Espera eterna por 120 casas del IPPV en Bariloche

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Ayer se cumplió un año del llamado a inscripción para el único plan de viviendas de demanda libre que se construye a paso de hormiga en la ciudad sin que se conozcan los listados de adjudicatarios ni la fecha de entrega de las casas.

El 31 de marzo de 2007 se cerró la inscripción de aspirantes para las 120 viviendas que todavía ejecuta la empresa Alusa en el barrio San Francisco IV, cuya entrega estaba prevista para noviembre pasado.

La expectativa generada fue enorme. Más de 5.000 personas trajinaron las dependencias locales del IPPV a lo largo del mes de inscripción y finalmente quedaron anotadas 2.200 familias para tan sólo 100 casas, ya que 20 unidades fueron destinadas al traslado de vecinos de la barda del Ñireco.

En los últimos días, «Río Negro» intentó en vano conseguir una definición de los funcionarios del organismo que tienen a su cargo la confección del esperado listado de adjudicatarios y de los responsables de establecer la fecha de conclusión del complejo habitacional, postergada tres veces.

La responsable de prensa del Instituto, Silvia Martínez, se limitó a señalar que «el plan todavía está en ejecución» y que por lo mismo «no hay fecha definida» para la publicación de los preadjudicatarios ni para la posterior entrega de las casas.

La ansiedad generada por las reiteradas demoras quedó claramente expuesta el 30 de enero pasado, cuando una familia carenciada usurpó una de las casas del complejo reclamando un lugar para vivir.

La mujer sola que, con dos menores y un bebe a cuestas, sorteó el cerco perimetral, la guardia de seguridad de la obra y ocupó una de las unidades funcionales, depuso su actitud a pedido del juez interviniente.

El nuevo plazo

La mayor parte de las casas lucían terminadas y pintadas pero todavía restaba concluir las obras de infraestructura para dotar de servicios al futuro barrio. En ese momento las obras alcanzaban un 90 por ciento de ejecución y tanto la delegación local del IPPV como la empresa constructora informaron que los trabajos debían concluirse en el término de 60 días, plazo que se cumplió -o incumplió- ayer junto con el aniversario del cierre de inscripción.

Durante el conflicto desatado por la usurpación, el encargado de las obras aclaró a este diario que no podía precisar la fecha de terminación de los trabajos porque «los plazos dependen de la provincia», dijo.

El único plan de viviendas sociales que tiene el IPPV para entregar en lo inmediato se mantiene en una indefinición preocupante. Esa desinformación, signada por el hermetismo del IPPV, alimenta la sospecha de que la provincia retiene las viviendas como botín de campaña para la próxima elección de intendente, que se llevará a cabo el 18 de mayo.