Evalúan sanciones por las declaraciones juradas

BARILOCHE :: RÍO NEGRO

El Tribunal de Contralor impondrá sanciones a los tres funcionarios que todavía no presentaron la declaraciones juradas de patrimonio y al jefe de Personal del municipio que se negó a efectuar las retenciones salariales previstas por ordenanza para estos casos, pese al pedido expreso del órgano de control.

La presentación anual de las declaraciones juradas es obligatoria y el plazo para hacerlo venció pasado el 17 de enero. De los 107 funcionarios y empleados políticos que trabajan en los distintos poderes del gobierno municipal, 82 completaron la documentación en término y 21 lo hicieron en los días posteriores a ser notificados por el Contralor. Entre los cuatro casos que aún permanecen en rebeldía se encuentra el director del Gobierno, Nicolás Verkys.

La vocal del Tribunal, Edith Garro, confió a “Río Negro” el malestar del organismo tanto con la reticencia de los funcionarios a cumplir con esa obligación, impuesta por la nueva Carta Orgánica y regulada por la ordenanza 1797-CM-2007, y con la desobediencia del departamento de Personal.

“Lo que nos preguntamos en el Tribunal es para que se sancionó una ordenanza de declaraciones juradas, que apunta a la transparencia de la gestión, si cuando algún funcionario no la presenta no se cumplen los mecanismos para citarlo” reflexionó la contralor.

Garro señaló que los incumplimientos permitieron detectar otras irregularidades que están bajo la lupa del Tribunal ya que de los empleados políticos que están en mora hay dos que no se sabe donde prestan funciones y el tercer caso sería una ex-empleada que lleva meses fuera del país pero su contrato continúa vigente.

La única notificación que llegó a los morosos fue la emitida por el propio Tribunal ya que el departamento de Personal no inició ni comunicó las retenciones de haberes previstas por la normativa vigente.

“Cuando preguntamos en Personal (el estado del trámite) nos respondieron por nota que no realizaron las retenciones porque no recibieron ordenes de (la secretaría de) Gobierno” se qujó Garro, quien advirtió que esa dependencia no puede desconocer al TC como un órgano más del gobierno.

La ordenanza 1797 establece que en caso de incumplimientos se suspenda el pago de toda retribución al funcionario moroso hasta que complete la documentación y que “el TC informará dicha situación al área correspondiente para que proceda a retener las remuneraciones que se le hubieran liquidado”, además de intimar al incumplidor.

La vocal explicó que se está evaluando que tipo de sanción se impondrá al responsable de esa repartición porque “no es la primera vez que el departamento de Personal desconoce una orden del Tribunal” aseguró.

Agencia Bariloche