«Estados ausentes»

Inicio de la segunda quincena de enero/08, Ruta Nacional 22, nueve cortes en la misma llevados a cabo por decenas de obreros (¿?) de UATRE, bien pertrechados y uniformados, con abundante telefonía celular, modernas motocicletas que unían raudamente unos piquetes con otros sobre la cinta asfáltica, discreta e inoperante presencia policial (Policía de Río Negro) limitada a observar el atropello, sin habilitación de rutas alternativas, y miles de ciudadanos (hombres, mujeres, niños y ancianos) en automóviles, camiones, micros de media y larga distancia, etc., tomados como rehenes durante horas por los revoltosos piqueteros.

Día 06/02/08, 18 horas aproximadamente, Ruta Nacional 237, corte en Picún Leufú concretado por supuestos desocupados en conflicto con mapuches, tomando miles de rehenes, al igual que en Río Negro, con rutas alternativas a decenas de kilómetros del lugar.

Esta película se viene repitiendo desde hace más de diez años y, pese a las protestas ciudadanas por la comisión de delitos en franca violación a los derechos que otorgan la Constitución nacional y provincial, lo concreto es la ausencia de los Estados nacional y provinciales.

Los jueces de ambas jurisdicciones son empleados de los Estados, ergo, son trabajadores asalariados pagados por los ciudadanos, pero es evidente que están bajo la pata del poder político de turno, porque recurrentemente miran para otro lado y no asumen la responsabilidad que les cabe como magistrados de la Justicia para hacer cesar la comisión de los delitos en que incurren estos desaforados; más allá de las razones, justificadas o no, que esgriman como causal de tal actitud.

Conclusión: cuando los piquetes de cualquier signo y por cualquier causa terminaban siendo con beneficio de inventario para el gobierno nacional, los jueces federales intervinieron y sus auxiliares (Policía Federal, Prefectura y Gendarmería) reprimieron a los manifestantes; casos Santa Cruz, Tierra del Fuego, Casino Flotante, etc.

Cuando dichos piquetes convenían para desgastar a las autoridades del lugar donde se realizaban, los mismos jueces y auxiliares de la Justicia, miraron para otro lado y fueron las autoridades provinciales o locales las que debieron salir a desalojar las rutas, cuando les quedó cómodo.

No pongo en duda la legitimidad de los motivos y argumentos de los reclamantes, pero proceder a privar de la libertad a miles de personas que poco o nada tienen que ver con las reivindicaciones solicitadas, ante la pasividad o el soslayo de la situación por parte de las autoridades competentes, es un delito más grave aún.

La ausencia de los Estados nacional y provinciales, en la previsión de los problemas que se avecinan y sus consecuentes reclamos, la falta de prevención y, eventualmente, de represión, oculta tras una mascarada dialoguista y presuntamente disuasiva, es una parodia más de la demagogia politiquera barata con que se manejan los poderes constituidos.

La libertad es uno de los derechos humanos fundamentales, no sé si así lo entienden los funcionarios declamados defensores de los mismos, de la boca para afuera.

Fernando Trebino, LE 7.826.484 – Plottier