola para respaldar financieramente a los pequeños y medianos productores (exp. 1.537/08); el pedido de incorporación de Río Negro entre los beneficiarios del Fideicomiso del Gasoil (expte. 1.034/08); entre otros. Si la legisladora omitió todo esto al preparar su nota, debería al menos haber reparado en la constante referencia desde mi banca a la defensa del federalismo, tanto en mis intervenciones en el recinto como en frecuentes declaraciones en los distintos medios.

Hay otros puntos de su nota que en algunos casos pueden leerse como resultado de una mala interpretación o simple desinformación. Por ejemplo, la reducción relativa de la masa coparticipable que sufren hoy las provincias es un fenómeno mucho más reciente del que Odarda sugiere, aludiendo una reducción «dramática» del monto coparticipable «sobre todo luego de la (última) dictadura militar».

En realidad, el cambio en el reparto de los recursos entre Nación y provincias, que perjudica a estas últimas, tiene que ver fundamentalmente con dos medidas originadas por la última crisis: la primera fue la reintroducción del denominado «impuesto al cheque», de acuerdo con un esquema de reparto claramente desventajoso para las provincias. Me he cansado de reclamar en estos últimos años por una distribución más equitativa entre Nación y provincias de lo recaudado por dicho impuesto, sobre todo teniendo en cuenta la bonanza económica que revirtió drásticamente las condiciones impuestas por la última crisis.

La segunda medida que origina el desbalance financiero entre Nación y provincias tiene que ver con la puesta en vigencia de los derechos de exportación o «retenciones» a partir del 2002. En virtud del conflicto desatado entre el gobierno nacional y el sector agropecuario, el efecto pernicioso de las retenciones, que representaron unos 36.000 millones de pesos en el 2008, es hoy conocido por muchos: desalientan la producción, generan una carga a veces confiscatoria sobre algunos productos, y también un esquema financiero que privilegia a la Nación y desvirtúa la naturaleza del federalismo fiscal. Obsérvese que el esquema actual de retenciones no sólo incide en forma directa, al captar recursos generados en las provincias productoras sin ningún mecanismo de redistribución hacia estas últimas -al menos hasta hace un par de semanas-, sino que también incide en forma indirecta, al erosionar la base imponible del Impuesto a las Ganancias, que sí es coparticipable.

Mi posición al respecto de los efectos del vigente esquema de retenciones a la exportación de productos primarios ha quedado plasmada en un proyecto de ley de mi autoría (expte. 2.280/08), que logró una amplia adhesión por parte de los productores y que podría haberse convertido en una salida racional del conflicto, al plantear un esquema de retenciones móviles que incluía un tratamiento específico para pequeños y medianos productores, e introducía la creación de un programa integral de promoción de la producción agropecuaria.

Para finalizar, la nota de la legisladora carece de consistencia lógica: expresa su preocupación ante el actual esquema financiero Nación-provincias, que asfixia y apremia a estas últimas, pero a la vez critica que se dé la bienvenida al anuncio de nuevos fondos coparticipables vía retenciones, sugiriendo además -sin fundamentos claros- su presunta utilización con fines proselitistas. Voy a pensar, con la mejor intención, que esto se debe a la inexperiencia de la legisladora en cuanto a la gestión financiera de una provincia.

PABLO VERANI (*)

Especial para «Río Negro»

(*) Senador nacional por Río Negro

PABLO VERANI