Estalla polémica por la renta diferencial urbana

SAN MARTÍN DE LOS ANDES (ASM).- El acuerdo político gobernante aspira a lograr antes de fin de año la aprobación del demorado proyecto de renta diferencial urbana, aplicable a los loteadores como un porcentaje sobre el incremento del precio de mercado del inmueble por efecto de las mejoras de infraestructura, que deberían devolver con otras tierras u obras destinadas a fines comunitarios. A pesar de fuertes polémicas, la autora del proyecto y concejal del Une, Ana Ambrogi, dijo que “desde mayo del año pasado, cuando presentamos esta propuesta, no hemos abandonado los esfuerzos por darle continuidad, y creemos que ya estamos en condiciones de tratarla en sesión”. Sin embargo, Ambrogi fustigó al bloque del MPN, que advirtió en medios locales su rechazo a la iniciativa en el actual contexto. El presidente de esa bancada, Carlos Saloniti, dijo que “si tuviésemos un municipio que te deja los servicios en la puerta del desarrollador, ahí no habría ninguna duda. ¿Pero con un municipio que no puede pintar una garita y tiene la ciudad sucia (se) quiere cobrar una renta diferencial urbana?”. Refiriéndose a su par emepenista, Ambrogi se mostró sorprendida por las dudas y recordó que “en las reuniones de comisión durante un año y medio no dijo nada de esto. Pero igual nosotros (por el Acuerdo Político, que encabeza aquí el FpV junto al Une y el Movimiento Surco) vamos a seguir adelante y confiamos en que antes de fin de años podremos tratar y aprobar el proyecto de ordenanza”, subrayó. Se trata de regular la devolución de un porcentaje de la “renta diferencial”, también llamada “plusvalía urbana”, que las obras públicas o mejoras urbanas producen en la cotización inmobiliaria de los predios privados sujetos a loteo. El cálculo se establecería sobre la base del diferencial entre la cotización de mercado anterior al mejoramiento y la valuación posterior, conforme la ponderación que debería hacer la Cámara Inmobiliaria de la ciudad. Al número resultante en pesos se le aplicaría un porcentaje a definir, que podría ir del 10 al 20% a devolver en “especies”, consistentes en obras de interés general, acciones comunitarias u otros lotes a entregar para el Banco de Tierras del municipio, con vistas a nuevas urbanizaciones sociales.

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