Errores y problemas ajenos al relato oficial

LA SEMANA ECONÓMICA

Quienes peinan canas deben recordar las películas argentinas de los años 40 y 50, época de comedias rosadas y teléfonos blancos, cuando el actor de reparto Ramón Garay encarnaba a un inefable como torpe detective privado que, habano en ristre, se hizo famoso con una frase: “Saporiti nunca se equivoca”. Si hubiera que atenerse al relato oficial sobre la política económica, el gobierno de Cristina Kirchner actúa como el detective Saporiti. Todos son éxitos y nunca hay equivocaciones para reconocer. Si existen problemas es por culpas ajenas, atribuidas a anónimos intereses que conspiran contra el “modelo”. La sistemática negación de errores complica la forma de resolverlos. De hecho, el gobierno nunca admitió que el “modelo” que permitió el espectacular crecimiento del PBI en el período 2003/2011 (casi 80% acumulado), fue perdiendo sus reaseguros (superávits “gemelos” y tipo de cambio alto) debido a la propia acción oficial. Tampoco que en las épocas de vacas gordas se dedicó a gastar más de lo mucho que aumentaba la recaudación; a importar crecientes volúmenes de gas natural y combustibles para camuflar la menor producción de hidrocarburos y a retrasar el tipo de cambio real para no realimentar presiones inflacionarias. En un reciente artículo publicado en el diario La Nación, el economista Roberto Frenkel (a quien nadie podría acusar de ortodoxo ni liberal) resumió en cuatro cifras el problema de la política económica del período 2009/2011: el dólar subió 12,6% en ese lapso; la inflación 52% (según estimaciones privadas) y los salarios formales 68%, con lo cual éstos se elevaron 49% en dólares. Esto explica la pérdida de competitividad de la economía argentina y la fuerte fuga de capitales de ese período. Sin embargo, Frenkel desaconseja una devaluación aislada para no acentuar la inflación e insiste en un programa articulado para reducirla gradualmente. Es lo que la mayoría de los economistas descontaba en octubre de 2011, cuando CFK logró la reelección con el 54% de los votos. En cambio el gobierno optó por el camino inverso, como si enfilara a contramano por una autopista. Para frenar la escasez de divisas apeló a los controles cambiarios y las trabas a importaciones. En lugar de contener el gasto público, se apoderó de las reservas y la “maquinita” del Banco Central para financiarlo. Y recurrió a la estatización de YPF junto con una mayor regulación del sector petrolero, sin haber modificado hasta ahora la política energética. Estas medidas generaron tal desconfianza en el sector privado que se tradujeron en la caída de la inversión, el estancamiento en la creación de empleos formales y la fuerte desaceleración de la economía (al 2%), a pesar de lo cual la inflación subió otro escalón en 2012 (al 25% anual). Para el relato oficial, que no admite equivocaciones, este viraje de la política económica obedeció a la crisis económica mundial, aunque nunca la justificó con una sola cifra. La inflación de dos dígitos anuales que sufre la Argentina desde hace seis años es, por lejos, la omisión más conocida en los discursos presidenciales. Pero negarla también obliga al gobierno a ocultar otros problemas encadenados, ausentes del relato oficial. La pobreza dejó de bajar desde 2007, salvo que se consideren válidos los datos del Indec (6.5%), según los cuales una familia deja de ser pobre si percibe ingresos superiores a 1200 pesos mensuales. La Asignación Universal por Hijo (actualizada a $270) apenas ha seguido el ritmo de la inflación verdadera, sin mejoras reales. Y el empleo en negro se estancó en 34%. No sólo eso. Los subsidios para mantener congeladas las tarifas de energía y de transporte (especialmente en el área metropolitana) suelen ser presentados como una política de redistribución de ingresos más que dudosa porque –salvo contadas excepciones– se aplican indiscriminadamente. Pero con una alta inflación su impacto se diluye, además de tornarla insostenible. Estimaciones privadas calculan que se ubicarán este año en torno de 85.000 millones de pesos (unos 18.000 millones de dólares al tipo de cambio oficial). De ese total, los destinados a energía ya superan en 2012 los 10.000 millones de dólares; una cifra anual que, por ejemplo, equivale al 66% de la inversión que sería necesaria en los próximos diez años para construir 9 centrales hidroeléctricas con un total de 4700 MW de potencia instalada y reducir la alta dependencia de la generación térmica (67% del total). Con una inflación elevada también aumenta el incentivo a evadir el IVA y operar en negro, como lo demuestra la incipiente reducción en el uso de cheques como medio de pago. Así se frustran los avances logrados en los últimos años contra la economía informal, aunque ello también es relativo: hace tiempo que el gobierno hace la vista gorda en sectores protegidos oficiosamente (como las ferias tipo La Salada, el Mercado Central de Buenos Aires o los proveedores de la venta callejera). Mientras tanto, aumenta la presión tributaria por distintas vías. Una es la desactualización del mínimo no imponible de los impuestos a las Ganancias (sobre sueldos medios y altos) y Bienes Personales (sobre patrimonios a partir de un pequeño departamento). Otra son los aumentos de impuestos provinciales ante el estancamiento de la recaudación de ingresos coparticipables. Aún así, hay atrasos de meses en los pagos a proveedores y contratistas. En el relato oficial, los “fondos buitre” y las calificadoras de riesgo pasaron últimamente a ocupar el papel de enemigo que años atrás tenía el FMI. Pero, independientemente de que su accionar no merezca ninguna defensa, esto no oculta otras negligencias gubernamentales. Como que la Argentina mantiene en default su deuda con el Club de París, primero por la resistencia del gobierno a mostrar sus indicadores económicos al Fondo y luego por la escasez de divisas. O que tampoco se ocupó de los fallos del Ciadi a favor de empresas extranjeras, al que próximamente se sumará el reclamo de Repsol por la expropiación sin resarcimiento de sus acciones en YPF. Todas estas cuestiones, más la prohibición de hecho al giro de utilidades, hacen que la tasa de riesgo país se ubique por encima de Venezuela y sólo sea superada por Grecia, lo cual hace inaccesible el financiamiento externo del sector privado. Nada de esto aparecerá en la propaganda oficial del Fútbol para Todos (o del Automovilismo para Todos) dedicada sólo a buenas noticias, no siempre comprobables. Tampoco que con esos fondos de todos se podrían pagar unas cuantas de las 250.000 sentencias judiciales a favor de jubilados, que la Anses incumple para dejar correr el tiempo. Sin embargo, para un gobierno que nunca admite los problemas, lo más preocupante es que sigue siendo un misterio qué hará con ellos en 2013, otro año electoral.

Néstor O. Scibona