Entre el infierno interno y los paraísos fiscales

Alberto Fernández (*)

Ricardo Jaime y Lázaro Báez han sido detenidos. Al primero se le atribuyen incumplimientos en sus deberes de funcionario público y haberse enriquecido ilícitamente. Al segundo, haber realizado maniobras tendientes a lavar dinero cuya legitimidad parece no haber podido explicar hasta aquí. Los dos han sido elegidos por la Justicia como emblemas de un tiempo de actuación penal que busca no dejar impune la corrupción pública. Aunque más vale tarde que nunca, algunos jueces parecen haber reaccionado a cierta demanda social nacida a partir de diversas investigaciones periodísticas. En ese contexto interno, el mundo se ha conmovido con los Panamá Papers, otra revelación periodística que da cuenta de operaciones oscuras realizadas en paraísos fiscales por diferentes personalidades, entre ellas el actual presidente de la Nación. De ese modo, Mauricio Macri ha ingresado al mundo de los “sospechados”. Acaba de ser imputado penalmente por un fiscal federal. Tratando de investigar con qué propósitos esas sociedades fueron creadas en Bahamas, el fiscal le atribuye al presidente no haber declarado su condición de director de las mismas. En principio, es posible creer que el presidente no ha cometido ningún delito. No tenía obligación de declarar empresas que no eran parte de su patrimonio y, de ser cierto que esas sociedades no registraron operaciones, no existirían argumentos que pudieran afectar a los directores que las administraban. Sin embargo, que su proceder no merezca reproches penales no torna valiosa su conducta de haber sido director de una empresa offshore. Las sociedades que se registran fuera del lugar de residencia de los inversores y en países en los que la tributación impositiva es nula (paraísos fiscales) reconocen dos únicas intenciones: blanquear dinero o eludir impuestos. Macri ha dicho que esa sociedad no ha registrado operaciones. Tal vez haya sido así. Pero lo que no dice es que de haber operado sólo habría servido para tales propósitos, nada loables por cierto. Siendo así, que el presidente de una república asuma la dirección de empresas que reconocen semejantes fines es de por sí negativo. Hay muchas conductas disvaliosas que merecen reproche. Y aunque no todas alcancen categoría delictiva, no por eso dejan de ser reprochables. Eso es exactamente lo que ocurre en este caso. Seguramente la investigación penal que acaba de abrirse contra el presidente no constituya delito y acabe archivada. Pero por eso solo el hecho en sí no dejará de merecer el reproche social. Mauricio Macri debería asumir la cuestión de una manera más comprometida. No alcanzan las explicaciones displicentes ni parece ser suficiente encontrar una salida en un resquicio formal. Es conocido su vínculo con el grupo financiero y comercial que regentean su padre y sus hermanos y es sabido que en ese conglomerado de empresas él tiene intereses patrimoniales. También ha quedado al descubierto que ese grupo de empresas ha constituido y mantiene operativas una serie de sociedades offshore. Que las empresas de la familia del presidente hayan hecho suya la práctica de manejarse con compañías radicadas en paraísos fiscales ponen sobre él una mácula con la que por ahora deberá cargar. Hay además otras cuestiones que deberían preocuparlo. Acabamos de enterarnos de que quien fuera su secretario de Hacienda durante los ocho años en que fue jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y responsable económico de todos sus emprendimientos políticos ha constituido una sociedad en Panamá y manejaba una cuenta en Suiza y que su hermano Gianfranco mantiene operativas ocho sociedades offshore, cinco de las cuales fueron constituidas apenas dos días después de que Mauricio Macri asumiera como jefe de Gobierno. Ninguno de estos aspectos pueden soslayarse. Sólo enturbian la conducta presidencial. Nuestro país atraviesa un momento difícil. Una economía que no logra encarrilarse acaba por constituir un marco de apatía social preocupante. Parte de esa apatía ciudadana es la que determina la demanda social de transparencia a una dirigencia empresaria, sindical y política que hasta aquí ha transitado muchas veces por los senderos de la marginalidad legal. La condición para escapar a este escenario es asumir responsablemente la dimensión de la crisis. En esta Argentina dividida, no se trata de minimizar la inconducta de los propios y de potenciar la de los otros. No se salva a un corrupto poniendo en la palestra al corrupto “ajeno”. Se trata de asumir que en tal caso dos son los corruptos. De asumir, a fin de cuentas, que el virus nos ha contaminado a todos. Si creemos que la enfermedad es del otro, todo será doloroso. Pero si como sociedad nos sabemos enfermos, tal vez podamos iniciar el tratamiento que nos recupere y nos sane. (*) Exjefe de Gabinete. Profesor de Derecho Penal y Procesal Penal, UBA

Opiniones


Alberto Fernández (*)

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora
Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative
Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Formá parte de nuestra comunidad de lectores

Más de un siglo comprometidos con nuestra comunidad. Elegí la mejor información, análisis y entretenimiento, desde la Patagonia para todo el país.

Quiero mi suscripción

Comentarios