Están en servicio casi 60 millones de teléfonos móviles celulares

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó el plan nacional de telecomunicaciones “Argentina Conectada” y de despliegue de televisión digital abierta el 17 de octubre de 2010, con el objetivo de “democratizar” el acceso de todos los habitantes a esas prestaciones y –con una inversión trienal de 8.000 millones de pesos– generar una plataforma digital de infraestructura y servicios. Once días después se indicó que la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (Arsat) construiría para Argentina Conectada una red de 5.000 kilómetros que conectaría internet a las poblaciones más alejadas de los centros urbanos. Esto permitiría articular las redes de cooperativas, municipios y organismos públicos con la troncal, a cargo de Arsat. Esta empresa, con la marca Articom, gestionaría y comercializaría las telecomunicaciones, pero Arsat-Articom no sustituiría ni limitaría a las firmas privadas o públicas provinciales sino que impulsaría la construcción de la infraestructura complementaria de la iniciativa particular.

Las comunicaciones móviles comenzaron a ser suministradas por Movicom Bell South en 1989, cuando le concedieron la licencia para operar en la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano y La Plata. En 1993 sumó Miniphone (Telecom y Telefónica) y operaba con el nombre de Unifón. Cuando compró en el 2005 el paquete accionario de Movicom comenzó a operar con la denominación Movistar.

Personal y Claro, a su vez, tuvieron tarifas liberadas y la posibilidad de armar “paquetes” de servicios e interrumpir las prestaciones.

Las empresas no compitieron entre ellas y cuando se instrumentó la “portabilidad numérica” (el derecho del usuario a cambiar de compañía sin perder su número) asumieron la implementación, aunque intentaron trabar esa alternativa.

Atrás quedaron las “buenas” relaciones del ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio de Vido, con las telefónicas, reflejadas, por ejemplo, en octubre del 2010 cuando autorizó la incorporación accionaria indirecta de Telefónica de España en Telecom Argentina. Posteriormente, en septiembre del 2012, ese ministro dejó sin efecto una subasta del espectro que hubiera permitido la entrada de nuevos operadores al servicio de movilidad 3G (frecuencias de tercera gestión), como Nextel.

Desde el 2 de abril de 2012 hasta el mismo día del 2013 la telefonía móvil colapsó en cuatro oportunidades, por lo cual las telefónicas fueron multadas y obligadas a resarcir a sus clientes.

Cristina Kirchner lanzó la operadora estatal Libre.Ar el 13 de diciembre de 2012, tras asignar a Arsat el 25% del espectro de telefonía móvil, con lo cual se convirtió en operador mayorista, supuestamente para “equilibrar” el mercado.

De Vido exigió a las empresas del sector, en abril último, que hicieran “las inversiones necesarias para la instalación de antenas”, a fin de mejorar “la calidad de los servicios, sin poner como excusa que los intendentes son problemáticos para realizarlas”.

Mediante el decreto 681 del Poder Ejecutivo Nacional, que pareció que iba a publicarse en el Boletín Oficial el 6 de junio, se resolvió que los organismos de control dispusieran “con carácter preventivo, a fin de evitar el deterioro grave de la calidad de los servicios de telecomunicaciones, las medidas idóneas para garantizar el efectivo cumplimiento por parte de los licenciatarios de los requerimientos de calidad”. El decreto planteó, asimismo, la eventual “suspensión de la comercialización y activación de nuevas líneas y servicios” y que la Secretaría de Comunicaciones del Ministerio de Planificación dictara con la intervención previa de la Comisión Nacional de Comunicaciones y en 30 días –contados desde la publicación de la medida– un nuevo reglamento sobre las exigencias de calidad.

Por entonces, Norberto Berner, titular de la citada secretaría –probablemente por ser militante de La Cámpora–, sostuvo que durante la expansión de los últimos años “las empresas decidieron privilegiar sus propias rentabilidades, lo cual no estaría mal si no fuera porque lo hicieron a costa de perjudicar la calidad de los servicios, algo que pudieron hacer, en gran medida, por la falta de competencia real”. Advirtió que “tenemos 2G y 3G y en la actualidad el 63% de las celdas es 2G, es decir que no transmite datos”. Omitió responder a quienes señalaron que 13 países de América Latina –y más de 70 en el mundo– lanzaron o licitaron la alternativa más rápida 4G, que a la Argentina no llegaría antes del 2015.

Pasaron semanas hasta que el nuevo reglamento comenzó a publicitarse, el 1 de julio. Estableció los requisitos para la prestación de los servicios de telecomunicaciones a ser cumplidos por los licenciatarios para un uso eficaz, eficiente y racional de la red y del espectro radioeléctrico en atención a los avances tecnológicos y a las necesidades de los usuarios. Otras exigencias fueron:

• Establecer “indicadores que permitirán conocer, de manera objetiva y comparable, la ‘calidad del servicio’, relacionada con el grado de satisfacción percibido por el usuario” y el “‘funcionamiento de la red’, asociado al comportamiento técnico de la misma”.

• “Indicadores elaborados sobre la base de las recomendaciones de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT) y las experiencias en otros países de la región”.

• Un “sistema de medición actualizado, automatizado y fiscalizado por la CNC”, para lo cual será “capacitado y reequipado” el organismo fiscalizador. Aparte, los prestadores deberán “publicitar las mediciones”.

• La creación de “un portal para los usuarios, donde podrán acceder a las mediciones y comparar la calidad de los distintos servicios, según diferentes lugares del territorio argentino”.

• La puesta en marcha de “un registro de infracciones discriminado por prestador, a fin de verificar la reiteración de las infracciones cometidas”.

Entre los indicadores de operatividad de la red, se mencionaron el factor nominal de reuso, el acceso del servicio/tasa de asignación de recursos, la retención del servicio/tasa de corte y las tasas de cumplimiento del tiempo de transmisión, de pérdida de paquetes y de la fluctuación máxima, el sincronismo y la velocidad efectiva media de transmisión.

No obstante, Berner atribuyó las falencias a “una crisis de crecimiento”, porque en los últimos años se multiplicó exponencialmente el número de aparatos móviles (650% desde el 2003) y los usos aplicados, los que no fueron acompañados por las correspondientes inversiones. A modo de ejemplo, mencionó la participación de las redes de 3G, ubicada en torno al 37%, algo que describió como “intentar llenar una pileta de natación con una canilla de cocina”. Hasta aludió a las dificultades de las redes obsoletas y las expectativas de que la participación 3G crezca rápidamente a partir de la nueva regulación hasta alcanzar el 50% del tráfico. El secretario manifestó su preocupación por el hecho de que “las inversiones como porcentaje de las ventas en países como México, Ecuador y Alemania son del orden del 20%, mientras en la Argentina no llegan al 10%”.

Entre los operadores atribuyeron la baja en la calidad de los servicios a la imposibilidad de instalar nuevas estaciones y antenas en determinados municipios, así como a la falta de frecuencias del espacio radioeléctrico, que el gobierno nacional no licita.

La Argentina dispone de 170 megahertz (MHz) para los casi 60 millones de celulares, capacidad similar a la de Honduras, que tiene sólo ocho millones de teléfonos móviles. Entonces el recurso esencial para las prestaciones (las frecuencias asignadas) es reducido para atender la demanda y surgen congestiones en las redes y deterioro en la calidad de los servicios. Una de las soluciones parecería ser ampliar el rango de frecuencias mediante subastas competitivas que permitieran el ingreso de nuevos operadores.

Las quejas contra la telefonía celular encabezan los rankings de denuncias en la mayoría de las oficinas de Defensa del Consumidor desde el 2003, como consecuencia –dicen– de los incumplimientos de los servicios contratados, especialmente para realizar llamadas o enviar textos; a que la capacidad de las redes no creció con el tiempo y a la expansión de los smartphones, por lo que en oportunidades los canales se saturan, reflejándose en llamadas que se cortan, mensajes demorados y un servicio de internet lento e intermitente.

De Vido, quien durante una década dejó hacer a las telefónicas en el segmento de los celulares a cambio de que las compañías no reclamaran por las tarifas de las líneas fijas, interpretó que los nuevos parámetros de calidad permitirían a los usuarios elegir “cuál es la mejor compañía, ya que en caso contrario cambiarla será un mero trámite burocrático”.

Ahora se aguarda que a principios de octubre las telefónicas presenten sus planes de inversiones. A todo esto, consultoras privadas estimaron que para el 2018 habría unos 70 millones de líneas de celulares, frente a los casi 60 millones actuales.

La calidad de la prestación no acompaña el crecimiento de la demanda

Miguel Ángel Fuks – miguelangelfuks@yahoo.com.ar