Esta semana suspenderían al juez Ramírez Cabrera

VIEDMA- Esta semana el juez en lo Penal Víctor Ramírez Cabrera sería suspendido por el Consejo de la Magistratura. Esta medida se adoptaría a los fines de iniciar el proceso de enjuiciamiento en base a las investigaciones que se siguen y que involucrarían directamente al magistrado.

La decisión dispuesta el viernes por Luis Lutz como presidente del Superior Tribunal de Justicia y del Consejo de la Magistratura de instruir un único sumario al juez por diversos hechos que se tramitan en cuatro expedientes administrativos distintos dio una señal de la difícil situación en la que se encuentra el magistrado viedmense.

¿Agregado a un expediente?

Una de las investigaciones no sólo involucraría al juez sino que podría incluir algunos funcionarios que se desempeñan en el juzgado a su cargo. En uno de los expedientes se investigaría un agregado que se habría sumado a una resolución dictada por el juez Jorge Bustamante al procesar a un imputado por un homicidio en San Antonio.

Antes de la feria judicial de mediados de año, Bustamante dictó el procesamiento de Julio López del Pino por su presunta participación en el homicidio de Raúl Painecura ocurrido en febrero del `96. La víctima tenía 62 años y era sereno de la pesquera Camaronera Patagónica de San Antonio Oeste.

El detenido fue notificado de su procesamiento, resolución en la que habría estampado su firma sin ningún agregado. Es trámite rutinario y permanente en base a lo que la ley indica que los imputados en una causa son inmediatamente informados respecto de las medidas que adopta el juez en torno a la situación procesal de cada uno. En el caso de ser dictado un procesamiento contra un imputado éste además de firmarlo agrega que apela el fallo en el mismo trámite, situación que debe ser atendida en ese mismo momento por el juez.

En una de las investigaciones que se siguen se le adjudicaría a Ramírez Cabrera haber inducido a López del Pino a sumar con posterioridad a la notificación de su procesamiento su decisión de apelar la medida judicial dispuesta en su contra por el juez Bustamante.

Ese agregado se habría realizado durante la feria judicial en la que sólo Ramírez Cabrera se encontraba de turno.

Esta investigación se sumaría a las otras dos en las que se le adjudicaría al juez haber tenido conocimiento de los apremios ilegales que sufrieron varios de los 31 detenidos en la noche del homicidio del sargento Miguel Quiriban ocurrido en abril pasado. La tercera acusación estaría vinculada a que el juez no habría desconocido una maniobra en la que se habrían colocado pruebas contra un hombre de apellido Duhalde en un allanamiento realizado en una propiedad de esta persona en San Antonio Oeste. Esas pruebas habrían dado fundamento para detener a este hombre, situación en la que continúa.

De ser comprobada esta última presunta irregularidad la investigación judicial se ramificaría hacia quienes participaron en ese allanamiento y podría generar nuevos desplazamientos policiales.

Zaffaroni llegará el martes a Viedma

VIEDMA- El ex juez Raúl Zaffaroni arribará a Viedma el próximo martes. Como presidente del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Zaffaroni firmará una serie de acuerdos con funcionarios del área de Derechos Humanos de la provincia.

Para las 12, está prevista la firma de un convenio en un acto que se realizará en el Salón Gris de la Casa de Gobierno y que será presidido por el gobernador, Pablo Verani. Este acuerdo apunta a la cooperación y asistencia técnica respecto de la defensa y protección de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional y Provincial, según anticipó el subsecretario de Derechos Humanos y Relaciones con la Comunidad, Rubén Bertea.

El funcionario añadió que Río Negro y la Nación se comprometerán a intercambiar información sobre el seguimiento y desarrollo de las investigaciones iniciadas respecto de temas de recíproco interés, así como a informar periódicamente las resoluciones adoptadas sobre la materia.

Adelantó que el acuerdo permitirá recibir las denuncias o quejas sobre hechos y omisiones vinculados a la discriminación, xenofobia y racismo, como así también respecto de actos que pongan en peligro la vigencia de los derechos y garantías constitucionales. Señaló que este convenio tendrá un plazo de tres años con posibilidad de ser renovado periódicamente.