Escaso margen tiene Bariloche para apelar un fallo judicial

La municipalidad deberá pagar una indemnización de unos $ 500.000.

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- La asesoría Letrada del Ejecutivo intentará demostrar que el municipio no tuvo responsabilidad en la anulación del remate fiscal que derivó en un juicio de daños y perjuicios. Si no logra revertir la sentencia en la instancia de apelación concedida por el juez Emilio Riat, el pasado 19 de marzo, el municipio deberá afrontar la indemnización de $498.538 y las costas del juicio en primera instancia, cuya regulación fue diferida hasta que exista sentencia firme, más los intereses y costas de la instancia de revisión. Los argumentos de la apelación girarán en torno a dos ejes: la responsabilidad de los jueces en la ejecución de los remates y la inconsistencia de la obligación civil impuesta al municipio al no haberse determinado una responsabilidad penal. El primero de los razonamiento fue esgrimido en defensa del municipio durante el juicio que benefició a Mabel Mazzuchelli con la cuantiosa indemnización y no consiguió atenuar la condena. La municipalidad pidió -sin éxito- el rechazo de la demanda porque “los procesos judiciales son responsabilidad de los jueces” al sostener que “cualquier vicio que pudo tener el mandamiento (de notificación) quedó purgado por la sentencia y los defectos de las sentencia son responsabilidad de los jueces”. En su sentencia Riat advirtió que el error en la notificación era reprochable al municipio porque “conocía la residencia de la contribuyente” no obstante lo cual emitió el certificado de deuda y promovió la ejecución fiscal “omitiendo denunciar aquella residencia conocida”. Además destacó como un hecho que “agravó la indefensión de la contribuyente” que se consignara mal su nombre. Lo llamativo de esa sentencia es que tras acreditar la responsabilidad del municipio en la irregularidad del acto que causó el daño a indemnizar desligo de toda culpa a los funcionarios actuante, deslindando su responsabilidad civil en el resarcimiento de la damnificada. Es en este punto donde la asesoría letrada haría eje para defender los intereses del municipio en la apelación.

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