Espías en todas partes

Puede que las diputadas nacionales Laura Alonso y Patricia Bullrich, ambas del Pro, eligieran mal el momento para denunciar, hace una semana, al gobierno kirchnerista por aprovechar los servicios de espionaje para mantenerse al tanto de las actividades de dos centenares de personas, entre ellos políticos opositores destacados, jueces y periodistas, pero sorprendería que sólo se tratara de un “invento” electoralista, como aseveró enseguida el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. Desde hace muchos años es notorio que los distintos servicios de inteligencia que operan en el país se han habituado a manifestar más interés en las vicisitudes personales y opiniones de quienes podrían merecer la desaprobación del gobierno de turno que en desenmascarar eventuales agentes extranjeros o narcotraficantes y otros delincuentes relacionados con el crimen organizado. Por cierto, no hay motivos para suponer que sean distintas las prioridades de la ex-SIDE, recién rebautizada Agencia Federal de Inteligencia, que se ve encabezada por Oscar Parrilli y que ha reclutado a muchos militantes de La Cámpora, de aquellos de la organización que durante años dominó Antonio “Jaime” Stiuso, el exespía caído en desgracia luego de la muerte aún misteriosa del fiscal Alberto Nisman, que ahora ocupa un lugar en la lista de los presuntamente espiados. El año pasado motivó protestas la sospecha de que sabuesos del Ministerio de Seguridad bonaerense querían enterarse de las opiniones políticas de estudiantes secundarios revoltosos, pero pocos tomaron demasiado en serio el asunto. Parecería que a juicio de la mayoría el espionaje es normal en el país y que por lo tanto sería inútil procurar eliminarlo. También es considerado normal que los jefes de las agrupaciones políticas más importantes cuenten con la colaboración de expertos que se dedican a acumular datos que andando el tiempo podrían resultarles provechosos acerca de la conducta personal, y la evolución patrimonial, no sólo de opositores sino también de quienes militan a su lado. Aun cuando un político profesional no haya hecho nada inapropiado, el temor a verse acusado de algo puede servir para disciplinarlo. De todas formas, al aproximarse los comicios, suelen difundirse rumores acerca de una proliferación inminente de “carpetazos” destinados a poner en apuros a distintos aspirantes a puestos electivos. Para dicho propósito, también sirven las denuncias judiciales basadas en nada más que sospechas arbitrarias, la supuesta existencia de grabaciones comprometedoras, auténticas o meramente hipotéticas, y así por el estilo. Si bien nada de eso es exactamente nuevo, en los años últimos los avances tecnológicos han brindado a los espías un arsenal de medios muy superiores a los disponibles antes, ya que en la actualidad les es bastante fácil apropiarse subrepticiamente de toda la información contenida en las computadoras y teléfonos celulares de aquellas personas que tienen bajo vigilancia. De resultar ciertas, como parece muy probable, las denuncias formuladas por las diputadas del Pro, los responsables de ordenar el espionaje a los incluidos en la lista que se ha difundido podrían encontrarse en apuros, puesto que existen leyes que en teoría sirven para defender la privacidad de las personas, pero sólo se trataría de una escaramuza menor en una guerra que ya parece perdida. No sólo en nuestro país sino también en virtualmente todos los demás, los deseosos de averiguar lo que otros están haciendo y hasta pensando cuentan con cada vez más ventajas, de suerte que frustrarlos parece virtualmente imposible. Al fin y al cabo, pocos días transcurren sin que se revelen más detalles sobre las actividades de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, China y los miembros más poderosos de la Unión Europea que, según parece, ya están en condiciones de monitorear virtualmente todas las comunicaciones electrónicas del planeta en busca de información que podría resultarles interesante. Aunque nuestros espías carecen de los inmensos recursos tecnológicos y económicos que tienen sus homólogos en otras latitudes, el que hasta un hacker humilde pueda entrar en sistemas presuntamente bien protegidos como los del Pentágono norteamericano significa que la diferencia no es tan grande como a muchos les gustaría creer.