“Es el turno de la Justicia”
Estamos asistiendo al recambio de gobierno produciéndose una alternancia partidaria sumamente auspiciosa para el sistema democrático de nuestro país, lo que es bien visto por el mundo entero, sirviendo también como ejemplo para toda Latinoamérica. Sin embargo, no puede decirse que el recambio se haya producido con total transparencia, despojando a los funcionarios del gobierno saliente de toda duda o sospecha respecto de su honestidad y honorabilidad. Por el contrario muchos de ellos, y desde los más altos cargos, han dado muestras de utilizar el poder para beneficio personal, incrementando sus patrimonios, el de sus socios, familiares o amigos de manera exorbitante. Lo han hecho de una forma tan grosera que da lugar a pensar que creían que iban a mantener la “impunidad” que les dio el abuso de poder durante el resto de sus vidas. Al decir de manera grosera, puede ejemplificarse que varios de esos funcionarios han presentado declaraciones juradas de sus bienes por ante los organismos de control y de recaudación fiscal pertinentes, no pudiendo justificar en lo más mínimo, con sus ingresos genuinos, el crecimiento patrimonial exponencial de un año al otro. Es decir que sus números no les cierran ni aún en el intento de “blanquearlos”, y ello sin considerar los bienes puestos a nombre de testaferros, amigos o familiares. Esa corruptela es intolerable e inaceptable porque implica menos educación, menos salud, menos trabajo para todos los argentinos y, por qué no decirlo, menos hambre en algunas provincias pobres del norte. Esta no es la primera vez que ocurre en Argentina durante una alternancia de gobierno en democracia, pero debiera ser la última si queremos vivir en un país respetable, libre y soberano. Así las cosas, es el turno de la Justicia. Casi todos los funcionarios sospechados de corrupción hoy están denunciados y deben responder en varias causas cada uno de ellos, las que por ahora están demoradas. Otros todavía podrán ser denunciados en la medida en que se conozcan situaciones de corrupción que pudieran involucrarlos. Resulta imprescindible por el bien de la República que los fiscales y jueces actúen con todo el rigor de la ley, que investiguen profundamente, esclarezcan los hechos, aporten pruebas (soliciten a la AFIP las declaraciones juradas) y dicten sentencias condenatorias para todos aquellos que resulten culpables de administrar fraudulentamente los bienes del Estado, usarlos en beneficio personal o de parientes y amigos, apoderarse ilegítimamente de ellos o de los dineros públicos, pero que dichas sentencias sean “ejemplarizadoras”, es decir, aplicando la escala máxima de las sanciones legisladas en el Código Penal para cada delito, con penas de cumplimiento efectivo y agregando además el decomiso de los bienes mal habidos, la recuperación de su valor para el Estado y la inhabilitación absoluta y perpetua del condenado para ejercer cargos públicos, para que esos hechos no vuelvan a repetirse en el futuro y la sentencia condenatoria con sus fundamentos, nombres y apellidos sirva de memoria y ejemplo para las nuevas generaciones. No es pedir al Poder Judicial algo que no le corresponda o que exceda el marco de sus atribuciones, no es nada más ni nada menos que requerir el cabal cumplimiento de su deber como poder independiente, que está precisamente reglado por la Constitución Nacional, lo que hoy más que nunca resulta indispensable al ciudadano común, que con su esfuerzo y tolerancia ha contribuido al sostenimiento del país y del sistema democrático de gobierno, observando impávido el despojo al que era sometido por los funcionarios corruptos de turno que tenían la obligación de proteger la vida y los bienes de todos los argentinos. Carlos Julio Schmidt DNI 10.913.309 Roca
Carlos Julio Schmidt DNI 10.913.309 Roca
