Entre el derecho legítimo y el fundamentalismo

Reconocidos por la Constitución. Amparados por leyes nacionales y provinciales. Albergados por el Estado en organismos públicos…

Distintas puertas se abrieron durante las últimas décadas para respetar derechos y tradiciones de las comunidades indígenas en la Argentina.

Sin embargo, como en todo espectro que pretende ser organizado, confundir puertas con ventanas suele restar legitimidad a la lucha por acceder a nuevos espacios. Y mucho más si las manos que sostienen las banderas del reclamo poco tienen que ver con los «pueblos originarios».

Un neologismo identifica esta conducta como «mapuchismo». Para algunos se trata de un reduccionismo despectivo que afecta a investigadores y distintos actores sociales que procuran poner en valor la identidad del pueblo mapuche. Para otros, una definición precisa sobre el fundamentalismo que encierra a gremios, organizaciones sociales y dirigentes políticos detrás del difuso objetivo de «recuperar de tierras ancestrales».

Río Negro no escapa al escenario general. Dentro del plano institucional, el Estado provincial creó años atrás el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas, que funciona dentro de la órbita del Ministerio de Gobierno. Actualmente, el director representante y coordinador es Florentino Huircapán.

Los miembros del Codeci tuvieron un complejo inicio de relación con el nuevo ministro de Gobierno, Diego Larreguy.

La «orden» que envió semanas atrás Huircapán a la Policía, para que no acate una resolución judicial que establecía el desalojo de tierras ocupadas en la zona ribereña de Roca, le valió un severo reproche de parte del ministro, quien se reunió con la jueza Adriana Mariani y después de analizar el expediente ratificó su convicción de que la acción de la comunidad Kospi constituye una usurpación.

Aun esa línea fijada por Larreguy, la abogada Ana Huentelaf, una de las asesoras del Codeci, declaró más tarde a la agencia APP que el Estado provincial «está sorprendido de cómo hoy las comunidades indígenas reivindican su derecho», entendiendo también que en la sociedad hay «una campaña de desprestigio» al derecho de los indígenas de recuperar sus tierras.

Desde Gobierno también esclarecieron que la comunidad Kospi no figura en el listado inicial que el Codeci hizo en febrero, donde se reconocieron 22 grupos indígenas asentadas sobre territorio rionegrino, a los cuales no se desalojará por amparado de la ley nacional 26160.

A pesar de ello, la familia Rojas Huenelaf mantiene el respaldo de la CTA para seguir adelante con la ocupación en Roca, invocando derechos ancestrales que poco asidero tienen cuando se habla, según la confirmación de fuentes judiciales y de Gobierno, de un lote de tierra que 70 años atrás no existía, porque por allí sólo pasaba el río Negro.

Sin embargo, este no es el único caso emblemático de Roca, donde a principios de esta década distintas organizaciones se encolumnaron detrás de la bandera mapuche para oponerse a la instalación de la bodega Escorihuela en Paso Córdoba. En aquella época se entabló una batalla legal para impedir que la firma desarrolle un emprendimiento productivo sobre 300 hectáreas cedidas por el municipio, argumentando que el sector -conocido como «la bajada de las vacas»- pertenecía a familias radicadas allí hace más de 70 años.

La estrategia utilizada entonces fue constituirse legalmente como comunidad (Leufuche) e ingresar en un registro nacional de comunidades indígenas, para poder enfrentar el eventual desalojo mediante las distintas leyes y convenios respecto a los derechos indígenas que tiene Argentina.

Hoy, casi una década después del conflicto, las consecuencias están a la vista. Ni mapuches utilizando las tierras ni desarrollo productivo privado.

HUGO ALONSO halonso@rionegro.com.ar