Estado indiferente

ADRIÁN PECOLLO adrianpecollo@rionegro.com.ar

Río Negro confirma –cada día– la retirada estatal en arcaicos conflictos. Esa fuga se profundiza en las complejas problemáticas sociales. Bariloche es el ejemplo más perturbador. No habrá corrección divina. Así, el futuro es inasible cuando el oficialismo perpetúa su discusión interna. Ese penoso andar significó esta semana un patético altercado epistolar del gobernador Miguel Saiz con su vicegobernador Bautista Mendioroz. Las máximas autoridades, sumidas en el barro de la política minúscula. Las palabras insinúan contrastes pero escasean reales distinciones. Todavía cohabitan –pese a los avisos– legisladores y funcionarios de uno y otro. Quieren parecer diferentes, pero regulan distancias con el Estado. Mendioroz ya descubrió que no tendrá el respaldo de Saiz, pero confía aún en algún resguardo estatal para su candidatura. Hay otras previsiones. El jefe viedmense Jorge Ferreira calla sus históricas censuras y hasta el orgánico Fernando Chironi controla y minimiza la crítica posición de ese sector radical. Esta pulcritud revela las expectativas de ambos y la disputa por el aval gubernamental, que acomete contra la postulación que pretende el ministro César Barbeito. Saiz aguarda, pero el miércoles probó su falsa visión de la oportunidad. Se trenzó con su vicegobernador cuando, horas después, debía explicar –tardíamente– en Bariloche qué hizo el Estado y qué actitud tuvo la Policía en la muerte de tres jóvenes. Su presencia alcanzó para poco. Reiteró –en su mayoría– medidas anunciadas meses atrás, algunas demoradas en su ejecución. Se liberó y excusó al gobierno de cualquier responsabilidad. Los familiares de las víctimas detectaron su displicencia. Saiz se fue de Bariloche tan turbado como llegó. Horas después, el gobernador volvería a la fajina doméstica y enviaría otra réplica a su vice, continuando con una tétrica prioridad gubernamental. Así, no es posible esperar reacción política del mandatario por los sucesos de Bariloche. Se mueve con su usual porfía. “Cufré seguirá. No se irá nadie de los míos”, le respondió días atrás al legislador Adrián Casadei cuando éste le sugirió la necesidad de correr al ex jefe policial, hoy secretario de Seguridad y siempre hombre fuerte del gobernador. Aquel llegó al despacho de Saiz para adelantarle que el jueves será interpelado el ministro Diego Larreguy. El titular de Gobierno no fue antes a la Legislatura porque Saiz no quiso, atemorizándolo con que la bancada oficial no lo respaldaría. Cierto o no, el contexto parlamentario para este jueves no es mejor. El gobernador sólo resguarda a Cufré. No lo llevó a Bariloche. Contradictorio escenario. El gabinete resistía el tenso reclamo andino por las políticas de Seguridad y Cufré, el jefe del área, era vitoreado por la familia policial en Cipolletti. Larreguy se desvanece en el halo de Cufré, que trasluce el pensamiento más rudimentario en la Policía. Ya casi no quedan mandos superiores con otra mirada. Cufré erige un poder inusual. Basado en su relación con Saiz, construida –durante cinco años– en el suministro de información, la oficial y de la otra. Abrió y concentró el diálogo con el gobernador, apartando interlocutores. El ex jefe policial Jorge Ucha lo detectó tarde y pasó a retiro. Tampoco pudo José Luis Rodríguez que –como hoy Larreguy– intentó aliarse y terciar en el trato Cufré-Saiz. El actual ministro parece que tampoco puede. Conocedores de la opinión del gobernador, ninguno intentó seriamente desplazarlo. Larreguy lo ensayó con un atajo, pero consolidó a Cufré. Juzgó que el retiro de la Policía era la ocasión, pero Saiz utilizó el hecho para ubicarlo en Seguridad. En Bariloche, el gobernador fue auténtico: tan molesto frente al problema como esquivo a las responsabilidades y a la admisión de los errores. Todo el costo político –según él– queda limitado a los uniformados de la comisaría del barrio. Cualquier decisión posterior –reiteró– dependerá de la Justicia. ¡Cuánto desvío del razonamiento sobre el rol estatal! El ciudadano no debe protegerse del accionar policial, siempre la policía debe tutelarlo, incluso cuando pueda estar en la comisión de un delito. Análogo equívoco replicó el gobierno esta semana al reeditar el viejo conflicto de la leche en polvo que repartió Río Negro hasta el 2008. Aquella denuncia de la defensora del Pueblo, Ana Piccinini, que concluyó con el retiro del producto y, finalmente, con la exclusión de la firma Masily como proveedora. El Anmat concluyó recién que el producto no produce “daño” a los consumidores. Saiz transformó ese informe en un éxito argumental. Es cierto que muchas cosas se dijeron en esos días, pero un requisito distintivo del alimento –esencialmente, la leche– es su poder nutricional. El producto analizado no era dañino, pero el gobierno nada tiene que festejar. El descarrío es un vicio oficial. El efectivo control en la utilización de los fondos –tan históricamente escaso en Río Negro– reproduce irritación y sospecha. Una vieja desviación conforma la precariedad administrativa y el contubernio empresarial en la construcción de la obra pública. Esos extravagantes trámites mucho antes debieron estar en la lupa de los órganos de control. Tarde pero, afortunadamente, el Tribunal de Cuentas parece dispuesto a cumplir con su misión. Igual, hay que estar alerta. El organismo –receptivo últimamente al sentir del vicegobernador– reaccionó frente a la interna radical, primero en expedientes de Obras Públicas y, luego, en Educación. Hubo retraso de reflejos en Casa de Gobierno. Ya se cumplía con las auditorías en Educación cuando el Tribunal fue citado y concurrió en dos ocasiones: el viernes 25 de junio lo convocó el secretario general Francisco González y, días después, el martes 29 de junio, el gobernador. Poco retroceso ofrece la actual pesquisa, quedan más revisiones. Pedro Casariego no asistió a la audiencia con Saiz, sí fueron Carlos Malaspina y Daniel Bossero. Aquél contrastó, pero su sensibilidad política es la más notable. Casariego –que lleva 16 años en el Tribunal– llegó del equipo del entonces gobernador Horacio Massaccesi y tiene pendiente su presencia en la Justicia Federal por la incautación del Tesoro Regional en Roca (mañana se cumplen 19 años), en la que participó como fiscal de Estado. Malaspina fue asesor legal de la Lotería en la gestión de Pablo Verani y Bossero fue contador general con Saiz. Nunca lo abandonaron y, hasta ahora, bien sirvieron a sus orígenes radicales. Ellos hoy hurgan apócrifos expedientes. “Medio gabinete está en la Justicia”, sentenció Barbeito, enojado y culpando a la interna por las investigaciones. Hay registros de indagatorias a Alfredo Pega y Cristina Uría por Flavors mientras se investiga a Omar Contreras (facturas truchas de Turismo) y al secretario Osvaldo Mildenberger (por la modalidad y la direccionalidad en obras públicas). Por la Justicia casi no deberían preocuparse. En la causa Flavors, el juez Juan Bernardi comenzó en diciembre con las indagatorias –incluyendo las de Pega y Uría– pero aún no resolvió. El accionar judicial en Bariloche sumó interrogantes, desde el amateurismo del juez Martín Lozada en la causa por la muerte de Diego Bonefoi (su prejuzgamiento determinó su apartamiento) a la precariedad fiscal porque –dos semanas después– no pudo reducir las hipótesis de los disparos a las otras dos víctimas fatales, manteniéndose la probabilidad cierta sobre la participación de los uniformados (los perdigones pudieron pertenecer o no a las escopetas de la fuerza). El STJ tiene esta semana su propio compromiso. El miércoles, el tribunal leerá el fallo del mayor caso de corrupción en la gestión de Verani: el expediente de las coimas de la Lotería, que ya tiene condenado a cinco años de prisión al ex presidente del organismo, Miguel Irigoyen. Coexisten múltiples actores y la Justicia conserva su contribución a un Estado rionegrino indiferente.