España pedirá la extradición de militares argentinos
Lo ordenó el Tribunal Supremo de ese país. Son en total 40. El reclamo no prosperaría.
MADRID.- Autoridades españolas requerirán a la Argentina la extradición de ex represores acusados en Madrid por genocidio y terrorismo de Estado, pero se descuenta que los pedidos no prosperarán a raíz de las investigaciones abiertas aquí por crímenes de la dictadura.
El Tribunal Supremo español anuló la decisión que el 29 de agosto de 2003 adoptó el consejo de ministros del conservador José María Aznar que frenaba el pedido de extradición de 39 militares y un civil involucrados en graves delitos a los derechos humanos durante el régimen militar, reclamados por el juez español Baltasar Garzón.
En una decisión del 31 de mayo de 2005, conocida este viernes, la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo anula la decisión del gabinete de Aznar «por no ser conforme a derecho» y declara que el actual gabinete, dirigido por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, «debe cursar la misma (solicitud de extradición) por vía diplomática al gobierno de Argentina».
Sin embargo, los reclamos de España difícilmente prosperarán, ya que Argentina tiene prioridad para juzgar hechos ocurridos en territorio nacional y hay varios procesos abiertos a raíz de la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
El pedido de extradición que rechazó el gobierno de Aznar había sido impulsado por el juez Garzón, actualmente de licencia en el poder judicial para ejercer la docencia en Estados Unidos. Entre los represores reclamados por la justicia de España figuran Jorge Videla, Emilio Massera, Omar Graffigna, Jorge Olivera, Domingo Bussi, José Vaquero, Alfredo Astiz, Antonio Pernías y Jorge Acosta.
En su momento, el gobierno de Aznar fundamentó su decisión en que los tribunales argentinos eran competentes pues una semana antes, el Congreso argentino había anulado las leyes de Punto Final y Obediencia Debida en las que se habían amparado un millar de represores. Sin embargo, faltaba la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, imprescindible para reabrir causas judiciales sobre violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar.
La Corte Suprema de Justicia declaró el 14 de junio pasado la inconstitucionalidad de ambas leyes de amnistía dictadas entre 1986 y 1987 por el gobierno del presidente Raúl Alfonsín. Otros represores fueron indultados por el ex presidente Carlos Menem.
Decisión polémica
La decisión de agosto de 2003 del ejecutivo español, que causó sorpresa e indignación a ambos lados del Atlántico, hizo que días después de la misma la justicia argentina pusiera en libertad a los 40 imputados, pues había concluido el plazo legal para tenerlos detenidos con miras a su extradición.
Inicialmente Garzón había pedido la extradición de 45 militares y un civil, pero tres murieron y tres están prófugos. Otro ex jerarca militar, Guillermo Suárez Mason, murió en junio pasado.
En una histórica decisión, la justicia española condenó el 19 de abril pasado al ex capitán de corbeta Adolfo Scilingo, de 58 años, a 640 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, detención ilegal y tortura durante la dictadura. (AFP/DyN)
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