Evitaron una toma en Las Golondrinas

Eugenia Gartner

EL BOLSÓN (AEB).- Un operativo encabezado ayer por el fiscal Oscar Oro desbarató una toma irregular de tierras organizada en un lote del paraje Las Golondrinas, sobre la Ruta 40, a unos 10 kilómetros al sur del paralelo 42º. El predio de 17 hectáreas, ocupado desde 1992 por la secretaría de Bosques del Chubut, había sido usurpado por un número indeterminado de personas durante el último fin de semana, quienes ya habían armado carpas y subdivido los espacios. Con apoyo de la policía de Lago Puelo, los funcionarios judiciales llegaron ayer por la mañana para notificar a los ocupantes de la infracción y pedir que revean su actitud. No obstante, al inspeccionar el pinar anexo a la Brigada de Incendios Forestales, notaron que aquellos habían abandonado el lugar. En consecuencia, ordenaron levantar los elementos y herramientas encontradas y dejaron una custodia de dos uniformados para evitar nuevos ingresos. Asimismo, los mismos brigadistas del organismo chubutense colocaron dos rollizos de gran porte sobre el único camino de acceso para vehículos. En coincidencia, y ante una denuncia formal de la Secretaría de Bosques, se ordenó una investigación para tratar de identificar a los protagonistas del hecho. Cabe destacar que en el mismo sector del ejido de Lago Puelo, del otro lado de la ruta, hace cinco años se produjo la toma del lote 26, actualmente ocupada por unas 80 familias de artesanos de diferentes ciudades. Desde distintos sectores marcaron su preocupación por “otros lotes forestados en el mismo paraje, que son una tentación para esta gente que no tiene nada que perder y que los pueden tomar en cualquier momento”, aún cuando desde el municipio de Lago Puelo han abortado intentos similares en distintos puntos del ejido local. Una situación distinta se observa en El Bolsón, a pocos kilómetros, donde ya se han registrado más de 50 ocupaciones irregulares en los últimos cinco años. Quizás la más significativa sea la toma de unas 300 hectáreas en la Loma del Medio, por parte de unas 200 familias llegadas recientemente a la Comarca Andina. Allí, no obstante las denuncias del INTA –encargada de su administración y control–, por daños ambientales, la decisión final de los organismos oficiales –incluído el municipio–, fue ordenar su urbanización y la provisión de los servicios esenciales, que los vecinos siguen reclamando.

El fiscal Oscar Oro ordenó despejar el terreno y dejó una guardia para evitar nuevas ocupaciones.