Enviaron a la alcaidía a un escribano de Bariloche

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- La jueza Silvia Baquero Lazcano ordenó la captura del escribano Raúl Echevarría, y una vez detenido, dispuso que lo alojen en la alcaidía local hasta tanto se realice el juicio por las nuevas imputaciones que existen en su contra.

La detención del profesional tiene su origen en una importante estafa cometida contra la Dirección de Rentas de la provincia de Río Negro entre 1991 y 1994, por la que resultó condenado a tres años de prisión en suspenso y diez de inhabilitación para ejercer su profesión.

La sentencia fue apelada por la defensa y la fiscalía y todavía no se encuentra firme. Pero a Echevarría ya le habían suspendido su matrícula de escribano unos dos años antes, debido a la gravedad de las imputaciones que soportaba. Además, tiene otras causas pendientes vinculadas con la principal, y una de ellas habría motivado su detención y el dictado de la prisión preventiva.

Los abogados del detenido, Marcos Luis Botbol y Jorge García Osella, tratarán de conseguir la excarcelación, pero se presume que no será una tarea sencilla. Al estar condenado al máximo de pena que permite el cumplimiento condicional -tres años de prisión en suspenso-, se entiende que cualquier condena adicional será de cumplimiento efectivo, y la jueza Baquero Lazcano suele ser rigurosa en esas apreciaciones.

A Echevarría se lo acusó de aprovechar su calidad de escribano público y agente de retención del impuesto de sellos de la provincia para beneficiarse en una suma que el organismo damnificado calculó en 800 mil pesos, y el fiscal Enrique Sánchez Gavier en 760 mil pesos. Se le endilgó haber estampando sellos falsos en los comprobantes de pago del ex Banco Provincia de Río Negro en 32 oportunidades -por importes que oscilan entre 10 pesos y 217 mil pesos- entre setiembre de 1991 y febrero de 1994.

El fiscal Enrique Sánchez Gavier había modificado la acusación original contra Echevarría y propuso que lo condenen por «defraudación reiterada agravada en perjuicio de la administración pública», a ocho años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación especial perpetua.

En fallo dividido, la Cámara Segunda del Crimen calificó al hecho como «defraudación continuada», y le impuso la pena de tres años de prisión en suspenso y diez de inhabilitación.

Tanto el fiscal de Cámara como el escribano Raúl Echevarría recurrieron en casasión ante el Superior Tribunal de Justicia, disconformes con el fallo.

El juez Alejandro Ramos Mejía había propiciado la absolución del escribano, en tanto que César Lanfranchi y Héctor Leguizamón Pondal lo encontraron culpable. Los abogados del imputado reclamaron ante el máximo tribunal rionegrino por «errónea aplicación de la ley sustantiva». Su defensor insistió en que los hechos habían prescripto y califico al episodio como «la fiesta del fraude detectado en la DGR y su supuesta ramificación con la ex entidad bancaria».

En su alegato, Sánchez Gavier consideró que Echevarría debía contar con un cómplice en la DGR, «que necesariamente debía de ser el jefe de la delegación», y apuntó especialmente a los ex funcionarios «Gustavo Garaycochea, y a Daniel Griessi, que ni siquiera fueron citados como testigos en la causa».

En el último párrafo de la sentencia se ordenaba la remisión de la causa al agente fiscal y eso determinó la continuidad de la investigación.

La causa desnudó la ineficiencia del sistema

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Después de una instrucción que demandó más de cuatro años y acumuló miles de fojas e instrumentos para el análisis, el 4 de mayo de 1999 quedó al descubierto la vulnerabilidad del sistema de recaudación y control de la DGR.

El que destapó la olla fue un empleado administrativo del organismo, Pedro Pizarro, que sospechó que se habían estampado sellos falsos en algunas planillas de pago. Primero le avisó a sus jefes, pero como siguió corriendo el tiempo y continuaban llegando planillas con sellos sospechosos, decidió presentarse ante la justicia. Según su testimonio, esa actitud no fue reconocida por las autoridades, sino que le significó un sumario, la postergación de su ascenso y el maltrato laboral.

Al formular la acusación, el agente fiscal había llegado a la conclusión que la única escribanía en la que se había detectado la utilización de sellos falsos en Bariloche era la de Raúl Echevarría, con la aclaración de que en los casos en que actuaba el escribano adjunto, Juan Antonio De la Garma, los pagos ingresaban correctamente a la DGR. «Idéntica situación -destacó el fiscal- sobre la rendición del pago de impuestos de extraña jurisdicción que también presentaban sellos apócrifos y correspondían a la escribanía de Raúl Echevarría».

El escribano Echevarría ha sido dirigente del Partido Justicialista, concejal y candidato en varias oportunidades. En 1994 fue candidato a constituyente en cuarto lugar por el justicialismo rionegrino, y quedó en las puertas de la convención por pocos votos.

Su actividad política fue expuesta ante el tribunal como una de las causas que motivaron la acusación.