Escribana acusada de fraude en Bariloche cerca de evitar juicio oral

María Aguirrezabala fue imputada por 48 casos de defraudación. El fiscal Martín Lozada apura las gestiones para acercar posiciones en un juicio abreviado.





JUSTICIA

La escribana local María Alejandra Aguirrezabala, que está imputada como presunta autora de 48 hechos de defraudación por un monto cercano al 1,1 millón de pesos, tiene la posibilidad de evitar el juicio oral y público si prospera un acuerdo de juicio abreviado entre la fiscalía y la defensa de la imputada.

Fuentes judiciales informaron que el Fiscal de Cámara Martín Lozada y el defensor particular de la imputada intentan acercar posiciones para acordar, con el consentimiento de la escribana, un juicio abreviado.

El lunes se reunieron Lozada y Ochoa para analizar la causa y evaluar las probabilidades de avanzar con un juicio abreviado, que prevé el Código Procesal Penal vigente, según las fuentes consultadas. Sin embargo, como no llegaron a un acuerdo, resolvieron volver a reunirse a finales de la semana próxima.

Si no hay consenso, desde la Cámara Criminal Segunda, integrada por los jueces Héctor Leguizamón Pondal, Gregor Joos y César Lanfranchi, fijarán la fecha del juicio oral y público contra la acusada.

La causa que tiene como imputada a la escribana se originó en octubre de 2007 tras la denuncia del subsecretario de Ingresos Públicos, a cargo de la Dirección General de Rentas provincial (hoy Agencia de Recaudación Tributaria) Graciano Bracalente, que advirtió las presuntas maniobras.

A la escribana se le atribuyen 48 hechos que ocurrieron presuntamente entre diciembre de 2001 y junio de 2006, según la acusación fiscal. El delito que se le imputa es defraudación en perjuicio de la administración pública, agravado por su condición de funcionaria pública, en concurso ideal con el delito de falsificación de documento.

La acusación fiscal indica que Aguirrezabala, en su doble carácter de escribana pública titular del Registro 84 de esta provincia y agente de recaudación tanto del impuesto provincial de sellos como de las tasas retributivas de servicios del Registro de la Propiedad Inmueble, en lugar de depositar el dinero que había recaudado de clientes en la cuenta abierta por la DGR en el Banco Patagonia, retuvo indebidamente y, luego, sustrajo distintas sumas de dinero. El presunto perjuicio para la administración pública asciende 1.089.542 pesos a valores de hace diez años.

El juez de Instrucción Marcos Burgos procesó -sin prisión preventiva- a la escribana. La Cámara Criminal Primera desestimó la apelación a principios de septiembre de 2014 y confirmó el procesamiento.

A finales de noviembre de 2014, el fiscal Guillermo Lista pidió a Burgos la elevación a juicio de la causa, en la que además está imputada una empleada de la escribanía. Pasó más de un año y Aguirrezabala aún no fue juzgada.

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