Escapó un condenado por abusar de discapacitados

BUENOS AIRES- Mario Ochoa, el chofer condenado a 16 años de cárcel por violar a menores discapacitados, se fugó ayer por la tarde cuando la policía iba a detenerlo luego de que la Justicia le revocara el beneficio de prisión domiciliaria del que gozaba.

Fuentes policiales informaron a DyN que cuando los efectivos fueron hasta dos domicilios donde supuestamente se encontraría Ochoa, uno en Beccar y otro en Tigre, ya se había escapado tras enterarse por un medio de prensa.

Las fuentes indicaron que cuando el Ministerio de Seguridad bonaerense giró el oficio de la orden de detención que le remitió la Justicia a la Jefatura Departamental Conurbano Norte, el titular de esa dependencia también estaba enterado por la prensa y pese a la celeridad para cumplir con el procedimiento no pudo hallar a Ochoa.

Los efectivos habían llegado al lugar en cumplimiento de un fallo dictado por los jueces de la Sala III del Tribunal de Casación platense, Víctor Violini y Ricardo Borinsky, que revocaron el arresto domiciliario con el que había sido beneficiado Ochoa y ordenaron su arresto.

La noticia sorprendió a los familiares de las víctimas, quienes habían concurrido a los tribunales de San Isidro, en Ituzaingó 340 de esa ciudad, para notificarse de la resolución.

La titular de la asociación Ayuda a Víctimas de Violación (AVIVI), María Elena Leuzzi, aseguró que pedirán el juicio político del tribunal que concedió la prisión domiciliaria de Ochoa.

El 20 de julio pasado, el Tribunal Oral en lo Criminal 2 de San Isidro, integrado por Luis Oscar Zapata, Clarisa Moris y Ariel Introzzi Troglia, había condenado a 16 años de prisión a Ochoa al encontrarlo culpable de los delitos de «abuso sexual calificado» y abuso con penetración, pero absuelto por corrupción de menores.

Ochoa, de 54 años, casado, es padre de dos chicos, uno de los cuales padecería síndrome de Down.

El tribunal lo responsabilizó por violar a cinco adolescentes de entre 16 y 18 años, a los que trasladaba a las escuelas 501 y 503 de San Fernando y al Centro de Formación Laboral de Vicente López, donde cursaban clases.

Tanto el fiscal del juicio, Fabián Brain, como la abogada de la querella, Silvia Weksel, habían reclamado 30 años de cárcel para el acusado.

El escándalo estalló el viernes 20 de julio pasado, cuando se terminó de leer el veredicto: condena para el acusado, pero la mitad de lo que pedían el fiscal y los querellantes. Y además, el beneficio de que permanezca en libertad hasta que el fallo quedase firme.

Los padres de las víctimas, todos chicos con distintas discapacidades, tuvieron que ser echados a los empujones de la sala de audiencias.

Entonces, decidieron tomar el edificio de Tribunales de San Isidro. La medida tenía como objetivo que el condenado fuera detenido, cosa que finalmente se logró ayer.(DYN)