Entre silencios y bruma

Por Carlos Torrengo

El mando es algo más que expresión de poder. Es -sobre todo- un tema moral.

Y es así porque genera políticas que se conforman o no al bien común y establece un sistema de dominación que es o no conforme a la dignidad humana.

Así, cuando el mando genera penumbra con sus acciones, no se ajusta ni al bien común.

Y penumbra generó esta semana el gobierno rionegrino en relación con la intimidación sufrida por este diario. Su silencio sobre el hecho fue roto recién ayer por el gobernador Verani, al tomar en nota una sugerencia de su ministro Daniel Sartor dicha casi al oído del mandatario. (Ver página 17)

Pero la respuesta no disipa el convencimiento de que el poder nunca tuvo el más mínimo interés de reaccionar con celeridad frente a la intimidación.

Inquieta, además, que el silencio se quebrara inducido por una sugerencia. Porque esto implica leer que, de no haberse percatado Sartor que Verani debía abordar el tema, el «mutis» oficial seguiría siendo tan pétreo como lo fue durante más de un día y medio.

Impresión que se acentúa cuando el responsable institucional más directo en el manejo de la seguridad de los rionegrinos se hizo el distraído.

Ni siquiera tuvo en cuenta la autonomía que le da el cargo para expresarse ante temas que hacen a esa seguridad. Esta fue la conducta seguida por el ministro de Gobierno, Esteban Rodrigo: mirar para otro lado.

Patéticos roles signa el peregrinaje de dos ministros de gobierno de la administración Verani ante casos no comparables, por supuesto, de la vida provincial de estos años. Un arco donde se destaca el verborrágico y contundente Horacio Jouliá asegurando, a 48 horas de haber sucedido, que el triple crimen estaba resuelto. Y arco que también computa a Rodrigo y su disciplina monarcal al cerrado de sacristía que se impuso el gobierno de frente a la intimidación en cuestión.

El gobierno podría realizar un sólido aporte a la oxigenación de todo este proceso si explica las razones de su «mutis». Pero no lo hará.

Y entonces seguirá abonando la impresión de que conoce algo más que pormenores de la intimidación. Y que, en consecuencia, esa información daña a algún rincón muy importante del esquema del poder oficial y del partido radical.

Acto seguido, todo un gobierno poniendo cara de otario.

Porque incluso cuando desde alguna franja del poder se opinó sobre la intimidación, se hizo con reflejos lentos, casi como dudando sobre el paso a seguir. Ese fue el caso del vicegobernador Bautista Mendioroz y no pocos diputados radicales.

Este medio no necesita del respaldo de un comunicado oficial para lidiar con intimidaciones. Ante ellas, se reafirma en seguir haciendo periodismo desde sus convicciones.

Pero reflexiona sobre la conducta del gobierno en el caso, porque resulta atrayentemente llamativo que intimidación y silencio se conjuran horas después de que este medio publicara una nota sobre la relación económica que mantiene el gobernador con el empresario Domingo Mocciola, principal beneficiario vía el método de contratación directa, de obras públicas en la provincia.

«Nada ilegal», dijo el ministro Coordinador, Gustavo Martínez, al definir aquella relación. Pero lo eventualmente legal no anula interrogantes sobre la naturaleza y condiciones de esa relación.

Porque del sistema de contratación directa emerge también mucha bruma. Al liquidar la licitación como herramienta de competencia, libera las puertas para manejar la obra pública en términos a los que eventualmente no son ajenos los favores y compromisos de la más variada gama.

Y el sistema funciona con empresarios que, al estar dentro del sistema, son fieles al poder. Se vio claramente el martes, cuando rodeado de empresarios de la construcción, el gobernador se defendió de lo dicho por este medio. Devolución de gentilezas: con más o menos obras, siempre todos están en condiciones de agarrar algo.

Pero claro, si surge la necesidad de favores y compromisos, la obra pública se encarece. Y el pato lo pagan los usuarios.

Este es el resultado final de un sistema significativamente perverso. Favores y compromisos que también sirven para financiar la política.

Un vínculo que viene de lejos.

– Tengo la impresión de que a poco andar mi gobierno, de la mano de Daniel López, el IPPV se convirtió en caja del partido- dijo en una oportunidad el radical Osvaldo Alvarez Guerrero a un periodista de este diario.

– ¿Y qué querés que haga, que no meta plata y entonces me quede sin obras?- le dijo al peronista Remo Costanzo un empresario de la construcción. Fue en el Hotel Bristol de Roca.

En un día de bruma y lluvia de mayo del «95.


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